"Es un buen acuerdo que cumple los objetivos [de España] y está alineado con sus intereses. Es la mayor reforma de los últimos 30 años", ha defendido Luis Planas, ministro de Agricultura, tras una reunión con sus 26 homólogos comunitarios en la que se ha ratificado el acuerdo para la Política Agraria Común (PAC) del futuro, que contará con 378.500 millones de euros.

Las tres instituciones dieron la fumata blanca el viernes, pero ha sido este lunes cuando los 27 ministros europeos le han dado su visto bueno. Las negociaciones han sido arduas, largas y complejas. Durante estos tres años, no solo estaba en juego la financiación –especialmente tras la salida del Reino Unido que recortaba un 15% las contribuciones al presupuesto-, sino también qué tipo de sistema agrícola quiere la Unión Europea para su futuro. El choque sobre la defensa de la agricultura tradicional, con simpatizantes por España, confrontaba con otros como Países Bajos y los frugales que abogaban por impulsar un sistema centrado en la innovación. España, tercer país receptor de estas ayudas, ha celebrado que, finalmente, el objetivo de conseguir un equilibrio entre la rentabilidad de las explotaciones agrícolas y ganaderos y la ambición climática se ha logrado.

El punto medio, en el que todas las partes han cedido, ha permitido cerrar esta nueva PAC, que entrará en vigor el próximo 1 de enero y estará en marcha hasta 2027. Para España supone la recepción de 47.724 millones de euros, 5.000 millones anuales en forma de pagos directos, que están llamados a beneficiar a cerca de 700.000 agricultores y ganaderos.

"El acuerdo es positivo para España porque impulsará la competitividad del sector sin dejar atrás su compromiso con el clima. La PAC será más justa, más social y más medioambiental", ha celebrado la eurodiputada socialista Clara Aguilera, una de las voces que más sabe de la materia en Bruselas.

Ecoesquemas y factor social

Una de las grandes novedades del primer pilar de este acuerdo es la introducción de los ecoesquemas, es decir, los pagos verdes destinados a desarrollar una producción más sostenible y respetuosa con el cambio climático. El Gobierno tiene que llegar a un acuerdo con las comunidades autónomas para determinar cuáles deben ser las condiciones medioambientales sujetas a estos pagos.

Por lo pronto, los ecoesquemas supondrán el 25%, -España defendía inicialmente que fuese de un 14%- de las ayudas directas que reciban los agricultores y ganaderos españoles a partir de 2023. No obstante, existe un periodo de gracia de dos primeros años en los que el umbral podrá estar entre el 20% y el 25%. En paralelo, en 2023 y 2024 se reforzarán las tareas formativas en materia climática para los profesionales del sector. Entre las prácticas que podrán contar con este incentivo se encuentran las cubiertas vegetales, un sistema de riego modernizado, el pastoreo extensivo o el mantenimiento de pastos.

"La pretensión del Gobierno de España es que todos los agricultores y ganaderos puedan recibir este suplemento, que será muy importante para sus ingresos", ha explicado Planas. Organizaciones ecologistas denuncian, sin embargo, que el acuerdo se queda muy corto en ambición climática. Hace un mes, activistas de Greenpeace pintaron de verde los alrededores del Parlamento Europeo criticando afeando que esta PAC no es más que "greenwashing" (blanqueo verde). En el otro lado, el sector teme que este impulso a la transición ecológica provoque su sentencia definitiva aumentando gastos y disminuyendo ingresos poniendo en riesgo su supervivencia.

Otra novedad de la principal partida del presupuesto europeo es que, por primera vez, añade la dimensión social, algo que para Madrid "es razonable". A partir de 2025, la llegada de los pagos a los agricultores estará condicionada al cumplimiento de sus obligaciones legales y fiscales en términos de regularización de los contratos a los temporeros o de estar al corriente con la seguridad social. Los agricultores recibirán ayudas adicionales por el respeto a los derechos laborales hasta 2025, cuando la práctica dejará de ser voluntaria para pasar a ser obligatoria. El responsable de Agricultura ha asegurado que no supondrá una carga burocrática adicional para los trabajadores del sector.

España pondrá también mucha atención a la modernización de sus sistemas de regadío y a la implementación de la banda ancha en todas las zonas rurales para 2025. El país es también uno de los que ha mostrado más preocupación por la competencia desleal de países terceros, que podrían dejar a los agricultores y ganadores españoles en situación de desventaja en los mercados. Por ello, ha pedido a la Comisión Europea que elabore un informe sobre condiciones de producción agroalimentarias y limitaciones de residuos fitosanitarios por parte de países ajenos al club europeo.

La nueva PAC contempla, además, un límite de subvenciones establecido en 100.000 euros para hacerlo más equitativo de cara a las explotaciones menores y estipula que, al menos, el 3% de las ayudas deben ir destinadas a jóvenes agricultores. Además, por primera vez, introduce a la mujer y los planes nacionales deberán contar con una estrategia de género.

Acuerdo europeo, pero falta el nacional

La negociación europea ha concluido con éxito. Pero se inicia otra fase no menos compleja. El Parlamento Europeo debe darle su visto bueno, aunque no se esperan sorpresas. Sin embargo, el Ejecutivo que lidera Pedro Sánchez debe acordar ahora con las 17 comunidades autónomas la hoja de ruta para la implementación de las ayudas. Es decir, determinar quién, cuánto y cómo se repartirán los fondos.

"Hay un gran pacto europeo. 27 países con realidades agroalimentarias muy distintas se han puesto de acuerdo. Si hemos sido capaces de hacerlo en Europa, espero y deseo hacerlo en España", ha afirmado Planas en rueda de prensa. El ministro arrancará el miércoles el primer contacto con las comunidades autónomas para poner fecha a la comisión sectorial en la que deben determinar los detalles de la puesta en marcha. No obstante, espera que se produzca a lo largo del mes de julio. El plan estratégico nacional que salga de ella debe ser remitido a Bruselas para su evaluación antes de que concluya este año.