El diputado del PP Alberto Casero ha admitido "irregularidades administrativas" ante el instructor del Tribunal Supremo pero sostiene que no incurrió en una prevaricación o malversación de caudales públicos en la adjudicación de cinco contratos cuando era alcalde de Trujillo (Cáceres).

Casero, conocido por su voto accidental a la aprobación de la reforma laboral, ha comparecido de forma voluntaria durante la mañana de este lunes ante el instructor del procedimiento Andrés Palomo. Al ser citado para prestar declaración voluntaria, le permite eludir el trámite del suplicatorio al Congreso.

La declaración del diputado del PP ha durado aproximadamente hora y media y según fuentes jurídicas ha reconocido que hubo "irregularidades administrativas" en la tramitación y concesión de cinco contratos públicos. Aunque mantiene que no se puede considerar que sus actos fueran merecedores de un reproche penal. No hubo, según las fuentes, ni prevaricación ni malversación.

Tras su declaración, Casero ha aclarado ante los medios que hasta la fecha "no ha dicho nada" sobre esta causa y va a "seguir sin decir nada". El diputado ha destacado que ha acudido voluntariamente porque "no había nada que ocultar" y porque "podía aportar cuestiones nuevas que aclararan las dudas" al fiscal y al juez.

"Creo que ha ido bien, una declaración con normalidad, en la que he dejado claro cuestiones que tanto la fiscal como el juez entendían que había que aclarar (...) y a partir de ahora a esperar la decisión de la Justicia con toda la confianza del mundo", añadía el diputado.

Sobre las preguntas del juez en la cuestión de los contratos, Casero ha dicho que "todo está explicado" y que así se lo ha trasladado al magistrado instructor con "absoluta normalidad y conforme a lo que evidentemente tenía preparado", pero insistiendo en que públicamente no va a ahondar en el tema.

El Tribunal Supremo dilucidará si Casero, como alcalde trujillano, adjudicó hasta cinco contratos a dedo, sin expedientes y saltándose la ley de contratos públicos tras las diligencias abiertas por el Juzgado de Trujillo. Los contratos terminaron judicializados por los impagos del consistorio, como relata el escrito de la jueza y que respalda la fiscalía del Supremo.