A la segunda parece que va la vencida. La proposición de Ley Orgánica de amnistía para la normalización institucional, política y social en Catalunya ya es una realidad factual después de haber sido aprobada por segunda vez en la Comisión de Justicia del Congreso, superando así el sorprendente rechazo que forzó Junts en el primer intento del pleno el día 30 de enero.

Esta vez no se prevé un escenario similar y la ley de amnistía se aprobará el jueves que viene, día 14, en un pleno extraordinario del Congreso. El hecho de salir de la Comisión, esta vez, con un pacto entre el PSOE, Junts y ERC y que se haya descartado mantener vivas las enmiendas de los partidos, da por cerrado este miércoles el texto definitivo de la ley y el compromiso de votar a favor de todas las fuerzas de la mayoría plurinacional del Congreso.

A partir del día 14, para que la ley sea una realidad legislativa habrá que esperar a superar el letargo del paréntesis temporal que supondrá el paso por el Senado de mayoría absoluta del PP durante dos meses. Con el consecuente retorno al Congreso donde se aprobará definitivamente, previsiblemente si no hay sorpresas, a finales de mayo. Su publicación en el Boletín Oficial del Estado culminará el proceso legislativo y hará de la amnistía una ley de obligado cumplimiento.

Pero ello no quiere decir que sobre su aplicación no se ciernan diversas dudas, especialmente sobre si realmente la ley blinda totalmente o no a los imputados por terrorismo en el caso Tsunami que se instruye en la Audiencia Nacional y ahora también en el Tribunal Supremo. Que entre otros afecta, ni más ni menos, que al expresident de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont; y a la secretaria general de ERC, Marta Rovira.

En la parte legislativa de la amnistía, la suerte está echada. El texto será invariable en lo que queda de tramitación parlamentaria. Y cualquier cambio incorporado por la mayoría absoluta del PP en el Senado será neutralizado en el retorno de la ley al Congreso para volver al texto original aprobado este miércoles. Pero el blindaje de los imputados por terrorismo en el caso Tsunami dependerá de las futuras maniobras de los jueces, y alguno como García Castellón ya ha dado muestras de su inventiva para adaptar la imputación a las exclusiones de la amnistía y driblar de esta forma la ley.

Las discrepancias entre Junts y ERC

Desde Junts se defiende que la moratoria era necesaria y ha servido para blindar la ley totalmente frente a los jueces. Alguno de sus dirigentes se atreve a pronosticar que Carles Puigdemont "retornará a Catalunya en julio sin que los jueces puedan aplicarle medidas cautelares de prisión de ningún tipo".

En Esquerra no lo ven igual, consideran que hay que ser prudentes frente a la "persecución judicial contra el independentismo" y aseguran que la moratoria forzada por Junts ha sido "una pérdida de tiempo" para introducir "cambios cosméticos" de una ley que consideran que "ya era suficientemente robusta". En cualquier caso, los retoques en el articulado referente al terrorismo que han comportado la eliminación de la referencia al Código Penal español, y que supedita la interpretación al derecho europeo, parece que complicarán un poco más las cosas a la judicatura.

Así pues, conocemos ya el texto definitivo de la ley de amnistía y conocemos los plazos de su entrada en vigor. Pero otra cosa muy diferente será su aplicación judicial. Un proceso que según la ley debería durar no más de dos meses desde su publicación el BOE, pero que a la práctica puede durar años. Y que a su vez mantiene en vilo a los partidos independentistas por la incertidumbre de cómo se aplicará en el terreno judicial, teniendo en cuenta que cada juez es el responsable de la aplicación de la amnistía a las causas relacionadas con el procés que esté instruyendo o haya sentenciado.

Desde Junts, Míriam Nogueras asegura que "la aplicación será de efectos inmediatos y abarcará a todo el mundo, tal como habíamos puesto como condición". Pero desde ERC, una de las responsables jurídicas del partido y principal negociadora de la ley, Marta Vilaret, insiste que "hay que cerrar ya esta etapa de redacción, tramitación y aprobación, pero debemos ser conscientes que después se abrirá una segunda etapa. Deberemos librar la batalla de la aplicación de la amnistía en los tribunales, juez a juez".

Las opciones de los jueces

No hay un cálculo fidedigno de magistrados que tendrán que aplicar la amnistía, pero algunas fuentes jurídicas apuntan a 80 jueces e incluso algún asesor jurídico de los partidos independentistas sube la cifra a un centenar. Según explican los juristas consultados, una vez publicada la ley de amnistía en el BOE "toda aquella persona que tenga una imputación o sentencia relacionada con los hechos del procés que define la ley, tendrá derecho a que el juzgado instructor o en su caso el sentenciador vea la causa en como máximo dos meses".

