SAO PAULO (BRASIL).- Todo tipo de bromas se utilizan para definir al Partido Democrático del Pueblo Brasileño (PMDB), la nueva sigla que gobierna el país tras la destitución temporal (el veredicto del juicio político no se conocerá hasta dentro de 180 días) de la presidenta Dilma Rousseff. Una de las que más circuló estos meses por internet comparaba al partido con el padre que pone a cada uno de sus hijos en una fila del supermercado para unirse al que llegue antes a la caja.

Desde 1994, tras la derrota del pemedebista Orestes Quércia, el PMDB no presenta ningún candidato a la presidencia. Mantienen sus feudos regionales, gobiernan en estados tan poderosos como Rio de Janeiro (el segundo mayor PIB de Brasil) y se alimenta de relaciones clientelares típicas del coronelismo brasileño (caudillismo) vivo hasta el día de hoy.

El PMDB es un partido definido como fisiológico, interesado en acumular cargos de poder para mantener sus redes de negocios a través de intercambio de favores. No tienen un programa ideológico definido. Tampoco les interesa. Funcionan como un partido bisagra que se acerca al que manda en cada momento. Han formado parte de los gobiernos de todos los presidentes desde la redemocratización del país, pero paradójicamente fue el Partido de los Trabajadores (PT) quien les dio mayor cabida.

En el Congreso se mueven como pez en el agua. Desde hace 15 años su número de sillas en la Cámara y en el Senado han ido en aumento, hasta que el pasado 2014 desbancaron al PT con una mayoría mucho más holgada que en otras ocasiones. La gobernabilidad dependía de ellos y por ello Lula y Dilma justifican sus alianzas, las mismas que hoy han hecho que Rousseff sea destituida, y que el PT esté más frágil que nunca, abandonado por una izquierda que no le perdona los socios con los que se juntó, ni las promesas que quedaron en el tintero.

Michel Temer es para muchos el alma del PMDB. Un tipo frío, sibilino, anodino, que apenas cambia el gesto y que no suele decir lo que piensa. Aseguran que ni siquiera es seguidor de algún equipo de fútbol, un hecho que en Brasil se entiende como algo poco menos que sospechoso. Al contrario que Dilma Rousseff, dicen que su mayor habilidad es la de escuchar y negociar con sus colegas. Por algo ha sido presidente del congreso en dos ocasiones, diputado federal hasta en seis legislaturas y presidente de su partido desde 2001.

A sus 76 años ha alcanzado la presidencia de la República a través de una de las acciones más polémicas desde la redemocratización del país: un juicio político a la presidenta Rousseff sin bases jurídicas claras para impugnarla. Quién sabe si su dominio de las leyes le ha ayudado en esta jugada, pero este abogado, especialista en derecho constitucional y que en sus ratos libros escribe poesía, apareció el pasado jueves en el Palacio de Gobierno de Brasilia con sus 23 ministros al lado y se presentó ante Brasil como el nuevo presidente.

Las oligarquías ocupan el mando

Hombres blancos, de mediana edad, ricos y extremamente conservadores son el nuevo equipo del Gobierno Temer. Un gabinete de ministros marcado por graves ausencias. Las redes sociales y los grandes medios del país las denunciaron rápidamente. Por primera vez desde la dictadura no hay una sola mujer que ocupe un cargo ministerial. A pesar de ser el 54% de la población del país, los negros tampoco tienen espacio en este Ejecutivo.

El recién estrenado equipo representa mejor que nadie los intereses de las élites, y al menos diez de ellos ya ocuparon carteras en los mandatos de Lula y Dilma. Entre los 23 ministros se encuentra el conocido rey de la Soja, Blairo Maggi (PMDB), el segundo político más rico de Brasil según la revista Forbes, con una fortuna declarada que asciende a 34 millones de euros. Maggi se encargará del ministerio de Agricultura, que probablemente se unirá (todavía está por confirmar) al de Desarrollo Agrario, destinado entre otras cosas a la reforma agraria. No hay esperanzas de que el nuevo ministro se preocupe por repartir tierra, ya que su especialidad siempre ha sido acumularla. Un total de 225.000 hectáreas (declaradas) con plantaciones de maíz, soja y algodón, forman parte de su fortuna. En 2005 recibió el premio de Greenpeace Motosierra de oro por ser uno de los campeones de deforestación de la selva amazónica, un tema que no le preocupa mucho: “Para mí no significa nada que la deforestación aumente un 40%. No tengo ninguna culpa por lo que estamos haciendo aquí”, dijo en la época.

