La directora de Amnistía Internacional para Europa, Gauri Van Gulik, considera la decisión del juez de mantener en prisión al expresidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sànchez, es una medida "excesiva y desproporcionada".

En un comunicado, la responsable de Amnistía Internacional ha mostrado su desacuerdo con la decisión del juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, a quien acusa de agravar la "injusticia" cometida sobre Sànchez, uno de los dirigentes del "procés" soberanista que está en prisión preventiva.

"Jordi Sànchez debe ser puesto en libertad de inmediato", ha defendido Amnistía Internacional, que no ve elementos nuevos que justifiquen la prolongación de la prisión provisional del que fuera presidente de ANC y actualmente diputado por JxCat.

A su juicio, los cargos de sedición y rebelión que pesan contra Sànchez y contra Jordi Cuixart, el presidente de Ómnium Cultural, también encarcelado, "son injustificados y, por tanto, deben retirarse".

En su opinión, si se demuestra que convocaron protestas para obstruir operaciones policiales, habrían incurrido en un delito sancionable contra el orden público, pero no en uno de sedición o rebelión, castigados con penas de hasta 10 y 30 años.

Amnistía ha insistido, desde el respeto a la sentencia del TC por las que se anuló el referéndum del 1-O, en que Sànchez y Cuixart "tenían derecho a expresar opiniones contrarias a las decisiones del Tribunal, así como a organizar reuniones pacíficas en apoyo al referéndum y a la independencia de Cataluña".

Y ha reiterado que el derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica garantiza el derecho de las personas y las organizaciones de la sociedad civil a expresar sus opiniones sobre el referéndum y sobre la independencia en general en cualquier momento, individual o colectivamente, incluso en el contexto de reuniones públicas.