Desde las elecciones gallegas celebradas en febrero hasta la actualidad han transcurrido cuatro meses y se han convocado cuatro procesos electorales. Este ciclo ha condicionado la política institucional en prácticamente todos los ámbitos, desde el parlamentario hasta el gubernamental, pasando por los partidos políticos.

El diálogo social no ha sido una excepción y, aunque se han seguido celebrando reuniones e, incluso, se han cerrado acuerdos (como el de los planes de igualdad LGTBI en las empresas o la reforma del subsidio por desempleo), el ciclo electoral también ha eclipsado los trabajos de las distintas mesas abiertas.

Tras las europeas del pasado 9 de junio, el Ministerio de Trabajo ha establecido una hoja de ruta para lo que queda de año con una prioridad clara: la reducción de la jornada laboral. La titular de este departamento, Yolanda Díaz, avanzó la pasada semana que, una vez cerrado el acuerdo sobre los planes de Igualdad LGTBI en las empresas, esta mesa centrará todos los esfuerzos del diálogo social.

En el plan normativo para 2024 presentado por el Gobierno en abril (que recoge las medidas que el Ejecutivo quiere aprobar este año) Trabajo incluyó la reducción de la jornada junto a otras iniciativas como la ley de democracia en la empresa (para que los trabajadores puedan formar parte de los órganos de decisión de las entidades) o una nueva subida del salario mínimo (prevista para final de año con el objetivo de que entre en vigor en 2025).

La reducción de la jornada es uno de los compromisos firmados entre el PSOE y Sumar en el acuerdo de coalición de Gobierno. "Reduciremos la jornada laboral máxima legal sin reducción salarial para establecerla en 37 horas y media semanales", recoge el documento, que establece que su aplicación se producirá de forma progresiva, reduciéndose hasta las 38,5 horas en 2024 y culminándose en 2025.

Menos jornada, registro horario y sanciones

La mesa de diálogo que aborda esta cuestión inició sus trabajos el 25 de enero, aunque en los primeros dos meses (hasta marzo) sólo se celebraron dos reuniones, y después ha continuado avanzando eclipsada por los continuos procesos electorales. Este lunes se ha celebrado la cuarta reunión de este foro y se han sacado algunas conclusiones claras.

La primera es que la mesa de diálogo social bipartita que sindicatos y patronales mantenían abierta para abordar esta cuestión ha llegado a su fin sin ningún consenso claro. Hace meses, los agentes sociales informaron a Trabajo de que abrirían este espacio de diálogo y los de Díaz optaron por dejar que siguiera su curso para ver si los representantes de trabajadores y empresas podían establecer unos mínimos comunes (de ahí que Trabajo no haya presentado ningún documento a día de hoy pese a que la mesa arrancó en enero).

Tras constatar la ausencia de consensos en el diálogo bipartito, la cuestión vuelve a la mesa tripartita (con el Gobierno); en este sentido, para acelerar la reforma se ha acordado celebrar reuniones todas las semanas hasta poder cerrar un acuerdo. Los de Díaz, además, remitirán un documento a los agentes sociales para empezar a trabajar. La siguiente reunión se celebrará el lunes de la próxima semana.

Los ejes de esta negociación son, principalmente, tres. El primero se basa en la reducción como tal, con la propuesta de rebajar a 38,5 horas este año y a 37,5 horas el próximo, a través de la modificación del Estatuto de los Trabajadores. En el departamento de Díaz son conscientes de que lo más probable es que haya que introducir en la norma dos cómputos, uno semanal y otro anual, ya que muchos convenios fijan su jornada en ciclos anuales.

En este punto en concreto hay bastante consenso, entre otras cuestiones porque muchos convenios de varios sectores ya se firman con jornadas inferiores a las 40 horas semanales, y se trataría en muchas ocasiones de blindar en la ley una realidad preexistente. 

Las patronales plantean más horas extraordinarias

El segundo eje tiene que ver con la garantía de reducción de la jornada y con la vigilancia de su cumplimiento por parte de las empresas. Trabajo ha propuesto en la mesa que la Inspección de Trabajo tenga acceso remoto al registro horario de los trabajadores, de manera que la transparencia sea total y no se produzca ningún fraude.

El tercer eje de negociación tiene que ver con el despliegue de medidas disuasorias para garantizar el cumplimiento de la jornada legalmente establecida, como aplicar las sanciones por cada trabajador y no por cada empresa (lo que encarecería sobremanera el coste para aquellas corporaciones que no cumplieran con la ley de forma reiterada).

Pero los escollos para el acuerdo no sólo tienen que ver con el contenido de la reforma, sino también con sus tiempos. Las patronales plantean que comenzar a reducir la jornada en 2025 (en apenas medio año) puede provocar un impacto importante en el mercado de trabajo, y por eso estarían pidiendo un "periodo de transición" para que la medida entrase en vigor más tarde (a partir de 2026), con el objetivo de que las empresas tuvieran tiempo suficiente para adaptarse a la nueva jornada, algo que no comparten ni Trabajo ni los sindicatos.

Además, desde las organizaciones empresariales se estaría planteando la posibilidad de compensar esa reducción de la jornada con la ampliación del límite legal de horas extraordinarias (en España es de 80 horas al año por trabajador). Los de Díaz y los sindicatos rechazan esta fórmula, entre otras cosas porque muchas veces las horas extraordinarias no se pagan: "El Gobierno descarta intercambiar jornada ordinaria por jornada extraordinaria", advirtió este lunes el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey.

El objetivo, ha avanzado Pérez Rey, es el de cerrar un acuerdo antes del parón estival. "No voy a poner un plazo pero el Gobierno y el Ministerio de Trabajo tiene un interés superlativo en cerrar esto cuanto antes", aseguró. Aunque la prioridad de Comisiones Obreras y de UGT, y también del Ministerio de Trabajo, es un acuerdo tripartito, no se descarta que se priorice una reforma acelerada en los términos planteados en el acuerdo de coalición de Gobierno sin la patronal, si el empresariado opta por tratar de dilatar más los tiempos.

La mesa de diálogo social para abordar la reducción de la jornada coge velocidad crucero para tratar de aprobar cuanto antes una de las medidas estrella de la que en Trabajo denominan como "la legislatura del tiempo".