Las negociaciones en el seno de la Unión Europea para llegar a acuerdos comunes sobre la violencia de género siguen adelante, pero a lo largo de los últimos meses las expectativas sobre la consideración de estas violencias se han visto seriamente diluidas. En septiembre de 2021 el Europarlamento aprobó mayoritariamente con 427 votos a favor, 119 en contra y 140 abstenciones (incluidos los votos de los representantes del PP español) que la violencia de género fuera considerada como un eurodelito, poniéndolas a la altura de cuestiones como el terrorismo o la lucha contra el tráfico de drogas.

Hoy la propuesta cuenta con 1.800 enmiendas que están siendo negociadas, pero algunos puntos han quedado ya claros. Por ejemplo, que la denegación a realizar abortos no estará incluida en la futura directiva como un delito. Así lo han afirmado un grupo de europarlamentarias de diversos partidos políticos, entre las que se encontraban Rosa Estarás (PP), Lina Gálvez (PSOE) y Margarita de la Pisa (Vox). Tanto Estarás, como Pisa, son partidarias de que el aborto quede fuera de las negociaciones de la futura directiva. De no aceptarse las enmiendas que piden su inclusión, la denominación de los delitos podría quedar restringida en la nueva directiva a tres tipo de delitos: la violación, la mutilación genital femenina y el ciberacoso.

Otras pretensiones del Parlamento, como el de ampliar esta consideración a otras áreas como la prostitución o el proxenetismo, han sido también descartadas en las negociaciones que tendrán lugar en los próximos meses con la Comisión y el Consejo. 

Tal como explica la eurodiputada María Eugenia Rodríguez Palop a Público, "intentamos que la violencia hacia las mujeres sea considerada un eurodelito y hemos fracasado. La Comisión ofreció resistencia y el Consejo tampoco ha trabajado en esta dirección. Finalmente la Comisión ha ofrecido la solución de una directiva para luchar contra la violencia contra las mujeres. Que es relativamente completa".

A su entender, el hecho de que la Unión Europea esté a punto de ratificar el Convenio de Estambul, firmado por la institución en 2017, pero que no había sido ratificado aún por la negativa de distintos estados, puede suponer, junto con la directiva, un avance  importante en materia de violencia de género en el entorno Europeo.

Delitos comunes con penas compartidas

A día de hoy, la propuesta de directiva en materia de violencia de género contempla tipos penales comunes para delitos relacionados con el ciberacoso, la mutilación genital femenina y la violación. En este sentido, el texto establece para la violación una pena máxima que no pueda estar por debajo de los ocho años y que se incremente a los diez en el caso de existir agravantes. También establece que el plazo de prescripción de estos delitos deberá ser, al menos, de 20 años desde la comisión de los hechos.

Lo mismo ocurre en los casos de mutilación genital femenina, cuya pena máxima no podrá ser inferior a los cinco años o incrementarse en dos años más si existieran agravantes.

Aborto, prostitución y vientres de alquiler se quedan fuera

A pesar de la  voluntad del Parlamento Europeo, que abogaba por hacer una legislación europea mucho más amplia en materia de violencia de género, muchos de los temas se han quedado fuera y no entrarán en la directiva. Entre ellos los que tienen que ver con el aborto, el proxenetismo, la prostitución o los vientres de alquiler, entre otros. Tal como explican diversas eurodiputadas, la base legal sobre la que se construye esta directiva contra la violencia de género y la violencia doméstica es extremadamente estrecha, asentada únicamente sobre dos tipos de delitos considerados como eurodelitos por la UE: los delitos informáticos (ciberdelincuencia) y la trata. 

Así, otros temas que se han intentado introducir desde el Parlamento, como el de ampliar tipos penales, incluir el matrimonio o la esterilización forzada y una visión más amplia de las agresiones sexuales en el marco de la Unión Europea, no parece que tengan visos de ser incluidos en la directiva, aunque serán negociales con la Comisión y el Consejo en próximas reuniones.

Distintas varas de medir

Algunas diputadas afirman, además, que la parte penal propuesta en la futura directiva no es seguro que salgan adelante. Tal como advierte Rodríguez Palop hay 22 países en el Consejo que se oponen al mantenimiento de la parte penal de la directiva y quieren erradicar lo que tiene que ver con la violación. "Si las negociaciones no salen bien, puede acabar sobreviviendo sólo lo que se refiere a la ciberviolencia".

Además, excepto España y Suecia, que tienen leyes específicas contra la violencia de género, la mayoría de los países europeos tienen denominaciones muy diferentes para nombrar y medir la violencia hacia las mujeres, por lo que si no se aprueba la parte penal de la directiva, podría complicar la recolección de datos homologados, algo que ocurre ya hoy en día. 

Los últimos datos conocidos (de 2014) afirman que el 33% de mujeres en la UE sufren violencia física y un 22% violencia de género. El ciberacoso está extendidísimo y una de cada 20 europeas declara haber sido violada. Una de cada tres refiere ha sufrido violencia sexual.​