Hanane hizo todo lo que se le pide a una víctima de violencia de género que haga para protegerse y para que el Estado actúe en su defensa. Denunció a su pareja por primera vez en 2019. Entonces, el juzgado de violencia de género de Cieza (Murcia) estableció una orden de protección y le impuso a él una orden de alejamiento. 

Volvió a denunciarlo en agosto de 2022 porque él se había saltado las medidas cautelares, y por lo que se abrió un segundo procedimiento en su contra. En mayo pasado fue condenado a diez meses de prisión y la prohibición de aproximación a Hanane, manteniendo vigente la orden de protección.

El pasado 14 de septiembre su hermano dio la voz de alarma al no encontrarla. Dos días después, la mujer fue hallada asesinada dentro de un pozo. Tal como afirman fuentes de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, Hanane, de 35 años, presentó hasta tres denuncias contra su expareja. Sin embargo, esto no evitó que fuera asesinada.

Qué falló en su protección es algo que aún no está claro y que será analizado con minuciosidad el próximo 4 de octubre en una nueva reunión del comité de crisis que integra a representantes de las comunidades autónomas, ministerios (Igualdad, Interior, Justicia) y a la Fiscalía especializada en violencia hacia las mujeres.

Se trata de la sexta reunión de este comité desde diciembre del año pasado (el quinto en lo que va de 2023). El comité se convoca cada vez que en un solo mes se registran cinco o más feminicidios por razón de género. Entre sus funciones está la de analizar caso por caso los posibles fallos del sistema que han conducido al asesinato de las mujeres y proponer soluciones y medidas que puedan servir para mejorar la protección de las víctimas en el futuro. 

Desde principios de año hasta el 25 de septiembre, el número de mujeres asesinadas por violencia de género se eleva a 49, igualando la cifra a la que se registró en todo el 2022. El incremento en el número de víctimas, además, supone un cambio de tendencia: en el año 2021 se produjeron también 49 asesinatos, uno menos que en 2020, lo que hace del pasado trienio (2020, 2021 y 2022) el que menos víctimas se contabilizaron desde que existen registros (2003).

Septiembre negro: el segundo peor de la historia

Este septiembre está siendo particularmente cruento en relación a dichas violencias. El número de feminicidios de género reconocidos por Igualdad en lo que va de mes asciende a nueve, una cifra que sólo fue superada en septiembre de 2018, cuando se registraron diez de estos asesinatos. Sin embargo, existen aún dos casos bajo investigación, lo que podría incrementar esta cifra en los próximos días si se confirma que fueron cometidos por las parejas o exparejas de las víctimas.

Si se analiza la gráfica sobre asesinatos machistas (arriba), a 25 de septiembre de este año se habían producido 16 asesinatos más que en el mismo período de 2022. Un incremento que supone un cambio de tendencia y que ha echo saltar las alarmas. Se trata de una tendencia sostenida a lo largo de los últimos tres meses.

Julio acabó con ocho asesinatos, agosto sumó otros siete y lo que va de septiembre registra otros nueve. En total de 24 asesinatos registrados en los tres meses de verano. Desde que se registran datos (2003) han sido asesinadas en nuestro país un total de 1.233 mujeres a manos de sus parejas o exparejas. 

¿Dónde están los fallos?

Determinar las grietas del sistema que impiden acabar con los feminicidios íntimos no es una tarea fácil. Tal como advierten las expertas en este tipo de violencia, se trata de un conjunto de factores. Sin embargo, tras los cinco comités de crisis realizados este año, algunos de estas fallos en el sistema de protección se han puesto sobre la mesa.

Uno de ellos es la falta de coordinación entre distintas administraciones o instituciones. Varios de los comités de crisis han puesto de manifiesto la necesidad de una mayor y mejor coordinación. Ente ellas, la policial. El asesinato de Maialen el pasado mayo en Vitoria es un ejemplo de ello. Su expareja, Jaime Roca, la asesinó en la habitación de un hotel en presencia de su hijo de tres años. Ella tenía una valoración policial del riesgo extremo y él una orden de alejamiento que burlaron cuando se desplazaron hasta Vitoria desde otra comunidad autónoma.

Tal era el riesgo, que un dispositivo de la policía valenciana acompañó a la mujer hasta Euskadi y dejó su caso en manos de la Ertzaintza, un cuerpo que, al igual que ocurre en Catalunya con lo Mossos, tiene su propio sistema de valoración del riesgo, separado del Viogén, que utiliza la Policía en casi todo el territorio nacional. 

La reconstrucción de los fallos en este asesinato llevó al Ministerio de Interior a organizar una reunión de urgencia con la Ertzaintza para cerrar las posibles grietas de información y protección. 

Viogén, el sistema de valoración del riesgo policial de violencia de género, es un instrumento importante en la protección de las mujeres. Una serie de preguntas realizadas a la propia víctima evalúan el riesgo de que la mujer vuelva a ser agredida por su pareja en función de diversos parámetros. El resultado es una valoración que va desde el riesgo inexistente hasta el riesgo extremo, pasando por el bajo, medio o grave. Según esta valoración, se establecen medidas de seguimiento policial de la mujer. Los casos extremos requieren de una vigilancia policial constante.

Esta herramienta ha sido modificada en diversas ocasiones para mejorar la predicción. Sin embargo, como han resaltado algunos expertos, la herramienta no es infalible y que siguen existiendo agujeros.

