Más de 2.000 jueces y de 650 fiscales de toda España han secundado este jueves el segundo paro de una hora convocado por las asociaciones de jueces y fiscales para reivindicar una mejora de sus condiciones laborales, informan portavoces de algunas de éstas.

Para continuar dando visibilidad a estas exigencias, la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Foro Judicial Independiente (FJI), Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), la Asociación de Fiscales (AF), Unión Progresista de Fiscales (UPF) y la Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF) han convocado para este viernes una concentración ante las puertas del Ministerio de Justicia, a partir de las 13.00 horas.

Según han adelantado los representantes de los jueces y fiscales hasta el momento se conoce que más de 2.000 miembros de la judicatura y más de 650 de la carrera fiscal han parado este mediodía durante una hora, mateniendo servicios mínimos. Estas cifras -de las que aún sigue el recuento oficial- son similares a las del primer día de protesta, que tuvo lugar, el pasado 26 de abril.

Piden la dimisión del ministro

Además, algunos de los jueces y fiscales que han dejado de trabajar de 12.00 horas a 13.00 horas han salido a las puertas de juzgados de toda España han portado carteles que recogen algunas de estas reclamaciones, que se mezclaban con otros que pedían la dimisión del ministro de Justicia, Rafael Catalá.

Jueces y fiscales paran durante una hora. EUROPA PRESS

"Mayor autonomía del Ministerio Fiscal", "cargas de trabajo saludables" o "12 vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) elegidos por nosotros/as", dicen alguno de los papeles que han sujetado. Los paros se repetirán los días 10 y 17 de mayo y habrá una jornada de huelga el día 22 del mismo mes.

Las asociaciones judiciales reclaman el reforzamiento de la independencia judicial, la modernización de la Administración de Justicia y las condiciones profesionales de los miembros de la carrera judicial.

Por su parte las asociaciones de fiscales piden, entre otras medidas, la derogación del sistema de plazos máximo de instrucción, la paralización de la implantación de la justicia digital, la atribución a la Fiscalía General del Estado de la formación de los fiscales, la fijación de las cargas de trabajo y la independencia del Ministerio Fiscal y su autonomía presupuestaria.