Pruebas de embarazo obligatorias para azafatas, el requisito de resultar "atractiva" para acceder a un puesto de trabajo o las muchas acusaciones de agresión sexual en el mundo del deporte y del cine son algunos de los ejemplos conocidos que demuestran que el ámbito laboral no siempre es un espacio seguro para las mujeres. Lo que no trasciende viene a ser la cotidianidad: los piropos, las insinuaciones indeseadas o los acercamientos incómodos. Estos hechos han ocurrido siempre, pero ahora, los feminismos han obligado a las instituciones a ponerlos en el foco.

Entre 2018 y 2022 –último año del que hay datos disponibles–, se han incrementado un 17,2% las actuaciones de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS) relacionadas con acoso sexual. Así lo evidencia el análisis de Público de los datos recogidos en los informes anuales del Organismo de ITSS del Ministerio de Trabajo y Economía Social (MITES) correspondientes a esos años.

En total, Inspección de Trabajo ha realizado 3.404 actuaciones en este ámbito en los últimos cinco años. En ellas se incluyen las motivadas por episodios de acoso sexual en el ámbito laboral y las que tienen como objeto infracciones relacionadas con los protocolos que las empresas deben elaborar para dar respuestas efectivas a este fenómeno.

En el caso concreto de las inspecciones por acoso sexual, el incremento ha sido de 5,5% en cinco años. Un porcentaje aún tímido que, sin embargo, revela una progresiva tendencia al alza, auspiciada por un –todavía incipiente– aumento de las denuncias y una mejora del marco legal que las sustenta, confirma a Público Irene Marín, subdirectora general para la coordinación de la Inspección del Sistema de Relaciones Laborales del MITES. De todo el periodo analizado por este periódico, el correspondiente al año 2019 fue en el que se registró un mayor número de actuaciones por casos de acoso sexual: un total de 451.

La llegada de la pandemia al año siguiente supuso la ralentización de toda la actividad económica y laboral. Esto, explica Marín, "afectó de lleno al contenido y orientación de la actuación inspectora", y tuvo como resultado una reducción importante del número de inspecciones.
Además, uno de los sectores más afectados por la pandemia y por las sucesivas olas de "nueva normalidad" fue el de los servicios, en el que, confirma la subdirectora del Ministerio de Trabajo y Economía Social, "se han contabilizado más denuncias por acoso sexual".

Si se mira el organigrama de una empresa, la fórmula más habitual en la que se da este fenómeno, es de arriba a abajo, según coinciden las fuentes sindicales consultadas. Es decir, de un superior o jefe a una subalterna o empleada. "Los acosadores juegan con el miedo de las trabajadoras a perder el puesto de trabajo", razona Ana Ercoreca, presidenta del Sindicato de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social, quien confirma que la mayoría de los casos que ha encontrado durante su actividad inspectora cumplen con este patrón.

Tener claro cómo prevenir, contener y sancionar el acoso sexual en el ámbito laboral resulta clave para combatir el secretismo y la impunidad que habitualmente ha caracterizado este fenómeno. Para ello resulta esencial la elaboración de protocolos de acoso sexual que recojan esas tres claves para hacer frente a la problemática.

Entre 2018 y 2022, las inspecciones de trabajo motivadas por incumplimientos de los protocolos de acoso sexual se incrementaron un 23,8%, alcanzando su máximo en 2022, con 407 actuaciones. Detrás de este incremento está la aprobación del Real Decreto 901/2020 por el que se regulan los planes de igualdad y su registro, que desde 2022 obliga a las empresas de más de 50 trabajadores a incluir estos protocolos en sus planes de Igualdad.

Sindicatos e Inspección consideran que esta norma ha sido uno de los muchos avances jurídicos en esta materia que han tenido lugar en la última legislatura y que han impulsado un marco legal que pone el foco en las violencias machistas en todos los ámbitos de la vida.

Entre ellos también destaca la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual, que ha creado "un nuevo marco de obligaciones empresariales para la prevención, sensibilización y actuación en las empresas frente al acoso sexual", explica Irene Marín. En su artículo 12, la conocida como ley del 'sí es sí', obliga a las empresas a llevar a cabo campañas de sensibilización, formaciones para la protección contra las violencias sexuales y una evaluación de los riesgos de violencia sexual de cada puesto de trabajo.

Si bien todo ello ha dado como resultado un aumento de las inspecciones en materia de acoso sexual, las expertas consultadas coinciden en que estas son, todavía, escasas. A modo de ejemplo, mientras que en 2022 se contabilizaron 403 inspecciones laborales relacionadas con episodios de acoso sexual, durante el mismo año tuvieron lugar 51.151 actuaciones relacionadas con transgresiones normativas del contrato de trabajo, y unas 30.352 con el tiempo de trabajo.

