Pistoletazo de salida para el movimiento 'Mi voz, mi decisión' que da comienzo a la recogida de firmas para garantizar el derecho al aborto "gratuito, seguro y accesible" a todas las ciudadanas dentro de la Unión Europea. España es uno de los ocho países adscritos a este movimiento, entre los que están Polonia, Francia, Austria, Eslovenia, Croacia, Irlanda y Finlandia.

El objetivo es conseguir un millón de firmas en toda la UE antes del 5 de junio. La propuesta, que se presenta con varias ruedas de prensa simultáneas en cada país participante, quiere marcar la agenda política europea. En el contexto previo a las elecciones al Parlamento Europeo, las promotoras de la campaña pretenden anticiparse a los retrocesos que podría implicar un ascenso de la mayoría conservadora en las instituciones.

Para Cristina Fallarás, una de las coordinadoras de la iniciativa en España, "el movimiento 'Mi voz, mi decisión' es una forma de adelantarnos a lo que va a venir: un movimiento de derechas y ultraderechas que atentará contra los derechos de las mujeres".

Contexto europeo del derecho al aborto

Este 11 de abril, la Eurocámara pidió a la Unión Europea reconocer la interrupción voluntaria del embarazo como un derecho fundamental. La resolución salió adelante a pesar de los votos en contra de PP, Vox y dos de los siete eurodiputados de Ciudadanos.

Irene Rosales, coordinadora de campañas de conciencia política en la Unión Europea del Lobby Europeo de Mujeres, explicó a Público, la importancia de este gesto a la hora de establecer un marco feminista hacia el futuro. "Es significativo que se haya votado antes de estas elecciones", dijo.

En la misma línea se pronuncian tanto Kika Fumero, otra de las portavoces de la campaña, como Cristina Fallarás, a las que les parece una votación crucial. Sin embargo, remarcan la poca atención mediática que recibió. "Nos enteramos cuando se votó. Esto no es casual. Deberíamos preguntarnos por qué todo lo referente al aborto no está en las agendas legislativas ni mediáticas", explica Fallarás.

Según un sondeo de Ipsos para Euronews, la extrema derecha podría obtener un quinto de los escaños de la próxima Eurocámara. Dato que varía según el país y, en España, con un crecimiento discreto, quedaría eclipsado por el ascenso del Partido Popular (PP). De acuerdo con la encuesta, los partidos de ultraderecha se proyectan como la principal fuerza política en las elecciones europeas en cuatro de los países fundadores de la UE: Francia, Italia, Bélgica y Países Bajos.

Pero los recortes ya son palpables. En el punto de mira están las políticas que ya se están llevando a cabo por parte de países como Italia. Su primera ministra, Giorgia Meloni, ha dado carta blanca a los antiabortistas para acudir a las clínicas de interrupción voluntaria del embarazo. 

En total, se calcula que más de 20 millones de mujeres en la UE no tienen garantizado el acceso al aborto. El aborto está prohibido en países como Polonia y Malta. Es legal pero no libre en otros países como Austria y Alemania. Y es legal pero no accesible en otros países como Croacia e Italia. La campaña busca revertir la situación en estas tres circunstancias.

"Ya lo estamos viendo en Argentina pero llegará también a Estados Unidos y a Europa. Y los primeros derechos contra los que atentan son los que tienen que ver con nuestros cuerpos y particularmente el aborto", asegura Fallarás.

En España, a pesar de los logros alcanzados en los últimos años para garantizar este derecho, como la reforma de la ley del aborto, todavía falta por corregir grandes vacíos. De manera generalizada, y un año después de la ley, no existen listas de objetores. Como consecuencia, la mayoría de mujeres siguen siendo derivadas a la sanidad privada para poder abortar.

Cómo se llevará a cabo

La campaña pretende consolidar el derecho al aborto a través de la inversión en programas que garanticen el aborto para todas las mujeres de la UE. Los derechos sexuales y reproductivos son competencias de apoyo, es decir, aquellas que corresponden a cada Estado miembro.

Por eso, es difícil que se establezca de manera universal con la unanimidad de apoyo de los Veintisiete. Tal y como ocurrió con el blindaje de este derecho en la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE.

Los programas, sin embargo, puede financiarlos cada país para garantizar que aquellas mujeres que estén en un territorio que no permita o garantice el acceso al aborto pueden tener el desplazamiento pagado a aquellos países con garantías.