El derecho a la anticoncepción en España depende del lugar donde vivas. Un mapa sobre la situación del acceso a la anticoncepción en nuestro país sitúa a Castilla-La Mancha, Castilla y León y Euskadi como las comunidades autónomas a la cola en la garantía de este derecho. En la otra cara de la moneda está el Gobierno de Aragón especialmente atento, el de La Rioja y el de Catalunya que los sigue de cerca.

Así lo valora el último informe de SEDRA-Federación de Planificación Familiar, ONG que vela por los derechos reproductivos y la salud sexual. La organización lo ilustra a partir de un atlas interactivo donde se puede comparar comunidad a comunidad los servicios ofrecidos en este ámbito por cada servicio regional de salud.

La investigación Desniveles en la ruta: el estado de la atención a la anticoncepción en las comunidades autónomas examina en cada región las diferencias en el acceso, incluyendo políticas anticonceptivas, servicios ofrecidos, eficiencia organizativa, información disponible, eliminación de costes, anticoncepción de emergencia gratuita, formación continua para profesionales y herramientas para mejorar la práctica asistencial.

Hay que tener en cuenta que las mujeres son las más afectadas cuando no se garantiza adecuadamente el derecho a la anticoncepción. Son ellas, tal y como explica este reportaje, las que se ven obligadas de manera sistemática a acudir a los servicios de salud en busca de métodos contraceptivos.

Más formación a matronas y más publicidad del servicio

"Las comunidades que no van bien en anticoncepción son aquellas que no tienen ni políticas específicas ni forman a sus profesionales. De esta manera, todo lo que tiene que prescribirse acaba en atención hospitalaria y las mujeres se encuentran con una cola de 10 meses para que te vea un ginecólogo y te ponga un método anticonceptivo", explica Raquel Hurtado, portavoz de la ONG.

Desde la organización consideran indispensable establecer un eje que estructure las políticas de anticoncepción en paralelo la mejora de los servicios de atención. ¿Cómo se mejoran estos servicios? La idea es mantener una atención primaria fuerte, con matronas formadas, que puedan ocuparse de atender a las usuarias. "Las comunidades que tienen políticas escritas y un buen circuito con profesionales formados van estupendamente. Forman muy bien a las matronas, que se ocupan de la anticoncepción sin cargar a la Atención Primaria. Es el caso de Aragón, que es donde mejor funciona el sistema", apunta Hurtado.

Centralizar la atención anticonceptiva en la Atención Primaria y, en especial, en las matronas, reduciría las listas de espera y aumentaría la calidad del servicio. El estudio menciona que sean las propias matronas las que realicen prescripciones o coloquen dispositivos intrauterinos como el DIU.

Por otro lado, se evalúa positivamente la publicidad de estos servicios. "Aragón cuenta también con páginas web y materiales sobre el circuito de atención, de forma que yo no solo tengo a alguien que me atienda bien (la matrona) sino que además sé donde tengo que ir para que me atiendan bien. Eso se suma a una formación continuada y un sistema de mejora que evalúa el servicio", reafirma Hurtado.

Ocho comunidades sin planes específicos

Aunque la anticoncepción está incluida de manera general en la Cartera de Servicios de las comunidades autónomas de España, solo algunas tienen un programa específico para atención anticonceptiva o salud sexual. Estas son: Aragón, Asturias, Catalunya, Canarias, País Valencià, La Rioja y la Región de Murcia.

Galicia y la Comunidad de Madrid han tratado de estandarizar la práctica clínica en anticoncepción, aunque sin desarrollar un plan de salud completo. Andalucía, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Euskadi, Extremadura, Illes Balears y Navarra no tienen programas en anticoncepción.

Otras ocho no aseguran la gratuidad

Ni el coste cero para la anticoncepción de urgencia ni la gratuidad para los métodos anticonceptivos de larga duración está garantizada en todas las regiones. Dos medidas clave que aseguran la gratuidad universal que recoge la reforma de la ley del aborto de 2023. Norma que especifica que "los métodos anticonceptivos de urgencia" deben ser dispensados en todos los centros de salud públicos sin distinción.

Según el informe, ni Murcia, ni Canarias, ni Castilla-La Mancha, ni Madrid, garantizan la gratuidad de la píldora de emergencia. Las tres primeras solo lo hacen en hospitales en casos de agresión sexual. Mientras, la Comunidad de Madrid solo la expide si eres una persona en situación de vulnerabilidad y su acceso se restringe a los centros municipales de salud comunitaria. 

Para métodos anticonceptivos de larga duración, como DIUs  o implantes, son cuatro las comunidades que establecen criterios específicos para que las mujeres puedan obtenerlos gratis. Estos requisitos van desde ser menor de 29 años hasta tener un sangrado abundante en la menstruación, dependiendo de la región. Estas son Andalucía, Illes Balears, Castilla y León, Catalunya, Madrid y Extremadura.

Un derecho que recae en la voluntad política

En el fondo de la cuestión en el acceso desigual a la anticoncepción está la inexistencia de un plan regulador estatal que marque la línea de acción básica para todas las comunidades autónomas. Actualmente, el derecho queda recogido en la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, reformada en 2023. "Pero, de momento, en el marco de la nueva ley, esta estrategia no existe. Es verdad que la reforma estuvo centrada en las cuestiones que tienen que ver con el aborto y los servicios de atención a la anticoncepción aparecen más inespecíficos", explica la portavoz de la Federación.

Bien es cierto que los intentos de las fuerzas conservadoras para limitar los derechos reproductivos de las mujeres han escogido como punta de lanza el aborto. Pero, mientras esto ocurre, el derecho a la anticoncepción continúa siendo profundamente dispar en el territorio nacional.

Así, cada región establece las medidas que considera necesarias en función a la voluntad de quien la gobierne. De hecho, el informe tacha de "freno" la desidia política de las instituciones y de "obstáculo" las transiciones políticas dadas tras cada proceso electoral.