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La agenda social del Gobierno arrastra a Feijóo a dar un giro renqueante en el PP

Registrarán este martes una proposición de ley de Conciliación y Corresponsabilidad familiar. Las medidas adelantadas por el líder del PP han descolocado a la patronal y a su partido. 

Alberto Núñez Feijóo
Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular, durante una rueda de prensa. Fabio Frustaci / EFE

Hace 41 años, en 1983, la jornada laboral en España se redujo a 40 horas semanales. Fue una de las promesas electorales de Felipe González y contó con una férrea resistencia de los empresarios. Cuatro décadas después, la izquierda y los sindicatos han puesto sobre la mesa la necesidad de volver a recortar el tiempo de trabajo con el fin de "trabajar menos para vivir mejor". El horizonte es claro y decidido
—sobre todo para Sumar, cuyos principales líderes políticos llevan años en esta causa— y el Gobierno de coalición se ha comprometido a dejar la jornada laboral en 37 horas y media al término de la legislatura, lo que significaría trabajar dos horas y media menos a la semana.

El debate está abierto en la mesa de diálogo social desde hace meses, pero, lo más importante para la oposición, es que lo está también "en la calle". Así lo explicaba este lunes la vicesecretaria de Asuntos Sociales del Partido Popular, Ana Alós: "Los que venimos de generaciones anteriores tenemos muy interiorizado el 'vivir para trabajar', haciendo del trabajo el centro de nuestra vida. Sin embargo, las nuevas generaciones valoran cada vez más el tiempo y han cambiado la filosofía planteando el 'trabajar para vivir' ".

En el PP han identificado una preocupación creciente por las dificultades para la conciliación, así como una aprobación mayoritaria y transversal de la idea de reducir la jornada laboral, y no quieren quedarse fuera del este debate. Pero tampoco dentro.

La semana pasada Alberto Núñez Feijóo sorprendió con una propuesta inesperada para "flexibilizar" el trabajo y concentrar —siempre y cuando el sector y la empresa lo permita— las jornadas en cuatro días a la semana. Es decir, trabajar las mismas horas pero en menos días. Este movimiento del líder del PP descolocó a la CEOE (Confederación Española de Organizaciones Empresariales) y también al ala dura de su partido, contraria a entrar en los marcos políticos de la izquierda.

Pero, lo cierto es que en ningún caso los populares están a favor de reducir las jornadas. "Esto no quiere decir trabajar menos", aclaró Alós durante una rueda de prensa en la sede nacional del PP. La apuesta del PP, explicó, es "trabajar de otra forma", siempre y cuando se haga con la bendición de la empresa.

"La conciliación es clave para mejorar la vida, pero también puede ser un factor de aumento de productividad si se hace de acuerdo entre empresarios y trabajadores", sostiene la vicesecretaria del PP, responsable de la proposición de ley de Conciliación y Corresponsabilidad familiar que registrarán este martes en el Congreso de los Diputados.

El texto, que los populares definen como la propuesta "más ambiciosa de la democracia" en este ámbito, contiene medidas como la gratuidad universal de las escuelas de 0 a 3 años —algo que Feijóo ya implantó en Galicia y que llevó en su programa para las generales– y otras relacionadas con los permisos de maternidad y paternidad. El mismo partido que recurrió en 2019 ante el Tribunal Constitucional la ampliación del permiso de paternidad para equipararlo al de maternidad, quiere ahora aumentarlo de 16 semanas a 20 —algo que Sumar también pretende impulsar en el seno del Gobierno—y eliminar la obligatoriedad de las primeras seis semanas simultáneas para madres y padres.

Según Alós, esto provoca que muchos hombres acaben renunciando a volver a coger la baja por paternidad una vez se han incorporado al trabajo y, además, ayudaría a que las familias que lo necesitasen pudieran alargar el tiempo en el que al menos uno de los progenitores está con los hijos.

Esta propuesta cuenta ya con el rechazo del Ministerio de Derechos Sociales, cuyo titular, Pablo Bustinduy, la califica de regresiva: "Que las mujeres se queden en casa a cuidar de los hijos. Ese es su modelo de familia. Por suerte, España ya ha cambiado", dijo.

Fricciones con la patronal

Con esta batería de medidas, en las que la dirección del PP asegura llevar meses trabajando, Feijóo intenta dar un giro social a su estrategia de oposición, hasta ahora centrada en el ataque a Pedro Sánchez por sus acuerdos con el independentismo, su debilidad parlamentaria y la investigación judicial a su esposa. Según el portavoz nacional del partido, Borja Sémper, el líder de la oposición quiere ahora "poner énfasis en hablar de aquellas cosas que verdaderamente preocupan a los ciudadanos".

Es evidente que Génova quiere escenificar un cambio en el discurso del partido sobre las políticas sociales y laborales y, de paso, enmendar su propia estrategia de derribo contra Sánchez de la que un sector del PP empezaba ya a recelar, pidiéndole a Feijóo centrarse "en lo material". "Hablar de los problemas de la gente, que este Gobierno lleva ya muchos años", trasladaban hace semanas fuentes de la dirección del partido.

Pero este movimiento no está siendo gratis para Feijóo. Por un lado, la contestación inmediata del equipo de Isabel Díaz Ayuso, que rechaza la propuesta sobre los cuatro días de jornada laboral a la semana; por otro, la incomodidad manifiesta de la CEOE, con cuyos intereses siempre se ha alineado la derecha. Antonio Garamendi, presidente de la patronal, fue tajante a la hora de desmentir que el líder del PP le trasladara esta idea antes de hacerla pública y marcó distancias.

Como contó este diario, la CEOE ha mantenido hasta el momento un calculado perfil bajo en la negociación sobre la reducción de la jornada laboral, que rechaza, pero la propuesta del PP hizo que todos los focos estén ahora apuntando hacia ahí. "Todos tenemos que poner de nuestra parte", remató este lunes la vicesecretaria de Asuntos Sociales del PP, mandando un recado a Garamendi.

Feijóo pretende trabajar "con el resto de grupos parlamentarios" para sacar adelante su ley. Vox, Junts y el PNV, en el objetivo.

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