Andalucía decidió, hace 42 años, acceder a la autonomía como las denominadas comunidades históricas, Catalunya, Euskadi y Galicia, y lo hizo mediante un referéndum que se convirtió en el símbolo de la región más poblada de España, en su día grande: el 28 de febrero. Pero llegar a aquel referéndum no fue una tarea fácil, como tampoco lo fue lograr que su resultado hiciera realidad el deseo de todas las fuerzas políticas y sociales que habían impulsado la consulta.

Aquello costó sangre, sudor y lágrimas: sangre, la de Manuel José García Caparrós, muerto por disparos de la Policía en la manifestación por la autonomía andaluza que el 4 de diciembre de 1977 recorría el centro de Málaga; sudor para sortear todas las trabas políticas y legales que trataban de impedir que Andalucía accediera por la vía rápida a la autonomía como permitía el artículo 151 de la Constitución a las comunidades vasca, catalana y gallega donde se había aprobado un estatuto de autonomía durante la Segunda República, truncado por un golpe de estado militar. Y lágrimas, por la angustiosa y prolongada incertidumbre que se abrió con los resultados de la consulta, fundamentalmente por los de la provincia de Almería, que estuvieron a punto de frustrar las aspiraciones de la mayoría del pueblo andaluz.

Entonces, Andalucía tenía una población de algo más de 6,4 millones de habitantes, dos millones menos de los que tiene ahora. El 15% de sus habitantes era analfabeto, un porcentaje que 40 años después apenas sobrepasa el 2,5%; su anticuada red de carreteras en una comunidad tan extensa dificultaba mucho los desplazamientos entre sus provincias, ahora unidas todas por autovía; aún no había llegado, por supuesto, el tren de alta velocidad, el índice de desempleo era del 18%, seis puntos por encima de la media nacional, y la sanidad era la que España ofrecía de forma centralizada en aquellos años posteriores al fin del franquismo. En resumen, había mucho que ganar y muy poco que perder.

Las manifestaciones del 4 de diciembre de 1977, en una de las cuales murió García Caparrós, asesinato que aún hoy no ha sido esclarecido, habían reunido a un millón y medio de andaluces. Y esa movilización popular fue la que impulsó un año después, en diciembre de 1978, el llamado Pacto de Antequera, firmado en esa localidad malagueña, centro geográfico de Andalucía, por los once partidos políticos con mayor implantación entonces en la comunidad. El acuerdo comprometió a todas las formaciones a luchar por conseguir en el menor tiempo posible la autonomía de Andalucía, esto es, por la vía del artículo 151 de la Constitución y no por la del 143, que demoraba cinco años el proceso.

El historiador e investigador del departamento de Economía e Historia Económica de la Universidad de Sevilla Carlos Arenas, autor de numerosas publicaciones sobre el tema, sostiene que todo aquel movimiento político y social formaba parte de un "andalucismo cívico, no etnicista" como los nacionalismos de otros territorios, en el que hubo una confluencia de todo el espectro ideológico, de izquierda a derecha, que culminó con la celebración del referéndum del 28 de febrero de 1980.

Carlos Arenas considera acertada la definición que ha hecho el catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad hispalense Javier Pérez Royo, quien formó parte de la comisión redactora del Estatuto de Autonomía de Andalucía y que ha dicho que aquello fue "un 2 de mayo" andaluz, un movimiento desde la base que no había surgido en ninguna otra parte de España para exigir un nivel de autonomía que no se le había reconocido a la región más poblada del país. "Aquello costó mucho hacerlo, porque el gobierno de Adolfo Suárez (UCD) no tenía previsto que Andalucía fuera con un Estatuto del 151, sino del 143, porque los requisitos eran muy costosos, los trámites muy prolongados, y después lo que pasó con la provincia de Almería... Pero finalmente tuvieron que dar su aprobación".

Según este historiador, el andalucismo cívico que impulsó ese movimiento tenía sus raíces en el republicanismo federal español del siglo XIX y estaba basado, fundamentalmente, en razones socioeconómicas, en las causas del atraso de Andalucía, y no en cuestiones culturales, idiomáticas o étnicas, como en el caso de las llamadas comunidades históricas del estado español. "Eran –dice- los indignados de un lado y de otro que se pusieron de acuerdo por una causa, los indignados andaluces que se consideraban postergados respecto al resto de España y que querían sacar a Andalucía del atraso. Ese era el objetivo de todos, aunque cada uno tuviera sus métodos y sus programas políticos".

