Desde hace más de dos años, la española Verónica Saldaña lleva denunciando el comportamiento violento de su expareja. Hasta la fecha ningún juzgado en España ha creído su relato ni ha tomado ninguna medida para proteger a sus hijos, dos mellizos que ahora tienen siete años.

Hace apenas cinco días, el pasado pasado 14 octubre, poco después de mediodía, tres encapuchados irrumpieron en la vivienda en el cantón suiza de Neuchatel a donde fue hace cerca de un año para alejarse de su expareja y donde convive con sus hijos y sus padres. Con inusitada violencia, los encapuchados agredieron a la abuela delante de los menores, la ataron y secuestraron a los niños. Los metieron en un coche y desaparecieron. La abuela tuvo que ser hospitalizada por tener dos costillas rotas y hematomas por distintas zonas del cuerpo. De los menores no se sabía nada. 

La policía Suiza activó una orden de búsqueda y ese mismo día, poco antes de la medianoche, localizaron el coche en una localidad entre el País Vasco y la ciudad francesa de Bordeaux, a pocos kilómetros de la frontera con España. La Policía gala detuvo a un vehículo con tres hombres y dos menores. Entre los detenidos, tal como confirmaban el periódico suizo Arcinfo y el propio abogado de Verónica Saldaña, se encontraba José Manuel Ortiz, padre de los niños. Según estas informaciones, Ortiz está detenido en la localidad francesa de Pau a la espera de se extraditado a Suiza para ser juzgado. 

Riesgo extremo

Saldaña denunció a su expareja por primera vez en marzo de 2020. En comisaría acusó a su expareja de abuso sexual hacia sus hijos y de malos tratos hacia ella. Hechos graves que incluían golpes, insultos y humillaciones tanto hacia ella como hacia los menores. 

Dos informes de Viogén (el sistema de valoración policial para víctimas de violencia de género) realizados en mayo de ese año,m y a los que ha tenido acceso Público, advirtieron de un riesgo extremo y alto de sufrir violencia por pare de su expareja, por lo que se activaron medidas de protección policial. Según esos informes, se había "detectado una especial combinación de indicadores que aumentan de manera significativa la probabilidad de que el agresor ejerza sobre la víctima violencia muy grave o letal".

Sin embargo, el juzgado de Pozuelo de Alarcón (Madrid) que seguía su causa, no vio ningún peligro hacia los menores y estableció un amplio régimen de visitas para el padre con sus hijos.

Desde ese momento, la madre se negó a entregar a los niños a su expareja. Intentó por todos los medios conseguir medidas de protección hacia ellos o, al menos, que las visitas del padre con los niños fueran vigiladas en un punto de encuentro familiar. El juzgado de Pozuelo de Alarcón se negó a imponer ningún tipo de medidas hacia los menores. Lejos de conseguir la protección, el juzgado la acusó de estar entorpeciendo las visitas del padre a sus hijos y emprendió acciones contra ella, como confinarla sin posibilidad de salir de la localidad de Pozuelo, si no era con permiso del juzgado, y la amenazó con retirarle la custodia de sus hijos y dársela al padre.

Saldaña, entonces, huyó a Suiza. "En un momento, esta madre consideró que sus derechos y los de sus hijos no estaban garantizados en España y que se encontraba en situación de riesgo y huyó", explican fuentes de su defensa. El destino fue una localidad suiza no muy lejos de la frontera con Francia. Allí Saldaña tiene trabajo, sus hijos están escolarizados y llevan una vida integrada y normal.

En junio pasado, una investigación emprendida, según distintos medios españoles, por la Unidad de la Policía adscrita a los juzgados de Plaza de Castilla (la misma que puso en marcha el informe contra Infancia Libre como una organización criminal), acabó localizando su paradero. En un escrito, aseguraba a la Policía Suiza que la madre mantenía a los niños encerrados en la casa sin ver a nadie, en un estado de abandono y aislamiento, tal como relata su defensa. Una información que fue ampliamente difundida por diversos medios de nuestro país.

