Un año después de la salida de Turquía del Convenio de Estambul, continúa la erosión de medidas institucionales contra la violencia machista en el país, según denuncian varias organizaciones feministas. El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, argumentó la salida del tratado por su impacto negativo en "la estructura familiar", al describir las relaciones de personas que viven juntas, sin especificar si están casadas. Aseguró que el pacto "promueve la homosexualidad" porque el texto señala que no se debe discriminar a las víctimas por su "orientación sexual", a pesar de que el Convenio no asiste específicamente a las personas LGBTI.

La decisión de Ankara provocó protestas multitudinarias en todo el país y el rechazo de partidos opositores y organizaciones de la sociedad civil. Por su parte, el Gobierno turco prometió la creación de un tratado propio contra la violencia machista, ajustado a los "valores nacionales", sin dar más detalles. Su propuesta no se llevó a cabo sin embargo, este mes Erdogan ha sacado de nuevo a la palestra un debate sobre los valores familiares y la homosexualidad.

El mandatario turco quiere introducir una enmienda constitucional que proteja a los matrimonios de "tendencias perversas" y aleje a las familias de "modas internacionales" como el matrimonio entre personas del mismo sexo. Pese a que aún no se conocen los detalles de la reforma, organizaciones feministas temen que se trate de una medida para reducir los divorcios y proteger la estructura familiar.

El Gobierno lo intentó anteriormente con una propuesta de ley fallida, que pretendía introducir un mediador religioso para las parejas que solicitaran un divorcio. "Nos oponemos rotundamente a esta propuesta constitucional. El Estado no puede moldear a las familias. Estos debates son el resultado de la hostilidad hacia la comunidad LGBTI y de las políticas que quieren reducir a la mujer a ser solamente una familia", explica Selime Büyükgöze, miembro de la organización feminista Mor Çati. "En lugar de decir que no quieren que las mujeres sean libres, intentan encarcelarlas con políticas familiares a la vez que discriminan a las personas LGBTI, porque no pueden prohibir su existencia", añade.

Por su parte Gamze Aslan, abogada que trata casos de violencia machista, cree que el Gobierno intenta polarizar a la sociedad con debates culturales y sociales para mantener el apoyo de los sectores más conservadores de la sociedad. "Dicen que quieren prevenir el matrimonio entre homosexuales pero esta cuestión nunca ha sido un debate en Turquía. La comunidad LGBTI lucha por ser respetados como cualquier ciudadano. Las mujeres por sus derechos. Han creado una polémica sobre la familia de la nada", explica Aslan.

Los medios de comunicación que apoyan al Gobierno, señalan que la enmienda constitucional es necesaria para defender a las familias no solo de la comunidad LGBTI, también del movimiento feminista que supuestamente es el culpable de separar a las familias y de arruinar a los hombres que tienen que pagar la manutención de sus hijos. "Una de las estrategias del Gobierno es provocar una constante polarización de la sociedad. Intentan separar a los partidos opositores con estas cuestiones. Ya sean los salarios, la conversión en mezquita de Santa Sofía o con el Convenio de Estambul", explica Berk Esen, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Sabanci de Estambul. "Erdogan saca estas cuestiones de una en una. No son cuestiones que apoyen toda la gente pero le asegura una parte importante del voto más conservador", detalla.

Reducción de penas por arrepentimiento

A mediados de marzo, el Gobierno introdujo una modificación de la ley que ha sido duramente criticada por juristas. El paquete legislativo iba destinado a combatir la violencia contra las mujeres y criminaliza por primera vez la "persecución persistente" en casos de acoso y desestima algunas consideraciones para reducir las penas en caso de feminicidio, como el buen comportamiento durante el juicio.

Sin embargo, mantiene que los jueces pueden reducir una sentencia si el agresor muestra arrepentimiento. "La reducción de penas porque el agresor se arrepiente o porque la mujer lo provocó es constante en Turquía. Creo que no se debería dejar tanto margen a los jueces para decidir y las leyes deberían ser más específicas. Una provocación nunca puede ser el motivo de un asesinato, sin embargo, se reducen sentencias con este argumento", señala la abogada Aslan.

Esta jurista alerta sobre otros errores judiciales, como desestimar investigaciones de feminicidios que se encubren como supuestos suicidios. Desde el 1 de enero de este año, 296 mujeres han sido asesinadas, según datos de Bianet, un medio que lleva una década recopilando datos sobre estos casos, en ausencia de cifras oficiales. La misma investigación señala que en lo que va de año, 169 mujeres han muerto en circunstancias "sospechosas". "En Turquía ocurre que algunos feminicidios se encubren como suicidios y dejan impune al autor del crimen. Los asesinos testifican que fue un suicidio y a veces la familia apoya su testimonio. Se cierra el expediente y nadie ordena investigarlo", asegura Canan Arin, abogada que cubre casos de violencia machista.

Un informe reciente de Human Rights Watch alerta que muchos de los errores institucionales contra la violencia machista se producen en el proceso de prevención y protección de la víctima. "Si una orden de alejamiento es efectiva, por lo general se debe a que un abogado decide representar a la mujer y presiona simultáneamente varias instituciones para que se procese al agresor", señala el informe. "HRW descubrió que se ha convertido en una práctica común que las mujeres, familiares de víctimas o abogados acudan a las redes sociales para exigir una acción decida por parte de las autoridades para contener al agresor".

La organización Mor Çati, coincide con esta denuncia y señala que en muchas ocasiones, los policías intentan disuadir a las mujeres para que no denuncien o no se llega a aplicar una protección plena. "Cada institución funciona de forma independiente y obliga a las mujeres a dar vueltas buscando ayuda para luchar por sus derechos. Además la policía a veces no acepta la denuncia, la tramita de forma incorrecta o intenta reconciliarla con su agresor", señala Büyükgöze. "Los mecanismos de seguimiento de una denuncia fallan y también es difícil denunciar y multar una mala praxis", añade.

Organización feminista a juicio

Las protestas feministas son a día de hoy la demanda social que más gente reúne en las calles de Turquía, con miles de mujeres exigiendo la mejora de sus derechos. Las organizaciones feministas han sido objetivo, como otras instituciones de la sociedad civil, de ataques de la Policía, detenciones y persecuciones judiciales. En abril la Fiscalía de Estambul pidió el cierre de Pararemos los Asesinatos de Mujeres, una de las mayores organizaciones feministas del país, por intentar "desintegrar la estructura familiar al ignorar el concepto de familia bajo el pretexto de defender los derechos de las mujeres".

La organización, que cuenta con cerca de 1.000 miembros en todo el país y que asiste legalmente a víctimas y familiares de víctimas de violencia machista, reivindica su existencia y considera la petición de cierre como un ataque a toda la sociedad. "Esto es un ataque contra todas las mujeres de Turquía, contra todos los movimientos sociales y toda la opinión pública democrática", señaló en un comunicado Fidan Ataselim, una de las líderes de la organización. "Intentan de nuevo polarizar la sociedad. Intentan marginalizar nuestro movimiento pero no podrán porque somos una organización que saca su poder del pueblo", concluye Ataselim.