La autoridad judicial al frente del Juzgado de Violencia sobre la Mujer Número 2 de Las Palmas de Gran Canaria ha decidido investigar al comisario provincial de la Policía Nacional en Santa Cruz de Tenerife, Luis Felipe San Martín, por amenazas graves y maltrato a su expareja.

Esta decisión se ha adoptado, según han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), tras la denuncia interpuesta por su expareja, que le acusa de actuar con violencia sobre ella. El investigado se ha personado este martes en el Juzgado, pero se ha negado a declarar.

"Lo siento mucho pero no puedo hacer declaraciones", ha señalado Luis Felipe San Martín, que se ha acogido a su derecho a guardar silencio al comparecer ante la jueza.

El comisario fue suspendido 

Según los hechos denunciados, Luis Felipe San Martín amenazó a la que era su pareja con su pistola reglamentaria, motivo por el cual fue suspendido cautelarmente de su puesto de trabajo en diciembre del pasado año.

La investigación la inició un juzgado de Santa Cruz de Tenerife a raíz de una denuncia presentada por el jefe de la Brigada Provincial de la Policía Judicial, quien supuestamente tuvo conocimiento de los hechos en el ejercicio de sus funciones, y quien trasladó a los investigadores de la Unidad de Atención a la Familia y la Mujer (UFAM) una memoria USB que contiene un vídeo y un fotograma en los que se demuestra que la mujer fue víctima de violencia machista.

Sin embargo, como la mujer es residente de la isla de Gran Canaria, el juzgado de Santa Cruz de Tenerife decidió inhibirse en favor del juzgado competente de Las Palmas de Gran Canaria.

En el vídeo, que fue grabado por la mujer sin que el comisario se percatara, se ve el arma y se le escucha a ella decir frases como "deja por favor, deja la pistola. Por favor, Luis" o "déjala y te digo la verdad", así como al comisario, quien le pide que le diga "la verdad". "Me dices la verdad, ¿qué pasó con él?, dímelo", se le oye decir.

En la instrucción del caso se ha aportado un nuevo vídeo a las pruebas, ordenando la magistrada un cotejo de la voz masculina que se escucha en los vídeos, así como que este peritaje lo realice la Guardia Civil.