A raíz de ese escrito, la Policía suiza llevó a los niños a un centro para menores durante un par de días mientras la justicia helvética investigaba su situación. La investigación y la valoración de los niños por parte de la autoridad encargada de la protección de menores suiza concluyó que los mellizos se encontraban bien tratados y correctamente atendidos, que no existían indicios de malos tratos ni aislamiento, y que se encontraban correctamente integrados en la escuela, por lo que devolvió a los menores a su madre. De hecho, los distintos informes elaborados por la justicia helvética vienen destacando que los niños están bien atendidos e integrados. También han detectado que ambos sufren un síndrome del espectro autista, un hecho que su padre negó reiteradamente. 

El pasado julio, el padre pidió a la justicia suiza el retorno de los menores a España en virtud del Convenio de la Haya, arguyendo que las visitas que tiene concedida con sus hijos no se respeta. Por este motivo, la justicia Suiza abrió una investigación y decretó que hasta que no hubiera una decisión firme, la madre a todos los efectos tiene la custodia exclusiva de los menores. Posteriormente, prohibió al Ortiz cualquier contacto telefónico con los menores a raíz de una denuncia presentada por Saldaña, en la que señalaba que su expareja le amenazaba con quitarle o secuestrar a los niños, según relatan fuentes de su defensa.

Dos relatos de violencia, una verdad

Existen dos relatos en esta historia. Hasta la fecha, el más oído ha sido el de la expareja, que ha afirmado reiteradamente que Verónica Saldaña está loca, perturbada y, sobre todo, que es un peligro para sus hijos. Curiosamente, el informe elaborado por la Policía Judicial sobre ella coincide en forma y contenido con el que esta misma unidad realizó sobre el caso de María Sevilla y la supuesta trama delictiva de Infancia Libre: niños aislados, encerrados, enclaustrados, sin ir al colegio ni vida social, en condiciones infrahumanas. 

El incidente del pasado 14 de octubre en Suiza muestra por primera vez el perfil violento de este hombre. La brutal agresión a la abuela de los menores en presencia de ellos, el posterior secuestro, y las amenazas hacia Saldaña desde hace meses dibujan un perfil muy diferente al que han ido construyendo diversos medios y justifica el temor de la mujer hacia su integridad y la de sus hijos. 

Ahora la decisión está en manos de la justicia suiza, que ha pedido la extradición de José Manuel Ortiz desde Francia para juzgarlo por secuestro con violencia por un hechos ocurridos sobre territorio helvético. 

Naciones Unidas reprende a España

En varias ocasiones a lo largo de los últimos años, las Relatorías Especiales de Naciones Unidad, sobre todo la que se ocupa de luchar contra la violencia hacia las mujeres (pero no solo), han preguntado a España por el tratamiento que reciben mujeres y menores en los juzgados españoles cuando denuncian violencia de género y abusos sexuales en la infancia. Están preocupadas por la existencia de un "patrón estructural" en los juzgados que desprotege a madres e hijos y por la aplicación sistemática del inexistente Síndrome de Alienación Parental. En una entrevista reciente con este medio, Reem Alsalem, la Relatora Especial sobre violencia hacia la mujer, afirmaba que la violencia institucional podría ser considerada como tortura, por sus persistencia y su impacto. 

Saldaña no es la única madre que ha huido tras denunciar abusos sexuales hacia sus hijos. La persistencia en los juzgados de lo penal de archivar las denuncias por falta de pruebas porque no se cree el relato de los menores, ha empujado a muchas madres a buscar formas de proteger a sus hijos lejos de las decisiones judiciales, que normalmente imponen la revinculación de los menores con padres denunciados por abusos. 

La organización de Madres Protectoras, ​un grupo de asociaciones que se han unido para apoyar a estas mujeres y denunciar sus casos, han lanzado un manifiesto en el que afirman que el "100% de las criaturas que denuncian haber sufrido agresión sexual por parte de sus padres, están siendo obligados a perpetuar el abuso porque los juzgados los obligan a la revinculación. Y denuncia que Verónica Saldaña "ha sido tratada como una verdugo, judicializada, desprotegida y forzada a revincular a sus hijos con el progenitor, denunciado por agresión sexual". ​