Un grupo de 52 eurodiputados, representantes de cinco grupos parlamentarios europeos y procedentes de 15 países miembros de la Unión, han dirigido este miércoles una carta al presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, para solicitar que el organismo intervenga en la investigación del caso Altsasu.

Los firmantes defienden que el caso no debería ser considerado un acto terrorista y han calificado las peticiones de cárcel de la Fiscalía de "desproporcionadas, sin sentido y antidemocráticas". El fiscal encargado del caso ha pedido una pena de 62 años para uno de los arrestados, penas de 50 años para 6 de ellos y una pena de doce años y medio para la última detenida, por tratarse de una menor.

A petición de los padres de los investigados, los 52 eurodiputados han firmado una declaración en la que piden la eliminación de la calificación penal de terrorismo de la instrucción del caso, reclamando que se respeten los principios de proporcionalidad, justicia y equidad.

En este sentido, los promotores de esta iniciativa, Marina Albiol, Xabi Benito, Josu Juaristi e Izaskun Bilbao, denuncian que la calificación de los crímenes de los que se acusa a los nueve jóvenes como terrorismo contraviene los artículos 20, 47 y 49.3 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que establecen que "la severidad de las penas no ha de ser desproporcionada con respecto a las ofensas criminales". 

Los parlamentarios señalan en el escrito que tanto la Audiencia Provincial Navarra como el Parlamento de esta comunidad han discrepado con la decisión del Tribunal Supremo de considerar las agresiones de Altsasu delitos de terrorismo. Asimismo, llaman la atención del presidente de la Comisión Europea sobre las críticas de diferentes agencias de las Naciones Unidas a la aplicación excesivamente amplia del concepto de terrorismo en la legislación española.

La carta, que ha sido enviada también a Frans Timmermans, Vicepresidente primero de la Comisión Europea y comisario europeo de la Mejora de la Legislación, Relaciones Interinstitucionales, Estado de Derecho y Carta de los Derechos Fundamentales, Věra Jourová, comisaria europea de Justicia, y Dimitris Avramopouluos, comisario europeo de Migración, Asuntos Internos y Ciudadanía, subraya que otros ataques similares a efectivos policiales en el estado español han sido juzgados como delitos penales ordinarios y demanda que se actúe de la misma forma en este caso.