Abanca, la entidad propiedad del banquero venezolano Juan Carlos Escotet surgida de la privatización de las cajas de ahorro gallegas y principal accionista del Real Club Deportivo de A Coruña, ha deslucido el ascenso a la Segunda División de fútbol profesional que el domingo logró el equipo masculino del club, enfrentándose al Ayuntamiento que preside la socialista Inés Rey.

El conflicto se centra en las negociaciones para la renovación del convenio para el uso del estadio municipal de Riazor, que expira el año que viene y que ha permitido al Deportivo utilizar gratuitamente el emblemático campo desde hace un cuarto de siglo. El Ayuntamiento asegura que seguirá sin cobrar al club por cedérselo, pero denuncia que Abanca pretende que se "lo regalen" para explotarlo comercialmente con actividades no deportivas.

El pasado lunes, la dirección del club envió un comunicado anunciando que rechazaba la invitación del Concello para celebrar con la afición el ascenso en la sede municipal de la plaza de María Pita, alegando que la relación con el Gobierno local "no es la idónea para celebrar una visita de estas características". Además, añadía que el Ejecutivo de Rey estaba poniendo en peligro que el Dépor pudiera jugar en la nueva categoría.

El Ayuntamiento respondió calificando la decisión de "intolerable". Este martes, la alcaldesa aseguró que los propietarios del club han incurrido "en una falta grave de respeto a la historia de la ciudad". “Es de extrema gravedad utilizar al Dépor y a la afición en un momento tan deseado para chantajear y sacar rédito particular", dijo.

El 77% del club

Abanca se hizo en 2020 con cerca del 77% del accionariado del club tras capitalizar 35 millones de euros de la deuda que arrastraba el Deportivo, buena parte de ella con la propia entidad y acumulada bajo los mandatos de Augusto César Lendoiro, quien a su vez había ocupado cargos de representación con el PP como la portavocía municipal y la presidencia de la Deputación de A Coruña.

Con el apoyo de Alberto Núñez Feijóo, Escotet adquirió en 2014 las cajas gallegas, que habían sido rescatadas por el Estado con una inversión de alrededor de 9.000 millones de euros entre avales e inyecciones de capital, tras una desastrosa gestión de las inversiones y los créditos de riesgo que llevó a la cárcel a varios de sus antiguos gestores.

Escotet ofreció 1.003 millones en subasta pública por las cajas gallegas ya fusionadas y saneadas. Pero no tuvo que poner ni un euro porque el acuerdo estaba sujeto a la obtención de beneficios, y la entidad, la primera en Galicia con alrededor del 35% de los depósitos y el 40% del mercado crediticio, los dio desde el primer año. Sólo en 2023, Abanca ganó 711 millones de euros, su cifra récord, que representa el triple de sus beneficios en en 2022. En el primer trimestre de este año obtuvo otros 158 millones.

Las discrepancias entre la entidad y el Ayuntamiento sobre el uso de Riazor son múltiples y variadas, empezando por la duración del convenio —Abanca pretende que dure 40 años y el Gobierno de Rey oferta 25—. Las fricciones se centran sobre todo en la explotación comercial global del estadio municipal que el banco pretende arrogarse.

"Cualquier acto de carácter extradeportivo"

En primer lugar, la entidad quiere que el Ayuntamiento le permita hacer negocio con el estadio, al margen de los partidos oficiales y amistosos del Dépor, para celebrar en Riazor "cualquier acto de carácter extradeportivo", según el acuerdo que ha ofrecido, y que además limite a determinadas fechas al año los que el propio Concello, o sea el dueño del campo, pueda organizar en él.

Escotet también quiere reservarse los derechos sobre el uso comercial del nombre del estadio, que el Ayuntamiento aceptó en 2017 titular como Estadio Abanca Riazor. Ahora, Abanca reclama autoridad para rebautizarlo cuando y como quiera, y que se le permita aprovecharse de la fórmula de negocio del patrocinio publicitario reservándose todos los derechos económicos que ésta pueda generar.

También existen fricciones con las cláusulas de rescisión del acuerdo. En el anterior, firmado en 2000 entre Lendoiro y el entonces alcalde del PSOE, Francisco Vázquez, se advertía de que el pacto podía romperse si se modificaba la estructura accionarial del club, en la que ningún socio tenía un porcentaje significativo de la propiedad. Además, se exigía que el Dépor mantuviera su sede en A Coruña durante toda la vigencia del convenio.

El club, cuya masa social -más de 28.000 personas- está hoy en clara en minoría frente a Escotet, quiere suprimir ambas cláusulas. Cierto que la primera ya no tiene sentido, pero el Ayuntamiento se niega a prescindir de la segunda, para asegurarse, asegura, el arraigo del equipo a la ciudad y para que no pueda darse el caso de que el equipo pueda localizarse en otro municipio pero siga teniendo derechos sobre Riazor.

Vinculación emocional con el club

Lo que parecería un exceso de celo, para algunas fuentes consultadas por Público no lo es. Según aseguran, Escotet no tiene vinculación emocional alguna con el club. De hecho, no asistió el pasado domingo al partido contra el filial del FC Barcelona que congregó a más de 30.000 personas en el interior de Riazor y a varias decenas de miles en el exterior ansiosas de celebrar el ascenso a Segunda tras cuatro años en Primera Federación —el Dépor logró el objetivo ganando 1-0 con gol de Lucas Pérez—.

Las ciadas fuentes explican que el presidente de Abanca asumió en su día la compra del Dépor sólo porque no le quedaba otro remedio, ya que si ejecutaba su deuda lo haría desaparecer, con los daños consecuentes que eso acarrearía para la imagen de su entidad en la ciudad, en la provincia y en Galicia.

Una vez ascendido a Segunda y revalorizado el club, el banquero ahora estaría dispuesto a venderlo, de ahí que, según esa tesis, pretenda unas condiciones ventajosas para la explotación del estadio que animen con nuevas posibilidades de negocio a un posible comprador.

Inés Rey aseguró el martes que el Ayuntamiento ni pretende cobrar ni cobrará canon alguno al club por el uso del estadio. Pero Abanca ha presionado el debate asegurando que si se aceptan sus condiciones estaría dispuesta a pagar un alquiler 200.000 euros al año más impuestos mientras el equipo se mantenga en Segunda, 400.000 euros si sube a Primera, y cero si desciende y regresa a Primera REF.

"Las cosas no se hacen así y deberían saberlo, en esta ciudad se respeta a las instituciones, los símbolos y los ciudadanos. No van a conseguir nada mientras yo sea alcaldesa", advirtió Rey.

Publico se ha dirigido a Abanca para obtener su versión del conflicto, pero al cierre de este artículo la entidad no había respondido.