Vox trata de reavivar las protestas contra los menores migrantes no acompañados (Mena) desde sus redes sociales. La formación ha respaldado en sus perfiles de Facebook e Instagram que un grupo de ultraderechistas tratasen de asaltar un centro de acogida a menores migrantes en Barcelona después de que una mujer acusara a uno de los jóvenes de agredirla sexualmente. La protesta se saldó con un detenido y cuatro heridos. Dos días después, el partido ha vitoreado a los simpatizantes que participaron en los hechos: "Orgullosos de que nuestros militantes catalanes estén con los vecinos y con el sentido común. Urge que España repatrie a los menas, foco de delincuencia y violaciones, y desmonte las mafias que los traen", han escrito, animando así a que se realicen este tipo de acciones, ¿Son constitutivas de un delito de odio estas palabras?

Aunque los juristas coinciden en que la publicación no podría catalogarse como un hecho que constituya un delito de odio a pesar de su gravedad, según constitucionalista Antonio Torres, esta sí que se presta a que el Ministerio Fiscal abra diligencias, en las que jugaría un papel relevante las consecuencias que pudieran tener estas palabras. Así, la formación adquiriría un papel de agitador, lo que le podría hacerles "responsables de los resultados" de ciertos hechos que se puedan relacionar con estas palabras. Respecto a lo ya acontecido, "como hubo altercados, hay que analizar ese contexto y si se derivó de él un clima de violencia", puntualiza Barrero. Por el momento, los hechos sucedidos el pasado jueves están siendo investigados por la Fiscalía de Delitos de Odio de Mataró.

Para el catedrático en Derecho Juan Antonio García Amado, en el caso de que se iniciara el trámite, en estas primaría el detalle y se daría importancia a las expresiones y al tono del comunicado. "Puede considerarse como un atentado contra el honor del colectivo o como la incitación a la comisión de algún delito", aunque, como recuerda Barrero, "la libertad de expresión ampara ciertas expresiones que pueden ser desafortunadas pero que por el contexto en el que se propician no pueden ser juzgadas como un delito de odio".

Por su parte, el catedrático de Filosofía del Derecho Francisco Javier de Lucas Martín hace hincapié en que lo sucedido pone de manifiesto que la legalidad no es un criterio al que se ciña Vox y que un partido que niega a los menores migrantes, que forman un colectivo vulnerable, no puede ser un partido constucionalista. 

El constitucionalista Abraham Barrero explica que la publicación no constituye un delito de odio diciendo que aunque la publicación pueda parecer una barbaridad, si se abriese una causa por alentar el discurso del odio, se archivaría. "El delito del odio está previsto para cuando se crea un determinado contexto de violencia hacia un colectivo vulnerable, no para cargar contra el discrepante", argumenta. "Creo que se está haciendo una utilización simplista del delito de odio, que tiene una finalidad muy específica y no se está usando bien esta categoría jurídica", añade y recalca la importancia de analizar cada caso en concreto.

En la misma línea se expresa el también Torres, que cree que las palabras de la formación ultraderechista no llegan a constituir un delito de odio a pesar de considerarlas unos supuestos graves y desagradables. "Esta categoría es otra cosa, está pensada para cuando se denigra a un colectivo y se le persigue", señala. Así, aunque como considera de Lucas, es "improbable" que la Fiscalía actúe por esta razón, ya que, en su opinión, no se pueden incoar delitos penales a pesar de que sea un hecho "reprobable".