La filial brasileña del grupo automovilístico alemán Volkswagen colaboró presuntamente de forma activa con la dictadura en Brasil en la persecución de opositores políticos, según informaron hoy el diario Süddeutsche Zeitung y las televisiones regionales NDR y SWR.

Según estos medios, desde hace casi dos años en la Fiscalía de Sao Paulo hay abierta una investigación sobre VW do Brasil para determinar la responsabilidad de la empresa en la violación de los derechos humanos durante la dictadura, que se extendió de 1964 a 1985.

Por su parte, la compañía encargó un dictamen al historiador Christopher Kopper, que confirmó la existencia de "una colaboración regular" entre el departamento de seguridad de la filial y la policía política del régimen.

"El departamento de seguridad actuó como si fuera un brazo de la policía política dentro de la planta de VW", señaló Kooper, investigador de la Universidad de Bielefeld. "Permitió las detenciones" y puede ser que al intercambiar información con la policía "contribuyera a ellas", añadió el historiador.

Según los medios citados, la filial brasileña espió a sus trabajadores y sus ideas políticas y los datos acabaron en "listas negras" en manos de la policía política; los afectados recuerdan cómo fueron torturados durante meses, tras haberse unido a grupos opositores o repartir octavillas en la empresa.

En 2015 el diario brasileño O Estado de Sao Paulo avanzó que el grupo alemán había comenzado a negociar con las autoridades de Brasil para buscar una forma de compensar al país por el apoyo que dio a la última dictadura

Según estableció una comisión gubernamental que investigó los crímenes de lesa humanidad cometidos por la dictadura brasileña, muchas empresas privadas, nacionales y extranjeras, dieron apoyo tanto financiero como operacional al régimen militar.

En el caso de Volkswagen, la comisión constató que unos galpones que la empresa tenía en una fábrica del cinturón industrial de Sao Paulo fueron cedidos a los militares, que los usaron como centros de detención y tortura.

Asimismo, la comisión sostuvo que encontró pruebas de que la empresa alemana donó al régimen militar unos 200 vehículos, que luego fueron usados por los servicios de represión.