Esto se debe, por un lado, al abundante número de infracciones relacionadas con estas dos últimas cuestiones. Pero también al hecho de que "son las más denunciadas", explica la inspectora Ana Ercoreca, quien además evidencia que "la actuación inspectora responde a lo que la sociedad va demandando y denunciando". No ocurre lo mismo con los casos de acoso sexual, que se inician mayoritariamente después de una acusación. Y de estas "todavía hay muy muy pocas", aporta Cristina Antoñanzas, vicesecretaria general de UGT.

Miedo a denunciar y dificultad para investigar

Denunciar una situación de acoso sexual en el ámbito laboral no es fácil. A los miedos habituales vinculados a denunciar este tipo de hechos se les suma el de ser desacreditadas, criminalizadas o incluso despedidas. Por eso, "lo que vemos en la mayoría de las ocasiones es que antes [que poner una denuncia], las mujeres se van de su puesto de trabajo", asegura la vicesecretaria de UGT.

Para Irene Marín, que se mantenga el anonimato de la denunciante es fundamental para evitar las represalias. En este sentido, recuerda la aprobación de la Ley 2/2023 de protección del denunciante, por la que "se crea un canal de denuncias con garantías de confidencialidad y que permite, en el ámbito interno de las empresas, la presentación de denuncias anónimas". Además, "en el caso de que una empresa despidiera a una trabajadora por aseverar que esta los ha denunciado, se consideraría despido nulo por represalias", añade Ercoreca.

Aún así, el riesgo de exposición disuade a muchas víctimas de acoso sexual de denunciar. Y es en las pequeñas empresas, pymes o micropymes, en las que este se hace más evidente, analiza Antoñanzas. Es decir, más del 90% de las compañías activas en este momento en España. La mayoría de estas empresas, además, no tienen la obligación de desarrollar protocolos de acoso sexual. A falta de estos, la medida estrella en ellas suele ser "mandar a las trabajadoras a casa unos días y cambiarlas de puesto de trabajo", añade Antoñanzas.

Sin medidas ni estrategias claras para atajar esta problemática, las trabajadoras terminan descartando la denuncia. Y sin estas, el trabajo de la Inspección se vuelve aún más complicado. "Es muy difícil probar el acoso sexual", advierte la inspectora Ana Ercoreca. Según explica a Público, estas actuaciones "requieren de mucho tiempo de investigación y de un trato y una sensibilidad especial con la víctima".

A veces, "la ausencia de testigos o el miedo de estos a hablar con los funcionarios complican la constatación de los hechos". Por ello es fundamental que la víctima recopile el mayor número de pruebas posibles, desde WhatsApp hasta grabaciones y testigos. Esta información está raramente disponible en las inspecciones que se llevan a cabo de oficio: "O hay un caso muy flagrante o es casi imposible de detectar el acoso sexual en ese momento".

Con todas las pruebas en la mano, son muchas las ocasiones en las que los hechos ocurridos terminan cruzando la línea de la infracción administrativa al delito penal, reconoce Ercoreca. En estos casos, "la mayoría" según su experiencia, terminan siendo derivados al Ministerio Fiscal.

La línea que divide la infracción del delito

El 20 de agosto de 2023 fue el día en el que la Selección española femenina de fútbol ganó, por primera vez, la Copa Mundial Femenina de Fútbol de 2023 celebrada en Australia. Este día histórico para el deporte femenino también será recordado por el beso no consentido –y televisado– de Luis Rubiales, ex presidente de la Federación Española de Fútbol, a Jennifer Hermoso, capitana del equipo.

A efectos prácticos, Rubiales era en aquel momento, el "jefe" de la futbolista. Pero la gravedad de los hechos que se estudian –agresión sexual– son de tipo penal, y llevaron el caso a instancias judiciales superiores.

Este caso dio pie al movimiento "Se acabó", en el que miles de mujeres denunciaron en redes sociales las muchas situaciones de acoso sexual, discriminación e incluso agresión se habían visto expuestas en el ámbito laboral.

Casos como el de Rubiales y otros graves como las acusaciones de violencia sexual contra Carlos Vermut hechas por tres mujeres –una de ellas, una exempleada–, se han iniciado directamente por la via penal. Es decir, que no pasan por Inspección de Trabajo. Esta es otra de las razones que arguyen las expertas consultadas para explicar el reducido número de actuaciones relacionadas con el acoso sexual en el seno de la Inspección de Trabajo.

En otros muchos casos, son los propios inspectores los que, tras evaluar la gravedad de las hechos y sospechar que se ha podido cometer un delito penal, elevan el caso a la Fiscalía. "Es un juez quien tiene que determinar si lo ocurrido es delito o no".

Las actuaciones de la Inspección que terminan siendo derivadas a Fiscalía están recogidas en las cifras del informe anual del ITSS utilizadas para este análisis, confirma el MITES, aunque se desconoce el porcentaje exacto de estas inspecciones terminaron en los juzgados.