Los gobiernos de Alberto Núñez Feijóo han dejado en Galicia un elevado nivel de endeudamiento y diversos agujeros financieros. Uno de ellos es la deuda de 558 millones que, según el Consello de Contas de Galicia, se ha creado en torno a la administración paralela de las 87 entidades instrumentales de la Xunta, que incluye fundaciones, empresas públicas, agencias, organismos, consorcios y chiringuitos varios. Pero no es el único, ni el más grande.

El triple de deuda pública

El expresidente de la Xunta y líder del PP calificó el pasado fin de semana de "pufo" la deuda pública con la que, al igual que sucede en todos los países del mundo, se financia el Estado. Responsabilizó de ello al presidente del Gobierno e incluso la individualizó para dar contundencia a su argumento: 6.000 euros por cada ciudadano.

Si se sigue ese razonamiento, cabría pensar que Feijóo asume que él mismo ha empufado a los gallegos, ya que la deuda pública de Galicia se multiplicó por tres durante sus trece años de mandato. Eran 3.923 millones de euros al final del primer trimestre de 2009 -Feijóo ganó las elecciones el 1 de marzo y tomó posesión el 18 de abril-, que a finales de marzo de 2022 -Feijóo dejó la Xunta para liderar el PP el 30 de abril de este año- se habían convertido en 11.314 millones.

Se trata de un incremento del 188,4%, que ha provocado que la deuda pública de la comunidad represente ya el 90% del techo de gasto no financiero de la Xunta. Representa más de 4.200 euros por cada habitante de Galicia.

El agujero de las cajas

Feijóo llegó al poder en plena crisis financiera y con las grandes cajas públicas gallegas, Caixa Galicia y Caixanova, en serios problemas por su exposición al a la burbuja inmobiliaria, una política expansiva de inversiones que resultaron catastróficas y un enorme descrédito comercial por la estafa de las preferentes. Pese a todo, Feijóo se negó a que el Estado las interviniera e impulsó su fusión, encargando un supuesto informe secreto de auditoría que acabó demostrándose falso.

Caixanova y Caixa Galicia, fusionadas como NovaGaliciaBanco tras despedir a cerca de 2.000 trabajadores, quebraron muy poco después y tuvieron que ser rescatadas por el Estado, que se gastó en la operación 9.404 millones de euros, de los que, según el Banco de España, sólo se recuperaron 783 millones. Es decir, un agujero de 8.621 millones de euros, el tercero más oneroso para el Tesoro Público después de los de Caixabank y CatalunyaCaixa.

Las cajas gallegas acabaron en manos de Banesco, propiedad del banquero venezolano Juan Carlos Escotet, quien las adquirió en 2014 en teoría por 1.003 millones de euros, pero gratis en la práctica dado que no tuvo que desembolsar ni un solo euro. Los pagos por la adquisición estaban sujetos a la obtención de beneficios, que obtuvo desde el primer ejercicio una vez que la entidad ya había sido saneada con dinero público. Abanca y Escotet se convirtieron desde entonces en el principal soporte financiero privado de los Gobiernos de Feijóo.

Éste ha respondido concediéndoles ayudas millonarias para sufragar incluso para la instalación de cajeros automáticos, pese a que entre el 2015 y julio del 2022 la entidad acumuló beneficios netos continuados de más de 2.454 millones de euros, y de que siguió despidiendo empleados y cerrando sucursales. También ha dado el visto bueno a la Universidad Abanca, cuyo rector es el primo de Escotet, y pese a la posición en contra de las tres universidades públicas gallegas.

14,72 millones de déficit diario de la Seguridad Social

Si Galicia gestionara su propia caja de la Seguridad Social, hace años que el sistema habría quebrado. El déficit entre los ingresos y gastos del organismo ascendió en la comunidad a 5.375 millones de euros en 2021. Es decir, 446,92 millones al mes, más de 14,7 millones de pérdidas cada día. A finales de mayo pasado, el déficit acumulado de 2022 ya era de 2.351 millones, lo que hace prever que el actual ejercicio se cerrará con un saldo negativo de más de 5.600 millones de euros.

Las gallegas y gallegos son los terceros habitantes del Estado con las pensiones más bajas -931 euros de media, 160 euros menos que la estatal-. Pero la enorme diferencia entre lo que la Seguridad Social ingresa, principalmente por cotizaciones sociales, y lo que gasta en pensiones, gastos corrientes y de personal, es enorme y ha crecido un 73% en los últimos diez años.

Es cierto que la Xunta no tiene competencias en Seguridad Social y pensiones. Pero sí las tiene plenas sobre las políticas que podrían elevar tanto el número de afiliados como sus bases de cotización: la planificación económica e industrial, la promoción del empleo, las medidas destinadas a combatir el envejecimiento demográfico y la despoblación... Durante los trece años de mandatos de Feijóo, la población ocupada en Galicia cayó en 64.800 personas, mientras el número de pensionistas crecía en casi 55.000.