Tal como explicó a Público Antonio Andrés Pueyo, catedrático de psicología de la Universidad de Barcelona y que participó en distintas fases de su puesta en marcha, "el Viogén es un sistema que sirve para valorar cualquier riesgo de violencia contra la pareja que sea medianamente grave". Sin embargo, manifiesta este experto, predecir los asesinatos es algo complejo por ser "poco frecuentes" dentro de las estadísticas y por el hecho de que "solamente denuncian a la policía un 20% de las mujeres que han sido asesinadas, por lo que tenemos un 80% de mujeres que no han denunciado y sobre las cuales el protocolo no puede acertar ni no acertar, porque no tiene conocimiento".

Grande-Marlaska promete cambios pero no se materializan

Tras el primer comité de crisis por acumulación de asesinatos en diciembre pasado (se produjeron 12 feminicidios en ese mes), la delegada del Gobierno contra la violencia de género, Victoria Rosell, afirmó que una de las conclusiones de la reunión fue que "el sistema de Viogén puede y debe ir más allá en el tiempo y recopilar más datos sobre los agresores". Igualdad pidió, además, medidas a Interior y a Igualdad para que la vigilancia recayera sobre el agresor y no sobre la víctima.

Ese mismo mes de diciembre, el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, organizó una rueda de prensa y anunció a bombo y platillo que su departamento estaba trabajando en mejoras en Viogén, como la posibilidad de avisar a las mujeres que están en relaciones con hombres que estén o hayan estado en esta herramienta por denuncias de parejas anteriores. Una medida que casi diez meses después de su anuncio, aún no se ha puesto en marcha.

Desde Igualdad llevan meses insistiendo, además, en que Viogén sea compartida con otros servicios, como los servicios sociales, el sanitario o el educativo, puntos de entrada todos de la necesaria detección de posibles víctimas de la violencia machista. "Tenemos la obligación de detectar la violencia de género y de poner todos los medios, protocolos y formación para ello", añadió Rosell. Sin embargo, hasta la fecha no se ha anunciado una ampliación o cambio en el sistema de detección policial del riesgo en este sentido.

Se necesita voluntad política para acometer cambios

Cada uno de los comités de crisis por violencia de género realizados hasta la fecha ha propuesto una serie de medidas o políticas para cerrar las grietas del sistema por las que algunas mujeres acaban asesinadas. 

Algunas de las medidas propuestas han sido el control más férreo en la concesión y renovación de licencias de armas, al constatar que algunas de las víctimas habían sido asesinadas por disparos; la necesidad de poner en marcha protocolos policiales o judiciales a la hora de que las mujeres acudan a su hogar a recoger enseres personales cuando se decretan alejamientos del maltratador o que la víctima vaya a una casa de acogida.

Otras de las medidas propuestas incluyen una especial protección cuando la mujer que denuncia está embarazada, puesto que se ha detectado que muchos feminicidios ocurren en ese momento. 

No son medidas de implantación automática. Una vez acordadas en los comités de crisis, deben ser ratificadas en las reuniones sectoriales que Igualdad realiza periódicamente con las diversas comunidades autónomas. Tal como afirman fuentes del Ministerio, ninguna de estas medidas han sido rechazadas, pero manifiestan dificultad a la hora de explicar cuáles de ellas efectivamente se han llevado a la práctica.

En nuestro país, las competencias en relación a la violencia de género se encuentran transferidas a las comunidades autónomas, así como la mayor parte de los fondos para ponerlas en marcha. Por tanto, muchas de ellas dependen de la voluntad y capacidad autonómicas para llevarlas a cabo.

En una comparecencia reciente ante los medios de comunicación, la Secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez, preguntada por cuántas de las medidas acordadas en los diversos comités de crisis se habían puesto en marcha, aseguró que el Ministerio ha ido avanzando en las medidas que les son propias y cambiando protocolos pero que la responsabilidad de avanzar depende de las diversas instituciones que forman el Estado, desde las comunidades autónomas  hasta los ministerios de Justicia o de Interior. Una clara advertencia de resistencias a la hora de poner en práctica algunas de las medidas acordadas.

"Este comité tiene utilidad cuando nos tomamos en serio las medidas", advirtió Rodríguez a principios de septiembre tras la celebración de la última reunión del comité de crisis.

En esta misma línea han ido las críticas de diversas expertas a lo largo de los últimos meses, denunciando la laxitud de algunas instituciones a la hora de adoptar medidas o financiar de forma efectiva los servicios de prevención de la violencia de género. 

Acuerdos con la ultraderecha, un lastre

Los acuerdos de gobierno del Partido Popular en diversas comunidades autónomas con la ultraderecha negacionista de la violencia de género (gobiernan conjuntamente en cinco autonomías y en más de cien ayuntamientos) también han hecho saltar las alarmas.

"El discurso negacionista influye directamente en la protección
de las mujeres. España es un referente en la lucha contra la violencia
de género y no podemos ni debemos retroceder", afirmó Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, en la apertura del año judicial. 

En la misma línea se manifestó la Fiscal de Sala Delegada de la Violencia sobre la Mujer, Teresa Peramato, en una reciente entrevista a Público. "Si la legislación es la misma, los profesionales somos los mismos y estamos cada vez más formados y las instituciones funcionan igual, ¿Qué explica estos repuntes y el bajo índice de alertas previas?", se pregunta Peramato.

Y se respondió: "La causa principal hay que buscarla en la expansión del mensaje que niega la violencia de género y que está calando y dando alas y empoderamiento a los agresores y minando la capacidad de las víctimas para recurrir a las instituciones".

"El mensaje negacionista está en alza, por eso es más necesario que nunca afirmar que la violencia de género existe y es una realidad cotidiana", añadió Peramato.