El papel esencial de los ayuntamientos

Los ayuntamientos andaluces también desempeñaron un papel esencial en la batalla por el acceso a la autonomía. Las corporaciones que surgieron de las primeras elecciones municipales de marzo de 1979 fueron las encargadas de llevar a cabo el proceso previo a la celebración del referéndum de febrero de 1980. Tal como destaca la doctora por la Universidad de Almería Mónica Fernández Amador en la publicación Andalucía en la Historia del Centro de Estudios Andaluces, la Constitución exigía que en aquellos territorios que desearan configurarse como comunidades autónomas a través de la llamada "vía rápida" era necesario que en todas las provincias que fueran a formar parte de ella las tres cuartas partes de sus municipios aprobasen la iniciativa.

Según señala la investigadora, Los Corrales, en la Campiña sur sevillana, y Puerto Real, en la Bahía de Cádiz, fueron los dos primeros municipios que se sumaron a la iniciativa por la autonomía andaluza, cuyas corporaciones estaban dirigidas por formaciones de izquierda, la Candidatura Unitaria de Trabajadores (CUT), integrada mayoritariamente por jornaleros, en el primer caso, y el Partido del Trabajo de Andalucía (PTA), en el segundo. "La pobreza y los altos índices de marginación y diferenciación social característicos de esas zonas, sumados a los efectos de la emigración y la falta de trabajo, hacían que estos ayuntamientos simbolizaran la lucha del pueblo contra el caciquismo imperante y arraigado durante largas décadas", explica Mónica Fernández.

Pero una vez superados todos los requisitos para poder convocar el referéndum, los problemas no terminaron. Aún hubo bastantes más piedras en el camino, la primera de ellas la campaña en contra de un gobierno, el de la UCD, que consideraba que la autonomía de Andalucía estaría garantizada por la vía del artículo 143, mientras que la del 151 suponía, a su juicio, otorgar el control del proceso autonómico a los partidos de izquierda. Y la segunda, la interpretación legal y los efectos prácticos de los resultados de la consulta, que supieron un prolongado suplicio para la amplia mayoría de un pueblo que aspiraba a obtener una autonomía como la de los principales territorios del país.

Aunque el sí a la autonomía ganó con una diferencia abismal al no, 2.481.792 votos frente a 152.778, hubo dos provincias en las que la baja participación supuso un duro revés: Jaén y Almería. Según lo que disponía la Carta Magna aprobada en 1978, para que el proceso de constitución en comunidad autónoma fuese aprobado era necesario que en todas las provincias hubiese votado afirmativamente la mitad más uno del censo electoral, no de los votantes. Si no era así, el proceso autonómico debía paralizarse y esperar otros cinco años para volver a iniciarlo, toda una eternidad para una sociedad andaluza que estaba ansiosa por coger de una vez las riendas de su destino para salir de su secular atraso.

En la provincia de Jaén, donde el sí se había quedado a unas pocas décimas del porcentaje exigido, se pudo determinar en los tribunales tras la interposición de una serie de recursos sobre el recuento de votos nulos y otras irregularidades que las papeletas favorables a la autonomía suponían finalmente el 50,07% del censo electoral. Pero en Almería la cosa se alargó bastante más y tuvo una mucho más complicada solución, no en vano en esa provincia el sí se había quedado bastante más lejos, en el 42% del censo. Hubo hasta quien propuso que Almería se convirtiera en una autonomía uniprovincial como Cantabria y quien defendió que se uniera a su vecina Murcia. Finalmente, con el empuje de las fuerzas políticas de izquierda, se halló una solución legal para que se quedara en donde está ahora, en Andalucía.

Básicamente, lo que se hizo fue aprobar una modificación de la Ley Orgánica sobre Regulación de las Distintas Modalidades de Referéndum para que se considerase ratificada una consulta en todas las provincias del territorio si la mitad más uno de todos los electores de la futura comunidad autónoma votaban afirmativamente por ello, como había ocurrido el 28 de febrero en Andalucía: el 55,42% de los andaluces había dicho sí a la autonomía.

Sin embargo, hay quienes creen que aquella larga lucha ganada con tanto esfuerzo para alcanzar al fin la autonomía por la vía rápida se ha ido quedando, con el paso del tiempo, a mitad de camino. El historiador Carlos Arenas, por ejemplo, dice que lo que salió del 28 de febrero de 1980 "representa una gran frustración, porque las expectativas eran enormes", y ahora, 42 años después, Andalucía sigue en el furgón de cola de España, teniendo a los barrios con la renta per cápita más baja de España, albergando en su territorio a las dos bases militares que EEUU mantiene en nuestro país, Rota y Morón, y viendo cómo la ultraderecha "amenaza con anclarse en la vida de los andaluces" tras haber facilitado el gobierno de la Junta a PP y Ciudadanos.