* Área de Memoria Democrática y Cultura por los Derechos Humanos de Podemos

Se acerca el 20 de noviembre y la agenda mediática da especial relevancia a nuestro pasado traumático para confirmar nuevamente el conflicto de memorias, el dolor indignado de las víctimas y sus familiares y la cultura de la impunidad en la que vivimos.
El Instituto Cervantes celebra en el exterior actividades en torno al 80º aniversario de la guerra civil, mientras las instituciones políticas y culturales hurtan este debate a la esfera pública española. Las autoridades españolas siguen sin contestar los nuevos exhortos de la justicia argentina en la causa interpuesta en Buenos Aires por las víctimas del franquismo, la Fiscalía General del Estado trata de impedir que los Jueces españoles tomen declaración tanto a los victimarios de la dictadura como a las víctimas, como le sucedió a Gerardo Iglesias al ir a declarar el pasado 4 de octubre en Oviedo.

Las autoridades españolas siguen sin contestar los nuevos exhortos de la justicia argentina

A 20 de noviembre de 2016 sigue existiendo una Fundación Francisco Franco, que al contrario que las víctimas del dictador, sí puede acceder a la justicia para poner una querella contra Celia Mayer, delegada de Cultura del Ayuntamiento de Madrid por retirar un monolito. En noviembre de 2016, la presidenta del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, declaraba que a un colegio no puede llamarse “14 de abril” por “las sombras de la República” y al día siguiente colocaba un retrato de un ministro franquista en una parada de Metro.

Sólo revisando los acontecimientos de los dos últimos meses, volvemos a constatar otro año más, cómo los pesados consensos jurídicos y culturales de la transición dificultan que en España construyamos una cultura de derechos humanos normalizada. El Estado sigue sin garantizar derechos fundamentales como son la Justicia, la Verdad, la Reparación y las Garantías de no repetición, somos un país con déficit democrático, y que incumple convenios internacionales de Derechos Humanos a los que está adscrito.

Otro 20 de noviembre vemos que el pasado no termina de pasar. La presión y la apretada agenda de trabajo del movimiento memorialista y de derechos humanos a lo largo de las últimas décadas han logrado importantes avances legislativos y culturales, pero la falta de voluntad política ha impedido avanzar más decididamente en este campo. Un buen ejemplo de esto es el Valle de los Caídos, un impresionante patrimonio monumental todavía a pleno rendimiento del imaginario nacional católico del falangismo. Cada 20 de noviembre vuelven a marchar los fantasmas del pasado por la ruta imperial, convocando desde la sierra de Guadarrama a los medios de comunicación para recordarnos la clara anomalía democrática de seguir homenajeando a nuestro pesar al genocida que marcó directamente la vida de al menos tres generaciones de españoles.

Otro 20 de noviembre vemos que el pasado no termina de pasar

Son innumerables los informes que hay para transformar el Valle de los Caídos de un escenario del horror en un memorial democrático, las recomendaciones de organismos y referentes internacionales de derechos humanos como la ONU, Amnistía Internacional, Abuelas y Madres de Plaza de Mayo o el Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel. Son perseverantes las demandas de las víctimas, constantes las propuestas por abrir un debate de las organizaciones españolas de Memoria y de Derechos Humanos y sin embargo, la distancia entre el Estado y las demandas de todos estos agentes es abismal, cuando la fortaleza de nuestras instituciones no debería medirse por su capacidad de silenciar y ocultar parte de su historia, sino por su capacidad de afrontarla.

A pesar de que la basílica y el cementerio está regulado en la llamada Ley de memoria histórica 52/2007 (artículo 16), de que se prohíbe todo acto de exaltación de la guerra civil, y de que en su Disposición Adicional Sexta incluye el objetivo de “honrar y rehabilitar la memoria de todas las personas fallecidas a consecuencia de la Guerra Civil de 1936-1939 y de la represión política que la siguió”, toda su simbología sigue intacta trabajando en definitiva para banalizar el Mal. El último gobierno Zapatero, que retrasó la elaboración del Informe de la Comisión de Expertos para el Futuro del Valle de los Caídos, que vio luz a pocos días del final de su mandato, evitó que sus recomendaciones para convertir este trágico monumento en un lugar de memoria compartida viesen luz pública con el debate que se merece una sociedad democrática.

Claramente es una cuestión de voluntad política, de que las instituciones estén a la altura de su gente. Debe haber voluntad politica para democratizar el espacio público

Porque sus recomendaciones buscan resignificar este espacio como los alemanes lo han hecho con los campos de concentración, con un Centro de Interpretación que aporte investigación y explicación crítica sobre la ideología, el proyecto y el contexto histórico de la construcción del Valle, hoy todavía gestionado por la Orden Benedictina por un acuerdo firmado en 1958.

La idea central defendida por los antropólogos progresistas frente a los juristas de la Comisión (que hicieron un voto particular) es romper la jerarquía funeraria del Valle, trasladando los restos del único muerto que no falleció en la guerra civil (Franco) a dónde decidan sus familiares y mover de la nave central a José Antonio incorporándolo a una cripta con el resto de las víctimas.

Una vez que se resolviera la exhumación de las víctimas, enterradas ahí en contra de la voluntad de sus familiares, el sitio podría ser aprovechado con técnicas y pedagogías adecuadas, en favor de la promoción de la verdad y la memoria, con función educativa y preventiva. Difícilmente podrá pensarse como un lugar en favor de la reconciliación, mientras predomine el silencio sobre los hechos relevantes al contexto y origen del sitio, y en particular mientras siga en el centro del monumento la tumba con flores del dictador.

Claramente es una cuestión de voluntad política, de que las instituciones estén a la altura de su gente. Debe haber voluntad politica para democratizar el espacio público, dentro de un plan integral que garantice derechos fundamentales, con una condena y anulación formal de las resoluciones judiciales y administrativas del régimen franquista, con esclarecimiento de la verdad sobre la represión y los crímenes (fosas, torturas, bebés robados, expolios, trabajo esclavo, exilio…) mediante el libre acceso a todos los archivos públicos y privados, con respaldo y dotación de recursos para la persecución de los crímenes del franquismo ante la Justicia. Voluntad política para poner fin a la discriminación de las víctimas del franquismo y por la construcción de una sociedad que se sienta orgullosa de cómo resolvió su pasado más reciente, por una democracia plena.