El ministro de Justicia, Rafael Catalá, en horas bajas por su gestión del caso de La Manada, no acudió al acto solemne de reparación, en el que estaba anunciada su presencia, que el Ayuntamiento de Sevilla preparó para reconocer la memoria de 433 de sus trabajadores y 46 de sus trabajadoras, que fueron represaliados de diferentes maneras (despedidos, saqueadas sus casas, fusilados en algunos casos) tras el golpe militar que en 1936, y después de tres años de Guerra Civil y represión, desolación y muerte, acabó con el orden constitucional y con la II República.

El Ayuntamiento había retrasado la celebración del homenaje para que Catalá pudiese asistir al mismo. La fecha del acto, de hecho, según diversas fuentes consultadas, se fijó en función de la agenda del ministro, quien hoy pasó el día entero en Sevilla. Los servicios de prensa del Ministerio afirmaron a Público que la razón de la ausencia del ministro obedecía a una “cuestión de agenda”. Sin embargo, según pudo saber este diario, una de las razones, además de esa cuestión de agenda, que pesaron en la decisión de Catalá fue el temor a que se produjese algún incidente que ensombreciese el acto.

El Gobierno de Mariano Rajoy lleva desde el año 2013 sin destinar ni un sólo euro a las políticas de reparación de la Memoria Histórica, y miembros destacados del PP han dejado en sus declaraciones públicas burlas y desprecios sobre los familiares de las víctimas de la represión, lo que tiene muy enfadadas a las asociaciones memorialistas. Este miércoles, cuando tuvieron conocimiento de la presencia de Catalá en el acto, anunciaron una protesta en la puerta del Ayuntamiento. Fueron compartiendo, entre otros, este mensaje: “Señor ministro. Usted, que representa a un Gobierno que se mofa constantemente de la memoria de las víctimas, que reduce a la nada la Ley de Memoria Histórica y que protagoniza, a través de sus afiliados, e incluso de su presidente, exaltación del fascismo ni puede reparar nada ni es bienvenido”.

Sin embargo, el ministro, en este caso, había dado cumplimiento a la ley de Memoria Histórica, que en su artículo 4 reconoce el derecho a obtener una “declaración de reparación y reconocimiento personal a quienes durante la Guerra Civil y la dictadura padecieron” condenas y sanciones dictadas por motivos políticos, ideológicos o de creencia por cualesquiera tribunales u órganos penales o administrativos. La expedición de esa declaración corresponde al Ministerio de Justicia y no requiere de un presupuesto específico.

Fue el propio alcalde de Sevilla, Juan Espadas Cejas, el que promovió personalmente este homenaje, según contó esta mañana. Su abuelo, Manuel Cejas Aranda, era recaudador de primera, trabajaba en el servicio de resguardo de arbitrios y fue uno de los trabajadores municipales que sufrieron las consecuencias del golpe de 1936. En Sevilla, el 18 de julio, el general Queipo de Llano ordenó detener al alcalde, Horacio Hermoso, que fue fusilado meses después, y nombró regidor a Ramón de Carranza, que montó una gestora golpista, que comenzó de inmediato con las depuraciones en todos los ámbitos municipales. Los golpistas querían dar sensación de normalidad desde el primer momento.

“Un día quise leer el expediente de mi abuelo, saber qué ponía ahí, por qué se le expulsó del ayuntamiento. Creí que era imprescindible hacer una investigación exhaustiva para analizar cuántas personas más, que fueron privadas de todo, con fusilamientos sistemáticos” estaban en su situación, dijo Espadas. El PSOE presentó para ello una moción, avalada por unanimidad, en la que se le pedía a Justicia que emitiese esa declaración. Y el ministerio lo hizo.

Homenaje a las víctimas de la represión franquista, con el alcalde de Sevilla, Juan Espadas, y los familiares de los represaliados.

