Productos menstruales gratuitos, una red lila para prevenir la violencia machista en varios ámbitos de la sociedad o la campaña #ElMasclismeNoFaFesta son solo tres de las políticas que ha implementado el Departament d'Igualtat i Feminismes a lo largo de sus primeros tres años de vida. En mayo de 2021, por primera vez en la historia de la Generalitat de Catalunya, el Govern republicano de Pere Aragonès decidió poner en el centro de la agenda política las discriminaciones y violencias generadas por el machismo, la LGBTI-fobia o el racismo.

Aragonès confió el departament a Tània Verge, quien cuenta con una sólida experiencia como consultora en políticas de igualdad de género para varias instituciones, entre las que destacan el Consejo de Europa y el Instituto Europeo de Igualdad de Género. A pesar de los retos que supuso iniciar esta tarea desde cero, la consellera saliente afirma, en un documento publicado en junio por el propio Govern, que "ha valido la pena" llevar a la Generalitat las reivindicaciones de los movimientos sociales que trabajan para garantizar los derechos humanos.

De hecho, asegura que "hoy Catalunya dispone de estrategias y planes de acción pioneros a nivel internacional para garantizar los derechos sexuales y reproductivos, prevenir las violencias patriarcales, combatir la presión estética o construir un país libre de racismo". Esta es la perspectiva institucional del trabajo realizado en tres años, pero ¿qué opinan el colectivo feminista y el LGBTI?

Si bien Ca La Dona, espacio de acción feminista de referencia en Catalunya, valora "muy positivamente" la creación de un departament que trabajara "para la mejora de los derechos de las mujeres, lesbianas y trans", admite que "una sola legislatura y las dinámicas de la política institucional no permiten hacer cambios estructurales en el pesado y consolidado sistema cis-hetero-patriarcal".

En este sentido, la activista de Ca La Dona, Natàlia Càmara, añade que "las vidas de las mujeres, lesbianas y trans, de todas las edades en Catalunya, siguen enfrentándose a condiciones de desigualdad, injusticia y violencia expresada en múltiples formas" y que, por ello, "desde los espacios de base feministas" seguirán "juntas y organizadas" para continuar la lucha.

De 'Feminismes' a 'Feminisme'

Con la apertura de un nuevo ciclo político teñido de rojo socialista, la cartera de Igualtat i Feminismes ha pasado a manos de la exalcaldesa de Badia del Vallès, Eva Menor. A diferencia de Verge, la nueva consellera no cuenta con experiencia previa en el ámbito de género, pero sí está formada en derecho penal, laboral y de familia.

Un primer cambio que puede pasar desapercibido, pero que podría tener cierto impacto, es la eliminación de la "s" final de la palabra "Feminismes". El plural se utilizaba para destacar la diversidad de luchas que se entrecruzan con el feminismo, ya que no se buscaba solo la igualdad de género para las mujeres blancas y de clase alta. A estas alturas, la modificación parece inofensiva, pero las entidades se mantienen alerta para no olvidar la pluralidad de opresiones que afectan a las mujeres.

"La realidad del movimiento feminista catalán es muy diversa: entendemos los feminismos de todas y para todas las mujeres, compartimos saberes desde el anticapitalismo, el antirracismo, el anticapacitismo, el antimilitarismo, en defensa de la paz y la vida en todas partes... y esperamos que haber sustituido el nombre del departament del plural 'Feminismes' al singular 'Feminisme' no quiera cambiar este reconocimiento", advierte Càmara.

Asimismo, la activista también expresa el deseo "de que la nueva consellera continúe respetando las reivindicaciones presentes e históricas del movimiento feminista para trasladarlas a la institución y ampliar derechos". De momento, en su primera comparecencia en el Parlament, Menor anunció la creación de un servicio de atención a víctimas de ciberviolencia machista, especialmente dirigido a jóvenes.

¿Dónde quedan las políticas contra la LGBTI-fobia?

Tal como indicaba su nombre, Igualtat i Feminismes estaba conformado por dos pilares que deberían haber tenido el mismo peso a lo largo de la legislatura. Lamentablemente, no ha sido así. Según el presidente del Observatori contra l'LGBTI-fòbia, Eugeni Rodríguez, no han existido las "complicidades" que creían "necesarias" entre la administración y los operadores que trabajan para combatir las violencias hacia el colectivo y la atención a las víctimas.

"Valoramos muy positivamente el trabajo del departament en materia feminista, especialmente en un momento de auge de feminicidios, pero creemos que las políticas LGBTI han quedado en un segundo plano. La modificación de la ley 11/2014 contra la LGBTI-fobia cayó porque se adelantaron las elecciones", añade Rodríguez. Esta normativa, que justamente cumple 10 años este octubre, fue una gran victoria para el colectivo, pero las entidades llevan tiempo reclamando un nuevo texto para adaptarlo al escenario actual.

Principalmente exigen cuatro cambios: en primer lugar, más "interseccionalidad de las diferentes opresiones que sufre el colectivo LGBTI", es decir, tener más en cuenta aspectos como el racismo o la clase. En segundo lugar, la prohibición expresa y la sanción de las terapias de conversión. En tercer lugar, la reparación de las víctimas de delitos de odio "en la mayor amplitud", también a nivel simbólico. Y, por último, protección legal para los símbolos LGBTI. "Es necesario poder exhibirlos. No tienen nada que ver con banderas, son símbolos de libertad", precisa Rodríguez.

Para conmemorar el décimo aniversario de la ley, la nueva consellera, Eva Menor, visitó este lunes el Centro LGBTI de Barcelona y afirmó que los derechos del colectivo serán una "prioridad" para el nuevo ejecutivo, "para que todos los catalanes y catalanas puedan expresarse, vivir y ser como quieran ser".

En esta línea, Menor añadió que están trabajando en la redacción de un nuevo texto y que uno de los cambios que prevén es "un régimen sancionador útil, que ofrezca medidas de protección, de acompañamiento durante el procedimiento y de reparación de los daños causados" por las discriminaciones y delitos de odio. Asimismo, también dijo que impulsarán "políticas y acciones efectivas para potenciar su prevención".

Por su parte, Rodríguez revela a Público que el Observatori "tiene compromisos con el PSC" y que la consellera Menor los recibió "inmediatamente", en los primeros diez días de mandato. Su posición es prudente: "habrá que esperar para ver resultados, pero de entrada creemos que puede haber una buena sintonía".