"Es terrible que hayamos tenido que acabar así". Estas palabras de un dirigente socialista resumen brevemente el ambiente que vive el PSOE desde hace tiempo al respecto a la ley trans. Este martes se daba un paso más en una crisis que poco a poco ha ido destapándose a nivel interno y externo. La histórica activista Carla Antonelli anunció su baja del partido al denunciar las "maniobras" de sus compañeros de filas para retrasar aún más los trámites parlamentarios de una ley que fue aprobada en el Consejo de Ministros el pasado mes de junio. 

Este mismo martes se confirmaba, con la voluntad de PP y PSOE, un nuevo retraso sobre el plazo del periodo de enmiendas. Todo pese a que la ley se introdujo en el Congreso por el procedimiento de urgencia. La posición del PSOE ha despertado muchas críticas entre sus socios de Unidas Podemos, que los acusan de querer retrasar sine die la ley y reabrir un debate que ya se tuvo en el seno del Gobierno, el de la autodeterminación de género. La ley fue impulsada por el Ministerio de Igualdad, que lidera Irene Montero. 

Es precisamente esta cuestión uno de las principales motivos de disputa en un debate que tiene especialmente un nombre propio dentro del PSOE. Se trata de Carmen Calvo, exvicepresidenta del Gobierno y actualmente diputada rasa aunque presidenta de la Comisión de Igualdad en el Congreso. Ella es la cara más visible de los socialistas contrarios a la actual ley tal y como está redactada.

La exvicepresidenta enconaba el debate en una entrevista en el periódico conservador El Mundo el pasado 25 de septiembre, en la que aseguraba que "la ley trans puede destrozar toda la legislación de igualdad". Tras estas palabras, los sectores más reaccionarios a esta ley dentro del PSOE volvían a la carga sin que, en estos momentos, esté en el partido y en el grupo parlamentario otra figura clave: Adriana Lastra.

La exvicesecretaria general fue una de las principales artífices en templar los ánimos entre dos posturas dentro del partido que en el primer semestre del año 2021 parecían irreconciliables: por un lado, el sector LGTBI, por otro, el de las conocidas como feministas radicales. Las disputas en el seno del Gobierno de coalición entre la parte socialista y la de Unidas Podemos se prolongaban en el tiempo. Calvo retrasaba en el Consejo de Ministros el darle luz verde a la norma para que iniciara su trámite parlamentario. Desde el Ministerio de Igualdad, Montero presionaba para avanzar con la ley.

El verano llegaba y, con él, el Orgullo LGTBI. El cortejo del PSOE en la manifestación estatal celebrada en Madrid en 2021 recibiría una sonora pitada y no podría avanzar por el Paseo del Prado. Pocos días antes, Calvo negociaría con la presidenta de la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales e Intersexuales (FELGTBI+), Uge Sangil, un borrador de anteproyecto de ley trans que sería presentada, tras acuerdo con Igualdad, en el Consejo de Ministros.

Unas semanas después de aquel fatídico Orgullo LGTBI 2021 para la militancia socialista, Calvo sería cesada como vicepresidenta en una gran crisis de Gobierno en la que Sánchez renovaba la parte socialista del Ejecutivo profundamente. También salieron del Ejecutivo otros pesos pesados del PSOE como José Luis Ábalos o Isabel Celáa, aparte de algunos ministros más como Juan Carlos Campo, Arancha González Laya, Pedro Duque y José Manuel Rodríguez Uribes. 

Casualidades de la política, pocos días después de la reaparición de Calvo hace unas semanas cargando contra la ley trans en El Mundo, se conocía, a través de la propia exvicepresidenta, que Sánchez le ha propuesto como presidenta del Consejo de Estado, a lo que la actual presidenta de la Comisión de Igualdad del Congreso se ha negado. Y es que entrar a formar parte de esta institución puede ser un regalo político, pero también es considerado como un perfecto punto y final para las carreras de alto nivel.

Lastra, que ejercía un férreo control en el grupo parlamentario como portavoz del mismo, dejaba este cargo en septiembre del 2021 para centrarse, como vicesecretaria general, en la organización del 40 Congreso Federal del PSOE que se celebraría en octubre del pasado año en València. Conforme se acercaba el cónclave, el debate en el seno del partido sobre el reconocimiento del derecho a la autodeterminación de género de las personas trans subía de tono. Lastra fue la artífice de reunir a diferentes sensibilidades.  