“En cualquier caso, tal y como estaba previsto y se decidió hace días el encuentro del ministro de Justicia con el alcalde de Sevilla para hacerle entrega de las declaraciones de reparación y reconocimiento personal a los funcionarios y trabajadores represaliados durante la Guerra Civil y la dictadura se ha celebrado esta mañana”, dijeron los servicios de prensa del ministerio a Público. Ese encuentro se produjo a primera hora de la mañana. El alcalde de Sevilla, cual víctima del franquismo, se acercó a recoger las declaraciones de manos del propio ministro.

Catalá se pasó el día en Sevilla, bien arropado por el delegado del Gobierno, Antonio Sanz, mano derecha de Javier Arenas durante años en el PP. Por la mañana compartió con él un desayuno en el que Catalá le presentó. Allí se vio obligado a responder una pregunta sobre su gestión del caso de La Manada y manifestó que espera resolver “la tensión” con el poder judicial y seguir trabajando por una “justicia cercana a las víctimas”. Después, se pasó por la Facultad de Derecho, y luego, acudió a la delegación del Gobierno. Catalá esquivó, salvo en esa ocasión, las preguntas de la prensa.

El acto y la fosa de Pico Reja

“Este señor debe atender sus actos. No puede huir, independientemente de que en la calle se le pida que realice sus funciones, entre las que está repartir declaraciones. Esa es su función. Debería de haber estado allí. Cuando le preguntamos al ayuntamiento que por qué le habían invitado, nos dijeron que era el responsable de repartir las declaraciones. Le queríamos preguntar que por qué su gobierno ofende a las víctimas del franquismo, somos una categoría de víctimas a la que ni siquiera reconocen como tales. Le queríamos preguntar por qué no cursa los exhortos y requerimientos de la jueza argentina María Servini para que den su testimonio más de 20 personas. Es un ministro que sale corriendo y que sólo asiste a los actos que le son cómodos”, afirma Paqui Maqueda, familiar de víctimas y presidenta de la asociación Nuestra Memoria.

El hecho fue que la ausencia del ministro le quitó tensión al acto, que se celebró en el salón Colón del Ayuntamiento, una sala en la que destacan los retratos solemnes, enormes de los reyes de España. Alguien bromeó diciendo que seguro que les habían pitado los oídos después de escuchar las historias de la represión.

Los reyes jamás han participado en ningún acto de homenaje a las víctimas del franquismo. Fuera, en la puerta un grupo de familiares de víctimas desplegó pancartas y fotografías, en las que se leían estos mensajes: “Desagraviar es entregar los restos a sus familiares”. “Ningún asesinado por el franquismo debe seguir en una fosa”. “Ni con el ministro nos vamos a callar”. “80 años esperando los restos y entregan un diploma”. “Más de 4.500 personas asesinadas por el franquismo en las fosas comunes del cementerio de Sevilla”. El alcalde Espadas arrancó sinceros y agradecidos aplausos cuando expresó su voluntad de exhumar las fosas de Sevilla, empezando por la de Pico Reja.

Sevilla tiene aprobado un acuerdo, promovido por el PSOE, en el que se solicita al Gobierno de España que participe y colabore con el Ayuntamiento en la exhumación de la fosa. La Junta y la Diputación de Sevilla se han comprometido a poner fondos para esta exhumación. Una de las razones por las que el Ayuntamiento ha tenido todos los gestos de buena voluntad con el ministro y le ha querido quitar hierro al plantón es porque quiere que el Gobierno de España se implique en la exhumación. Como ejemplo, se pone la exhumación de la fosa del cementerio de San Rafael, en Málaga, en la que colaboraron instituciones gobernadas por PP y PSOE: Ayuntamiento, Junta y Gobierno. Los trabajos ya realizados en la fosa de Pico Reja indican que es más grande de lo que se pensaba y que podría albergar restos de más de 1.100 personas, según el Ayuntamiento.

En el acto de entrega de las declaraciones, en el que participó también la consejera de Educación, Sonia Gaya, en representación del Gobierno de Susana Díaz, se emitió un breve documental en el que se explica cómo fue el golpe y la represión posterior en el Ayuntamiento de Sevilla. Merece la pena verlo.