El juzgado de guardia de Vitoria ha decretado este martes el ingreso en prisión del presunto asesino de la mujer embarazada en esta misma ciudad. Tras su detención en Zaragoza, el hombre ha pasado a disposición judicial esta mañana.

A la vez que tenía lugar la declaración del presunto asesino en el juzgado, la Asociación Clara Campoamor, protectora de mujeres víctimas de violencia machista, ha denunciado la posibilidad de que la víctima no estuviese bien protegida. Son las circunstancias que rodean el caso de violencia machista las que han despertado las alarmas.

La Ertzaintza conocía desde finales de enero la situación en la que se encontraba la pareja, según ha confirmado el consejero de Seguridad del Gobierno Vasco, Josu Erkoreka. El asunto fue trasladado al juzgado de Torremolinos, en Málaga, que dictó una orden de alejamiento, ya que sobre el presunto asesino existían dos denuncias por malos tratos en Castelló y en Torremolinos.

Diez días antes de ser asesinada, la mujer aseguró a la Ertzaintza que el quebrantamiento de la orden de alejamiento era "consentido", puesto que ya no se sentía en peligro. En enero, cuando las fuerzas de seguridad del Estado la tenían calificada como mujer en alto riesgo, hizo las mismas declaraciones a la Policía vasca.

La acusación popular, ejercida por la asociación Clara Campoamor, considera que, dadas las circunstancias, el cálculo del riesgo bajo el que se encontraba la mujer "ha fallado". En esa línea, ha añadido que lo que importa ahora no es que el autor del delito haya sido detenido, sino la última evaluación que se hizo del riesgo de la víctima.

El abogado de la asociación, José Miguel Fernández, ha lamentado que "ella vino a Euskadi con una evaluación especial -que implica una situación de gravedad- y aquí no se adoptaron medidas". También ha denunciado las declaraciones de Erkoreka, que ha reconocido que la víctima se vio con su exmarido dos veces después de la imposición de la orden de alejamiento, la cual, según la mujer, estaban "trabajando para retirar" porque quería mantener la cercanía con su expareja.

Consentido o no, es un delito

El quebrantamiento de una orden de alejamiento es un delito, sea bajo consentimiento o no. En los primeros años de aplicación de la Ley integral contra la violencia de género, aprobada en 2004, hubo criterios dispares en los tribunales al respecto, pero la sala segunda del Tribunal Supremo aprobó un acuerdo de pleno no jurisdiccional en 2008 en el que dejó claro que "el consentimiento de la mujer no excluye la punibilidad a efectos del artículo 468 del Código Penal".

Según dicta el artículo, aquella persona que rompa "su condena, medida de seguridad, prisión, medida cautelar, conducción o custodia serán castigados con la pena de prisión de seis meses a un año si estuvieran privados de libertad, y con la pena de multa de 12 a 24 meses en los demás casos".

Al respecto, la familia de la víctima ha pedido que "que no se busquen más culpables que quien decidió cometer este atroz acto, porque no sería justo ni ético".

También han pedido a los medios de comunicación que informen con responsabilidad, sin dejarse llevar por el morbo o el sensacionalismo, ya que los hijos de la víctima podrían sufrir las consecuencias. En especial han pedido respeto por la hija de la mujer: "Por ella, para que podamos criarla en un ambiente de amor infinito, pedimos empatía y respeto a su identidad y su vida privada".

A su vez, los familiares han agradecido "de corazón las muestras de cariño recibidas" por "todos los vecinos y vecinas de Vitoria", así como "el apoyo cercano y sincero" recibido por las autoridades.