Más de dos años después de que el anteproyecto de ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual fuera aprobado por el Consejo de Ministros en primera vuelta, la ley, más conocida como del solo sí es sí, será una realidad. El Senado vota este martes el texto de la norma y no se prevé que tenga ninguna modificación con respecto al texto que salió aprobado en por el Congreso de los Diputados el 26 de mayo pasado. Si es así, el texto de la ley será definitivo, puesto que solo tendría obligación de  volver a la Cámara Baja en caso de que haya sufrido modificaciones. 

La nueva norma supone un cambio total de paradigma para entender y juzgar los delitos contra la libertad sexual y supone importantes y profundos cambios en leyes clave como el Código Penal. La norma incorpora el conocido como yes model que ya se aplica en otros países de nuestro entorno y que pone el consentimiento en el centro, una medida que irradia toda la norma: desde la forma de investigar estos delitos, las medidas de reparación hacia las víctimas e incluso las consideraciones penales y las penas que se deben aplicar. Con este cambio, España cumple con una exigencia del Convenio de Estambul, un tratado de derechos humanos que España ratificó en 2014.

Poner el consentimiento en el centro significa que ya no se mirará la resistencia que opuso la víctima hacia una agresión sexual ni la intimidación que le causaron los agresores, sino que toda relación que no sea expresamente consentida podrá ser considerada una agresión sexual. La norma también acaba con el concepto penal de abuso sexual, que desaparece del Código Penal y que hasta ahora se aplica a los casos en los que la víctima no podía o no estaba en condiciones de oponerse a una agresión. Al poner el consentimiento en el centro la nueva ley considerará una agresión sexual los casos de sumisión química o aquellos en los que la víctima no pueda consentir. La ley afirma que "sólo se entenderá que hay consentimiento cuando se haya manifestado libremente mediante actos que, en atención a las circunstancias del caso, expresen de manera clara la voluntad de la persona". Tal como afirmaron fuentes del Gobierno, a partir de esta ley "el silencio o la pasividad no significarán consentimiento".

El germen de esta ley hay que buscarlo en las protestas que en 2018 se expandieron por todo cuando se conoció la primera sentencia contra La Manada, que consideró como abuso lo que para la sociedad había sido una violación. Los magistrados entendieron que no había habido violencia ni intimidación en la violación de una joven de 18 años encerrada en un minúsculo cuartucho en los bajos de un edificio en Pamplona. La indignación escaló al conocerse el voto particular de uno de los magistrados (Ricardo González) que afirmó no sólo que no había habido intimidación, sino que había sido un ambiente de "jolgorio y regocijo".

Tres años después, fue el Tribunal Supremo quien pusiera las cosas en su sitio. El Alto Tribunal calificó los hechos como agresión sexual al considerar que los hechos probados constituían violencia e intimidación.

Pero si bien este cambio de concepto del consentimiento es clave, la ley trae otras importantes novedades. 

Se trata de una ley enfocada a la prevención de las violencias sexuales y la "protección integral" y reparación de las víctimas. Desarrolla medidas de prevención y sensibilización en los ámbitos educativos, sanitarios, en los medios de comunicación y digitales, en la publicidad en el ámbito laboral o en las administraciones públicas, entre otros.

La ley también recabará datos estadísticos sobre las violencias sexuales, de forma parecida a como lo hace en la actualidad sobre las violencias de género ejercidas por las parejas o exparejas de las mujeres y que se recopilan desde el año 2003.

Uno de los puntos importantes de la norma es el acompañamiento que prevé para las mujeres, los niños y la niñas que han sufrido agresiones sexuales. Tal como recuerdan fuentes del Ministerio de Igualdad, el nivel de denuncia de este tipo de violencias es extremadamente bajo y el 40% de las mujeres que no denuncias afirman que no lo hacen por vergüenza. "Esta ley y sus itinerarios deben cambiar esta realidad acompañando a las víctimas como merecen", explican fuentes del ministerio

A lo largo de su tramitación la ley ha introducido importantes cambios en el texto, como la incorporación de la protección de los niños y las niñas víctimas de violencia sexual, que deberán se atendidos en casas de niños o Barnahus, espacio especializado con la participación integral formada por diversos especialistas. También las mujeres víctimas de violencia sexual contarán recursos a su disposición sin necesidad de presentar denuncias, como los centros de crisis 24 horas, de las que Igualdad ya ha dado los primeros pasos para poner en marcha. La norma supone un marco legal integral para la atención de las víctimas violencia sexual, algo parecido a lo que supuso la ley contra la violencia de género en 2004 y amplía los supuestos de violencias hacia las mujeres a lo que pide el Convenio de Estambul.

Contiene un amplio capítulo sobre prevención de las violencias sexuales, que se ha visto reforzado en el trámite de enmiendas en su debate en Comisión del Congreso. Así, algunas de las novedades que incorpora la ley es la prohibición de la publicidad que utilice estereotipos de género y que fomenten o normalicen las violencias sexuales hacia mujeres, niños y adolescentes, así como las que supongan una promoción de la prostitución, que serán consideradas "ilícitas".

Las polémicas de la ley

Llegar hasta su trámite final no ha sido un camino de rosas. La norma despertó serios encontronazos entre los socios de Gobierno al inicio de su tramitación. Principalmente entre el ministerio de Igualdad y la entonces vicepresidenta primera Carmen Calvo y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. 

Posteriormente en durante el trámite en la Comisión de Igualdad del Congreso, la norma estuvo a punto de zozobrar por el empeño del Partido Socialista de introducir una enmienda que endureciera la persecución de la prostitución y la explotación sexual, cosa a la que se opusieron la mayoría de grupos que apoyaron la investidura, pero que el Partido Popular estaba dispuesto a votar a favor. Finalmente el PSOE retiró su enmienda y Unidas Podemos eliminó del texto que proponía incorporar en el Código Penal la tercería locativa, que preveía penas de cárcel de hasta 3 años de cárcel a los dueños de prostíbulos, así como el cierre de los locales. Sin embargo la norma mantiene diversas medidas relativas a la prostitución y la explotación sexual, que son consideradas como violencias sexuales.