Cuentan fuentes cercanas a aquellas negociaciones internas que la asturiana consiguió el consenso entre las diferentes sensibilidades, con personas como Santi Rivero, secretario LGTBI, Diversidad y Movimientos Sociales del PSOE de Madrid y diputado en la Asamblea madrileña, por un lado, y la diputada y portavoz de Igualdad en el Congreso, Laura Berja, por otro.

En la ponencia del 40 Congreso se recogen, finalmente, los derechos de las personas trans y se refería así a la nueva ley: "Su aprobación supondrá el final de un largo camino que hemos recorrido junto con el colectivo LGTBI+ y muy en particular al lado de las personas trans para quienes hemos elaborado una ley que removerá los obstáculos que les impiden ejercer plenamente sus derechos de ciudadanía; dotando de garantías jurídicas sus aspiraciones y demandas y asegurando que nunca más tendrán que recorrer un camino espinoso para ver reconocida, sin tutelas, su identidad".

"La nueva legislación aborda la libre manifestación de la propia identidad conforme al principio constitucional de libre desarrollo de la personalidad y con plenas garantías jurídicas, para acabar con la exclusión y con las dificultades administrativas actuales, incorporando a menores, y despatologizando el proceso tal y como desde el PSOE siempre hemos defendido", señala también el texto. 

Otro de los nombres propios en la situación del PSOE sobre la ley trans es el de Víctor Gutiérrez. El exjugador de waterpolo se incorporó a la ejecutiva del PSOE tras la celebración del 40 Congreso como primer secretario LGTBI del partido. Su papel, en todo momento, ha sido de defensor de la ley. Algo que le ha granjeado polémicas con Calvo y otras dirigentes del PSOE a raíz de unos comentarios sobre el papel de la exvicepresidenta. "Será ley", tuiteó este martes Gutiérrez, mostrando una bandera trans. 

El enquistamiento del debate se ha extendido hasta el Comité de Ética y Garantías, donde han llegado sendos escritos cruzados, sin firmar, pidiendo la reprobación tanto de Gutiérrez como de dirigentes feministas contrarias a la ley trans. Calvo está alineada con organizaciones como la Alianza Contra el Borrado de las Mujeres, donde participan históricas feministas del PSOE, como Amelia Valcárcel o Ángeles Álvarez, entre otras. 

La segunda, además, fue una de las ponentes de la ley trans que el PSOE presentó en 2019 y en la que se defendía, paradojas de la vida, la autodeterminación de género. Un hecho que es interpretado en algunos sectores feministas como un cambio únicamente basado en la pérdida de hegemonía de este sector en favor de otros. Otro hecho que irrita a determinados sectores de las feministas del PSOE es que es Unidas Podemos quien ostenta el Ministerio de Igualdad, una de las principales banderas socialistas desde su creación con Bibiana Aído al frente, durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. El expresidente, por cierto, ha apoyado fervientemente la ley trans durante los últimos meses. 

Debate generacional

El debate en las filas socialistas también tiene un componente generacional, aunque haya excepciones, obviamente, en ambas posiciones. Un feminismo "más clásico" frente a otro "más joven". Las Juventudes Socialistas se han mostrado claramente partidarias de la ley trans tal y como está redactada. En una entrevista publicada en el mes de agosto en este medio, su secretario general, Víctor Camino, lo dejaba claro.

"Debíamos estar en el lado correcto de la historia y debíamos presionar para conseguir que personas pudieran tener ese derecho a ser y a existir. Y que no se vieran minusvaloradas o infravaloradas en el mercado de trabajo en su día a día por el hecho de ser personas trans. Yo estoy muy orgulloso de mi organización, del papel que tuvo y sobre todo de lo que vamos a tener", dijo. 

Desde Moncloa, según las fuentes consultadas, más allá de lamentar la baja de Antonelli, reiteran que el "compromiso" del presidente Pedro Sánchez con esta ley ha sido claro. El Gobierno, por tanto, ya habría cumplido y el debate ahora se enmarca dentro de los grupos parlamentarios, consideran en el Ejecutivo. "Saldrá seguro", destacan fuentes gubernamentales. Lo que no está claro todavía es el cuándo y el cómo.