Los jueces tendrán tres opciones: aplicar la ley y amnistiar a la persona afectada, presentar preguntas prejudiciales a los tribunales europeos o cuestión de constitucionalidad al Tribunal Constitucional –o sumarse con el mismo efecto paralizador a las iniciativas de este tipo que emprendan tribunales superiores como el Tribunal Supremo-, o denegar la amnistía por exclusión del delito en cuestión.

En la primera opción, aquellos jueces que decidan aplicar la amnistía exonerarán a sus encausados y estos quedarán exentos de responsabilidad jurídica incluso si la amnistía fuera declarada inconstitucional, tal como avanzó Público. Pero serán los menos. Se prevé que la mayoría de casos se sitúen en la franja intermedia de lapsus temporal con las causas congeladas a la espera de las respuestas de los tribunales europeos o del TC. Las medidas cautelares deberían decaer a su vez, pero también hay dudas jurídicas sobre la aplicación de excepciones por algunos jueces en los casos que consideren de especial gravedad.

Y finalmente habrá jueces que pueden dictar que la ley de amnistía no ha lugar porque consideren que el delito en cuestión queda excluido de la misma. Y este es el punto que lleva a algunos jueces a modificar la instrucción de forma poco comprensible para que case con las exclusiones de la ley.

Manuel García Castellón ha llegado a plantear una imputación por delito de terrorismo con vulneración de derechos humanos a dos policías que, supuestamente, sufrieron daños, e incluso una víctima mortal en referencia al ciudadano francés que murió en el aeropuerto por un ataque de corazón. O ahora la incorporación de la llamada "trama rusa del procés". Hasta ahora siempre guiado por el Código Penal. Habrá que ver si, utilizando el mismo sistema, provoca nuevas modificaciones en la instrucción de Tsunami Democràtic que encajen con el nuevo y definitivo redactado de la ley y la interpretación europea de delitos como el terrorismo.

La batalla política

Este escenario de guerra jurídico-parlamentaria entre la mayoría del Congreso y algunos jueces abre una evidente incertidumbre sobre la viabilidad de la amnistía en casos tan significados como el del expresident de la Generalitat Carles Puigdemont y la secretaria general de Esquerra, Marta Rovira.

Y no se puede obviar que ello interfiere también en los planes políticos y electorales de los partidos. Especialmente en Junts, ya que mientras ERC ya ha designado a Pere Aragonès como candidato a las elecciones al Parlament dentro de un año, los postconvergentes todavía no lo tienen decidido. Y no descartan, más bien al contrario, que lo acabe siendo el propio Puigdemont, después de presentarse también a las elecciones europeas en que podría renovar la inmunidad parlamentaria.

Puigdemont ya se presentó desde Bruselas a las elecciones del Parlament de 2017 y de 2021, pero esta vez Junts aspira a que su máximo líder pueda hacer campaña físicamente en Catalunya, gracias a la amnistía, lo que supondría un importante espaldarazo electoral. Así que, lo que pueda pasar con la aplicación de la amnistía a partir de ahora y en un futuro se antoja fundamental para el siempre complejo tablero político catalán que de rebote marca también el de la resta del Estado español.

En paralelo, ERC y Junts ya han empezado su particular batalla por el relato sobre la ley de amnistía, en el enésimo capítulo de su eterna pugna por el espacio independentista, como se ha comprobado en la interpretación de los cambios introducidos en la normativa. Ambos aspiran a capitalizar políticamente la amnistía, con las elecciones europeas del 9 de junio como primer asalto con las urnas para comprobar quién se lleva el gato al agua. Unos comicios, que a la vez, también permitirán ver si la ley comporta algún tipo de desgaste en el PSOE, después de que las encuestas mostraran que una parte de sus votantes no la veían con entusiasmo.

A partir de aquí, el objetivo de ERC será activar una nueva fase en la negociación con el Gobierno, con la voluntad de abordar la resolución del conflicto político, tras cerrar la carpeta de la desjudicialización. El partido de Aragonès y Junqueras pretende que la demanda de un referéndum de autodeterminación acordado se convierta en el eje central de la negociación de la mesa de diálogo entre gobiernos.

Voluntad que puede compartir Junts, aunque a buen seguro las dos fuerzas no diseñaran una estrategia coordinada para presionar para lograrlo. Y, en cualquier caso, ahora mismo parece difícil que se abra algún tipo de vía para convencer al PSOE para aceptar un referéndum, sobre todo si tenemos en cuenta que el propio ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha dado por terminada la etapa del procés tras el primer paso de la aprobación de la amnistía.