En 2022, los hospitales públicos madrileños notificaron únicamente 59 interrupciones de embarazo al Gobierno regional: el 0,31% de todas las que hubo en la comunidad autónoma. En las clínicas privadas se produjeron 18.983, según los datos de la Consejería de Sanidad, obtenidos por Público tras realizar una solicitud de información utilizando la ley de transparencia.

Las expertas denuncian que el hecho de que apenas se realicen abortos en la sanidad pública dificulta el acceso de las mujeres a esta prestación. De hecho, como ya explicó Público, esto causa que muchas acaben pagando la interrupción del embarazo de su propio bolsillo, a pesar de que tienen derecho a que lo cubra la Seguridad Social, ya que es una práctica que forma parte de la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud.

Raquel Hurtado, portavoz de SEDRA-Federación de Planificación Familiar, explica que "como prestación sanitaria, igual que el resto de prestaciones de la cartera, debe realizarse en servicios públicos; es preocupante que se esté atendiendo el aborto como una excepción en la pública y no como la prestación que debe ser".

El grupo parlamentario de Más Madrid presentó en 2022 una proposición no de ley en la Asamblea de Madrid para instar al Gobierno regional "a poner en marcha un plan que garantice la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) en la sanidad pública". La Asamblea no la aprobó. De hecho, la Comunidad de Madrid ha admitido a Público que en los hospitales públicos solo se realizan los abortos más complicados.

Los 59 abortos que se han notificado en 2022 se realizaron en cuatro hospitales públicos: el Severo Ochoa (Legánes), el de Fuenlabrada, el de Torrejón y el Universitario Fundación Alcorcón. Ninguno de ellos en la capital. Aunque la Consejería de Sanidad madrileña reconoce a Público que no puede asegurar que no haya algún otro centro público que el año pasado practicara interrupciones del embarazo pero no lo haya notificado debidamente.

Los médicos —sean de un centro público o de una clínica privada— cuando realizan una interrupción del embarazo deben rellenar un cuestionario con datos de la mujer y de la intervención y enviarlo a la Comunidad de Madrid, que es quien se encarga de recopilar y unificar la información.

¿Más que en años anteriores?

Los datos aportados por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso muestran que en la sanidad pública de la Comunidad de Madrid el año pasado se realizaron muy pocas IVE —solo uno de cada 323 abortos—. A pesar de ello, esta cifra sería muy superior a la de años anteriores. Pero la situación no es exactamente así debido a los problemas con la información de esa época, ya que había hospitales que realizaban abortos pero no los notificaban.

En años anteriores había hospitales públicos que practicaban algunas interrupciones del embarazo y no enviaban a la Comunidad de Madrid los cuestionarios rellenados con la información de cada caso, a pesar de que están obligados a hacerlo. Así lo ha reconocido la Consejería de Sanidad a Público.

Maldita.es desveló que el último aborto que se había notificado en un centro público en la Comunidad de Madrid antes de 2022 fue el 22 de mayo de 2018 en el Hospital de Fuenlabrada. En los siguientes tres años –2019, 2020 y 2021– ningún otro centro dependiente de la Comunidad de Madrid había notificado interrupciones del embarazo.

Pero, tal y como reveló Newtral, en determinados hospitales públicos se estaban realizando algunos abortos aunque no se estuvieran notificando. Sobre esos años, la Consejería de Sanidad reconoce a Público que tiene "constancia de que algunos hospitales públicos han realizado interrupciones del embarazo y no lo han notificado".

La Comunidad de Madrid no aclara ante las preguntas de Público si los datos de 2022 serían completamente fiables. Desde la Consejería de Sanidad aseguran que tras la problemática con las cifras anteriores el año pasado se reforzó esta tarea por parte de los hospitales públicos para que no volviera a ocurrir. Pero aseguran no saber si aún podría quedar alguno realizando interrupciones que no las notifique.

Entre los cuatro centros públicos que notificaron interrupciones en 2022, el que más lo hizo es el Severo Ochoa, con un total de 21. Entre 2010 y 2021 no había notificado la práctica de ningún aborto a la Comunidad de Madrid, según los datos obtenidos vía ley de transparencia por Público. Pero, según explicó Newtral, era uno de los que ya los estaba realizando.

Solo abortos complejos

En estos hospitales, eso sí, solo realizan los abortos más complejos, según ha reconocido la Comunidad de Madrid a Público. "Se practican las interrupciones en las que la complejidad aconseja que sea llevada a cabo en un centro con mayores requerimientos técnicos", asegura la Consejería de Sanidad.

De hecho, muchas de las interrupciones realizadas en la sanidad pública se producen porque se realizan a mujeres a las que se les estaba haciendo el seguimiento de su embarazo en ese hospital. Normalmente son mujeres que querían tener al bebé, pero que deciden interrumpir el embarazo después de que les detecten problemas de salud o graves anomalías en el feto.

Así se puede observar también en la oferta asistencial del Hospital Universitario Fundación Alcorcón, uno de los cuatro que han notificado abortos en 2022. Este centro asegura realizar la "Interrupción voluntaria del embarazo en casos derivados del diagnóstico prenatal". Es decir, interrupciones que se deciden tras las pruebas que se realizan para detectar posibles problemas en el feto.

