El Centre de Cultura de Dones Francesca Bonnemaison, La Bonne, denuncia que su supervivencia está en peligro si la Diputación de Barcelona no le renueva el convenio que le permite ocupar buena parte del edificio donde está ubicada desde hace 20 años.

"Hay que preguntarse cuántas cosas dejarían de pasar en la ciudad y en Catalunya si La Bonne no existiera", afirma Marta Vergonyós, artista visual y directora de este espacio feminista referente por el que pasan 20.000 mujeres creadoras cada año.

En el centro de la cuestión está la renovación del convenio por la cesión del espacio, que según las artistas y activistas que forman el proyecto, la Diputación está obstaculizando con una "trampa burocrática". "La Bonne nace de la ciudadanía y es importante que se preserve así. Esto es incómodo para la Diputación", sostiene Vergonyós.

El centro de cultura feminista ha iniciado una campaña coincidiendo con el período electoral para denunciar lo que consideran una situación de "maltrato" que hace años que se alarga ante la incertidumbre de si se podrán quedar o no en el espacio.

Dificultades burocráticas

La Bonne, que recientemente ha celebrado su 20 aniversario, obtuvo un convenio de cesión de espacios en 2003 por 10 años, hasta 2013, para ocupar el edificio que comparte con la Biblioteca Francesca Bonnemaison y otros equipamientos de la Diputación.

A partir de 2013, vencido el convenio, encadenaron autorizaciones temporales, de cuatro años primero y después de dos.

"Al inicio de la legislatura [2019] empezamos la negociación y nos aseguraron que había voluntad política para hacernos un nuevo convenio a 15 años", lamenta Vergonyós.

El ente público reclama a La Bonne un trámite, la Declaración de Utilidad Pública (DUP), que concede el Gobierno. Lo tramitaron, pero no fue aprobado porque requiere un cambio de los estatutos, algo que el centro ya ha hecho pero que tardará dos años en ser validado. Esto implicaría que llegaría más allá de 2024, fecha límite de la prórroga de autorización del uso del espacio.

"Es políticamente incorrecto decir os queremos fuera de aquí, porque representamos a 90 entidades de mujeres, pero lo que quieren hacer es privatizar el espacio", afirma Vergonyós.

En la planta baja hay dos teatros que el ente alquila a partidos y organizaciones y eso, según las activistas, ofrece mucha más "rentabilidad económica".

Asesorada por el colectivo Dones Juristes, La Bonne ha presentado un informe jurídico que niega la obligatoriedad de la DUP para renovar el convenio de cesión del espacio. En el documento se expone que "durante 20 años, la DUP no ha sido necesaria para firmar el Convenio, porque la Diputación de Barcelona siempre reconocía a La Bonne como una entidad de interés público".

Consultadas por Público, fuentes de la Diputación alegan una modificación legislativa de 2015 que impide que los convenios regulen este tipo de cesiones de espacio. Así, sólo existen tres opciones: un concurso público, opción que La Bonne no acepta, las autorizaciones, que ya han agotado el tiempo máximo, o un tipo de cesión que requiere la DUP.

"Nunca ha habido ninguna voluntad de echarlas del edificio. Lo que no puedes hacer siendo administración pública es hacer una cesión en contra de la ley", afirman las mismas fuentes, que reconocen malestar dentro de la Diputación por la campaña iniciada por las activistas.

El ente ha ofrecido una prórroga de un año, hasta diciembre de 2024, para que tengan tiempo de terminar de tramitar la DUP, pero La Bonne lo ve como un alargamiento de la incertidumbre actual.

Más de 3.000 asociadas y 90 organizaciones feministas

En el fondo, según las activistas, está la cuestión de que la Diputación no reconoce que La Bonne sea de interés público. "No somos una entidad cultural cualquiera, somos la forma jurídica que reúne la voluntad de más de 90 organizaciones", sostiene su directora. En total, hay más de 3.000 asociadas.

La Bonne es un espacio cultural y también político, punto de encuentro de feminismos diversos en el centro de la ciudad y polo de creación artística en el ámbito de las artes visuales, literarias y escénicas.

"No podemos permitir que 20 años de trabajo de tantos colectivos desaparezcan, estamos hablando de patrimonio", afirma Norma Falconi, miembro de la Junta y de Sindihogar, uno de los colectivos que aloja.

La accesibilidad, en el centro de la ciudad, y las sinergias que se crean en un espacio compartido entre tantos colectivos y artistas dan al edificio de Sant Pere Més Baix unas cualidades de las que no quieren prescindir.

Es un inmueble que fue legado a la Diputación por Francesca Bonnemaison, pionera de la educación femenina, para contribuir a la liberación de las mujeres: "Marchar significaría perder su legado, que hemos cuidado muchísimo y también ampliado", apunta Karina Fulladosa, también de la Junta y de Sindihogar, sindicato de trabajadoras del hogar.

Se trata de un espacio y una tarea que revierte no sólo en las mujeres que forman parte de ella, sino en el conjunto de la ciudad: "Se perdería una comunidad viva, un espacio de articulación feminista consolidado a lo largo de 20 años".

Por todo ello, aseguran que seguirán negociando y no descartan acciones de desobediencia civil similares a la que llevó a su cesión en 2003, un encierro. "Ahora que el proyecto es más sólido que nunca, no renovarnos es inviable", concluye Vergonyós.