La activista saharaui Aminetu Haidar se convirtió en una figura especialmente reconocida en España, también a nivel internacional, en el año 2009. Marruecos le denegó la entrada al territorio del Sáhara Occidental y fue devuelta, sin pasaporte, en avión al aeropuerto de Lanzarote. Su lucha visibilizó durante semanas la situación de su pueblo. Desde entonces ha recibido varios premios y ha participado en conferencias alrededor del mundo. 

Un poco antes de la huelga de hambre, en 2007, Haidar solicitó por primera vez la residencia temporal en España por motivos humanitarios y de salud. La saharaui ya había sufrido detenciones arbitrarias, torturas y una desaparición forzada cuando tan solo tenía 20 años. Las dificultades también han llegado en forma de trabas administrativas en España. 

La propia Haidar ha denunciado de forma pública este fin de semana su situación en el marco del aniversario del Festival Internacional de Cine del Sáhara (FiSahara) celebrado en Madrid. "Tenía una residencia por asuntos humanitarios para tratamiento y después de 18 meses esperando la respuesta del Gobierno de España me ha sorprendido la denegación, como ha sorprendido a mi abogada", destacó. Haidar tuvo duras críticas contra el presidente, Pedro Sánchez, por su postura respecto a la autonomía que propone Marruecos para solucionar el conflicto. 

Fátima Mohamed Salem, abogada de Haidar e integrante de la Asociación Profesional de Abogacía Saharauis en España (APRASE), relata el caso de la activista a Público. Anuncia que recurrirán la decisión por vía judicial. "Lo hacen de manera intencionada, nos ha quedado muy claro que es una decisión política y tendrá que ser un juez quien interprete qué es lo que ha sucedido aquí. Ahora le ha tocado a ella pero es una práctica habitual que llevan sufriendo todos los ciudadanos saharauis desde que llegó este Gobierno", explica. 

Desde 2007, Haidar había podido renovar anualmente el permiso temporal. Tanto la primera autorización como las primeras prórrogas las solicita en Jaén, donde estaba empadronada. No tuvo problemas hasta el año 2020. Ese año se dictó una resolución denegando la renovación al señalar la Oficina de Extranjería que la activista había estado más tiempo del permitido fuera del territorio español.

"Nos sorprendió porque nunca lo habían tenido en cuenta, por su condición de defensora de Derechos Humanos viajaba mucho y exigirle que estuviese de forma permanente en España era imposible", señala la abogada saharaui. Mohamed Salem recuerda también que la administración no tuvo en cuenta entonces la limitación de movimientos por la pandemia. Finalmente esa decisión se recurrió y se concedió la prórroga.

La siguiente fecha clave es febrero de 2022. Se volvió, como cada año, a solicitar la prórroga al permiso que le caducaba el 25 de enero. "Lo presentamos en febrero, la normativa indica que el plazo son dos meses antes y tres después. Se hizo todo de forma correcta", señala la abogada- Pasó más de un año, hasta mayo de 2023 y la administración no contestó. Haidar, entonces, solicitó el traslado del expediente a Madrid ya que por cuestiones médicas estaba más tiempo allí, trasladó su domicilio y cambió de empadronamiento. "El mismo día se aprobó el traslado, no hubo problemas", destaca Mohamed Salem.

No hubo más noticias hasta el pasado 6 de noviembre. La respuesta gubernamental fue denegar la renovación por haberse presentado fuera de plazo. "El asunto está hecho a conciencia, no se inadmitió a trámite, lo dejaron mucho tiempo abierto y la contestación luego fue que deniega la prórroga porque se solicitó fuera de plazo. Lo que cabría es inadmisión a trámite si se hubiera hecho de manera incorrecta. Lo que hacen es denegar diciendo que se presentó fuera de plazo", señala la abogada. 

Mohamed Salem denuncia que la situación no es nueva. "Lleva sufriendo discriminación administrativa desde hace años. El tema de la renovación anual es injusta, solo se ha hecho con Aminetu. Le corresponde larga duración. Se solicitó en 2018 y se la denegaron", señala. Para la abogada, el resto de saharauis también sufren este tipo de discriminaciones, como las dificultades para conseguir la nacionalidad española. 

Justo este fin de semana también se conoció que a otras tres activistas saharauis que iban a participar en FiSahara, el Gobierno no les concedió el visado para viajar, como publicó este medio. Otro ejemplo, del que también informó Público, fue las dificultades del Ejecutivo para una defensora de DDHH, familiar de Sultana Jaya, que iba a participar en un programa organizado por Programa Valenciano de Protección Integral y Acogida a Defensores y Defensoras de Derechos humanos. 

Este medio ha tratado de obtener respuesta del Gobierno sobre este asunto concreto, consultando con varios ministerios implicados y administraciones. Al cierre de este artículo no ha podido obtenerla.