La denuncia suele ser la gran condición para que las víctimas de violencia machista reciban protección diligente por parte de las autoridades. Ya sea por su propia voz o por mediación de su entorno cercano, se les pide que verbalicen lo que sufren. Sin embargo, en muchas ocasiones, las víctimas no consiguen dar el paso y, cuando se deciden a hacerlo, se da la circunstancia que las instituciones fallan. La clave, según las expertas, es entender que la protección debe trascender el ámbito jurídico y policial.

Por eso, los sistemas de protección van mucho más allá: los profesionales sanitarios, las psicólogas, las trabajadoras sociales e, incluso, los profesores pueden accionar la protección de las mujeres, niños y niñas, víctimas de violencia machista.

"Hay que trabajar en todo lo que no es policía o justicia y llegar a todas las mujeres que no denuncian. El Estado es mucho más que estos dos ámbitos y no se está haciendo todo lo que se puede", explica María Naredo, jurista y exasesora del Ministerio de Igualdad en la pasada legislatura.

En una línea similar se pronunció este jueves la ministra de Igualdad en una entrevista en Las Mañanas de RNE. Ana Redondo se refirió a la "red de actores" que podrían detectar la violencia con antelación, entre los que incluye a las personas "más próximas al menor, la familia, la escuela, los amigos y todos los profesionales psicosanitarios que, en muchas ocasiones, están muy bien formados".

De todos modos, tanto el Ministerio de Igualdad como el Ministerio de Interior han pedido en varias ocasiones a las víctimas y a sus entornos que denuncien.  Y en los asesinatos de violencia machista, los medios de comunicación ponen el acento en el hecho de si existían o no denuncias previas.

"Es algo que no podemos pedirles en determinados casos. Hay que dejar de cuestionar a las víctimas y empezar a cuestionar al sistema", defiende Ana María González Lupión, presidenta de Mujeres Libres, Mujeres en paz, y especialista en violencia vicaria. La experta cuestiona el modelo de "víctima perfecta", entendido como aquella que denuncia.

Muchas mujeres (y niños) no tienen herramientas para denunciar la situación que sufren. Otras lo verbalizan fuera del sistema policial o judicial. Como Concha, una víctima de violencia machista de 70 años que tardó 38 en salir del maltrato. Denuncia que presentaba, denuncia que retiraba, porque tenía miedo de que él la tomara con sus hijos pequeños. Al mismo tiempo, recibió numerosos comentarios de su entorno que la desanimaban a separarse de su maltratador. 

Su historia es un ejemplo de cómo ni la víctima ni su entorno denunciaron. De hecho, la tasa de denuncia de las víctimas a través de la Policía o Guardia Civil es del 21,7%, según las estadísticas que recoge la Macroencuesta de violencia de género (2019); dicho de otro modo, casi un 80% de las víctimas no denuncian.

La macroencuesta revela que, la mayoría de veces, cuando las víctimas verbalizan la violencia, suelen hacerlo en sus entornos familiares. En menor medida, acuden a los servicios sanitarios. Y, en último caso, a policía y servicios sociales.

Atención integral y no solo jurídico-policial

Trabajar en las "puertas de entrada" de los sistemas de atención a las víctimas es un punto prioritario para las especialistas. Existen políticas acordadas sobre cómo mejorar la detección precoz de la violencia machista fuera del sistema judicial y policial.

"Si solo hay una cuarta parte de las mujeres que entran a través de la puerta estrecha que es la denuncia, vayamos adonde ellas sí están acudiendo: servicios sanitarios y sociosanitarios", explica Naredo.

Una de las medidas aplicadas ya en el ámbito sanitario es el Protocolo común de actuación frente a la violencia en la infancia y adolescencia. Se anunció en febrero de este año a raíz de las obligaciones que contenía la Ley de infancia. Con él, se pretende homogeneizar la atención a víctimas menores en el Sistema Nacional de Salud y favorecer, entre otras prácticas, la detección. 

Este protocolo se adecúa a las pautas acordadas en 2021 y en 2023 para mejorar la atención a las víctimas. Por un lado, un primer catálogo de medidas urgentes. Y por otro, el Plan conjunto plurianual en materia de violencia contra las mujeres (2023-2027). 

El objetivo era mejorar seis áreas en las que se detectaron deficiencias: la implicación del entorno y el conjunto de la sociedad, la detección temprana en los servicios de proximidad, el apoyo a la autonomía de las mujeres, la protección contra la violencia vicaria a los niños, el refuerzo a la protección y seguridad de las víctimas y la mejora de protocolos de coordinación institucional.

Esta detección tenía que hacerse desde la salud (en la atención primaria), los servicios sociales y la educación. Lugares que no dependen de las víctimas directamente o sus entornos, sino de los profesionales. 

"Tendríamos que ver cómo se están llevando a cabo las medidas que ya recoge la ley. La cuestión es implicar a los profesionales y dar más formación para no mirar a otro lado", explica María Naredo.

Cómo actúa el sistema policial sin denuncia 

En el caso del niño de cinco años asesinado en Girona hace apenas una semana, existía la denuncia de una tercera persona. Pero no se llegó a formalizar porque la madre no declaró en contra de su pareja, tal y como informó el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya.

Aquí entra en escena el Protocolo Cero, para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. En él se hace alusión a prestar "atención al entorno y a las personas que están presentes" y a tomar medidas aunque no haya una denuncia expresa.

Antonio Andrés Pueyo, catedrático de psicología de la Universidad de Barcelona, participó en varias fases de la puesta en marcha del sistema Viogén. "El tema funciona así: ella denuncia, se incorpora a Viogén; se descubre la situación de violencia por otros medios, también se incorpora. Pero si la información de terceros no se confirma (o la denuncia no se formaliza) de manera genérica, la Policía puede considerar si entra o no el caso en el sistema", apunta.

Esto muestra que, incluso con denuncia, existen grietas en el sistema policial. Según explica Pueyo, porque la "baja prevalencia" de los asesinatos machistas en comparación en las estadísticas, mengua la capacidad de anticiparlos. Y, asimismo, condiciona la valoración del riesgo.