La objeción de conciencia

Hasta ahora, en muchos hospitales públicos no se estaban realizando abortos con la excusa de que los sanitarios eran objetores de conciencia. Los datos de la Comunidad de Madrid muestran que en al menos esos cuatro hospitales hay sanitarios que no lo son, aunque hayan realizado interrupciones solo en casos determinados.

Para que un sanitario sea objetor debe haberlo declarado por adelantado y por escrito. Es decir, tienen derecho a no realizar abortos —igual que pasa, por ejemplo, con la eutanasia—, pero tienen que dejar constancia previa de forma individual. Si no lo han hecho, se entiende que no son objetores y deberían realizar esta prestación sanitaria igual que cualquier otra.

Lo que ocurre es que en algunos centros públicos no se realizan interrupciones aunque haya sanitarios que no son objetores o solo se realizan en determinados casos. En ocasiones, el jefe de servicio o la dirección del centro lo son y eso ya es motivo para que no se practiquen abortos en todo el hospital, a pesar de que la objeción de conciencia no pueda ser colectiva.

El 'efecto llamada'

Además, algunos hospitales realizan pocas o ninguna interrupción por el miedo a convertirse en el centro público de referencia para esta prestación si el resto de centros sanitarios no las hacen. Hay hospitales —o incluso médicos a título individual si sus compañeros son objetores— que optan por esta opción para no sufrir un 'efecto llamada' y que se les deriven a ellos todas o la mayoría de interrupciones.

La reforma de la ley del aborto este mismo año pretende solucionar esta problemática y obliga a las comunidades autónomas a crear registros de objetores de conciencia. La sanidad pública, además, aunque gran cantidad de sanitarios se declarasen objetores, tendría que organizarse "de forma que se garantice el personal sanitario necesario para el acceso efectivo y oportuno a la interrupción voluntaria del embarazo", según el nuevo redactado de la ley.

La normativa también recoge que no se puede discriminar a los objetores ni a los que no son objetores. En el caso de estos últimos se indica que "se adoptarán las medidas organizativas necesarias para [...] evitar que se vean relegadas en exclusiva a la práctica de la interrupción voluntaria del embarazo".

Habrá que esperar aún para tener los datos de las interrupciones de 2023 y comprobar si la situación ha cambiado con la nueva ley o no. Pero lo que está claro es que hasta 2022 los abortos en la sanidad pública han sido escasos.

Un problema que según la portavoz de SEDRA, Raquel Hurtado, tendría especial incidencia en la Comunidad de Madrid. La experta explica que "en Madrid más allá de que se puedan no estar notificando algunos casos, que no lo sabemos, tenemos constancia de que se hacen muy pocos abortos en el circuito público".

Evitar desplazamientos

"El número de interrupciones es mínimo y anecdótico. Esto implica que no se está cumpliendo la ley y que la comunidad autónoma no está velando por garantizar esta prestación", resume Hurtado. La portavoz de la federación explica que la práctica de los abortos en los centros públicos evita que las mujeres tengan que desplazarse para acceder a esta prestación.

"Los centros sanitarios públicos están presentes a lo largo de todo el territorio del Estado. Las clínicas privadas, en lugares más concretos. Si toda la asistencia se hace en estas clínicas, las mujeres tienen que desplazarse porque no todas las provincias tienen el servicio", agrega.

De hecho, hace unos días el Tribunal Constitucional sentenció que el Gobierno murciano debe indemnizar a una mujer a la que la sanidad pública de esta comunidad derivó para interrumpir su embarazo a una clínica privada de Madrid. El Constitucional entiende que se vulneraron los derechos fundamentales de Antonia Correa, la mujer afectada.

Estefanny Molina, la abogada de Women's Link que representó a Correa en esta batalla judicial, explica a Público que es importante que se garantice el acceso de las mujeres a la interrupción del embarazo en la sanidad pública para que no se produzcan estos desplazamientos.

"La ley dice que los abortos se tienen que hacer como regla general en la sanidad pública y excepcionalmente en la privada. Se ha convertido en lo contrario. Es algo que hay que combatir y cambiar", resume.

Por su parte, Sonia Lamas, portavoz de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del embarazo (ACAI) y responsable de comunicación de una de estas clínicas privadas, expresa a Público su alegría por que los hospitales públicos madrileños hayan comenzado a notificar los abortos que realizan. "Ya los estaban haciendo, así que bienvenida sea la transparencia. Qué bien que rompan ese tabú".

Lamas asegura que "las Administraciones Públicas tienen que empezar a cumplir con la ley del aborto de 2010 porque a día de hoy no han preparado los servicios públicos para la realización de interrupciones del embarazo".

Sobre el caso de Antonia Correa asegura que "si se hubiera quedado en Murcia y no se lo supieran hacer, sí hubiera sido un tremendo problema. Ojalá lo supieran hacer igual de bien que lo hacemos en las clínicas acreditadas". Aun así, la Comunidad de Madrid asegura que en los hospitales públicos las interrupciones que se hacen son las realmente más complejas.

La portavoz de las clínicas privadas denuncia como uno de los problemas que en muchas comunidades en las que el aborto se garantiza en la sanidad pública no dan opción a las mujeres de poder realizarlo por el procedimiento instrumental —una forma de practicarlo más rápida que el procedimiento farmacológico—.

Pero esto no parece ocurrir en la Comunidad de Madrid. En 2022, de las 59 interrupciones notificadas por los hospitales públicos, 32 fueron por el método instrumental, 26 por el farmacológico y una por "otros métodos", según los datos de la consejería obtenidos por Público.