Una de las carencias más significativas del sistema político español es la poca o nula entidad que tienen los dispositivos de evaluación de las políticas públicas de las distintas instituciones y esferas públicas.

A pesar de que el gasto público alcanza niveles superiores al 40% del PIB, sabemos muy poco de si esos recursos consiguen los objetivos para los que fueron destinados.

Una política pública es la respuesta colectiva, institucionalmente canalizada, a un problema que se considera relevante para la población o comunidad afectada.

En ese sentido, toda política pública pretende ser una oportunidad de mejora. Si el proceso decisional se ha hecho con rigor, habrá implicado un debate sobre la caracterización del problema a resolver, con los distintos enfoques de los actores sociales, económicos y políticos afectados.

Se habrán barajado distintas alternativas o cursos de acción, para finalmente llegar a una decisión (con mayor o menor consenso) por parte de la autoridad o institución legitimada para ello. Será entonces el momento de poner en práctica esa decisión, destinarle recursos materiales y esfuerzos de personas y colectivos.

Pero, lo que es razonable es imaginar que alguien, en algún momento, querrá saber si todo ese proceso, si todos esos recursos, han servido para algo. Pues, de lo que nos quejamos es precisamente de la ausencia clamorosa de un razonamiento como el esquemáticamente planteado en la gran mayoría de decisiones institucionales que toma el gobierno del Estado, los de las Comunidades Autónomas o de los gobiernos locales en España.

La evaluación será más sólida cuantas más evidencias haya sido capaz de incorporar sobre los resultados obtenidos, sobre el curso de acción seguido, sobre la adecuación entre objetivos y problema a resolver

Evaluar significa emitir un juicio de valor sobre un determinado hecho o cuestión. Esa evaluación será más sólida cuantas más evidencias haya sido capaz de incorporar sobre los resultados obtenidos, sobre el curso de acción seguido, sobre la adecuación entre objetivos y problema a resolver. Si esa evaluación no existe, si no tenemos evidencias sobre lo que ha ocurrido, lo que nos quedará serán meros argumentos.

Argumentos que pretenderán persuadirnos de la mayor o menor bondad de lo que se propone. Pero que fácilmente puede derivar en mera demagogia. tenemos a la Agencia de Evaluación de Políticas (aeval.es) en situación casi letárgica. Y en alguna comunidad autónoma, como en Catalunya con Ivalua (ivalua.cat) algo se ha avanzado, pero el balance sigue siendo lamentable.

No es un problema de "cultura administrativa", ya que el país del que copiamos nuestro modelo administrativo (Francia) hace ya tiempo que disponen de organismos parlamentarios, gubernamentales e independientes que emiten informes constantes sobre la puesta en práctica de las políticas públicas y sus resultados.

Por otro lado, conviene recordar que este no debería ser un tema estrictamente institucional, ya que en muchos países son las entidades, las ong-s, los movimientos sociales los que también emprenden ejercicios de evaluación de políticas para así fortalecer sus posiciones y poder influir mejor en la marcha general de los asuntos públicos. Estamos pues ante una asignatura pendiente más en nuestro imprescindible proceso de fortalecimiento democrático.

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