Maggi no es el único dueño de tierras dentro del nuevo Ejecutivo, aunque sus haciendas no están siempre a nombre de ellos, sino al de alguno de sus familiares directos o de empresas. El periodista Alceu Castilho, autor del libro Partido da Terra (que analiza cómo los políticos brasileños se han adueñado de territorios para sus negocios), señala el ejemplo de Leonardo Picciani, nuevo ministro de Deportes, cuyas tierras están a nombre de la empresa Agrobilara, por la tanto no registradas en la Justicia Electoral. Sin embargo, las de su padre, el también político Jorge Picciani, suman un total 9.974 hectáreas, destinadas en su mayoría a la ganadería. Y es que en el nuevo gabinete las oligarquías familiares son importantes. Helder Barbalho (Integración Nacional), Fernando Coelho (Minas y Energía), Mendonça Filho (Educación), Sarney Filho (Medio Ambiente) o Henrique Eduardo Alves (Turismo) pertenecen a algunas de las familias más ricas del Nordeste del país. Estos clanes a su vez son dueños de diversos medios de comunicación regionales, al menos un tercio de los 23 ministros tienen televisiones y radios entre sus negocios, fenómeno conocido como “coronelismo electrónico”.

Una manifestante contra Temer en Sao Paulo. REUTERS/Nacho Doce

El conservadurismo es otra de las características del Ejecutivo interino. Michel Temer, que ha eliminado diez ministerios para recortar gastos (el de Cultura es el que ha causado más polémica), ha decidido resucitar una cartera que había sido eliminada por Rousseff, el Gabinete de Seguridad Institucional, que viene desde la dictadura, y que va a ocupar el militar Sérgio Etchegoyen, hijo de uno de los torturadores más conocidos del régimen militar, Léo Etchegoyen, y conocido detractor de la Comisión de la Verdad que se hizo durante el Gobierno Dilma. La cartera de Derechos Humanos (también comprendía Igualdad Racial y Mujer) ha desaparecido de un plumazo para fusionarse con Justicia, dirigida por Alexandre Moraes, otro de los ministros más polémicos del nuevo Gobierno. Moraes, que era Secretario de Seguridad en el estado de Sao Paulo, se hizo famoso por el recrudecimiento de la violencia policial durante su mandato, acusado de orquestar ataques indiscriminados contra estudiantes que hacían huelga en sus institutos. Nada más asumir el cargo aseguró que iba a ser “muy duro” con las manifestaciones que apoyaran a Dilma porque “estaban llenas de guerrilleros”. Moraes, además, tiene en su currículo haber sido abogado del PCC (Primer Comando de la Capital), la mayor mafia del narcotráfico de Sao Paulo, así como por haber defendido al expresidente de la Cámara, Edurado Cunha, reconocido corrupto.

Justamente en cuestión de corrupción, el equipo Temer anda sobrado. Al menos un tercio de sus ministros están siendo juzgados por diversos casos de desvío y lavado de dinero o fraude electoral, y tres de ellos están acusados por la operación Lava Jato, que investiga los desvíos millonarios de la estatal Petrobras. Al ser nombrados ministros han obtenido el foro privilegiado que les permite que les investigue el Tribunal Superior Federal (STF), que suele ser un tanto más lento que la justicia ordinaria, y también más politizado.

“Desconectado de la sociedad”

El nuevo ministro de Economía y Hacienda, Henrique Meirelles, niño bonito de los mercados financieros y expresidente del Banco Central en los dos gobiernos de Lula, no tardó en anunciar “drásticos recortes”. El ministro de Sanidad, Ricardo Barros, aseguró que “no habrá recursos” para la Farmacia Popular (que ofrece medicaciones gratuitas para las enfermedades más habituales) y alertó de que en el mes de agosto tampoco habrá dinero para pagar al Samur.

La periodista de El País Brasil Flávia Marreiro cuestionaba el discurso “pacificador” con el que se presentó el nuevo presidente: “¿Con quién exactamente Temer 'el conciliador' quiere hacer acuerdos?”. Marreiro se refería a la falta de diversidad del gabinete elegido, donde además de no haber mujeres tampoco se responde a las expectativas de la sociedad de luchar contra la corrupción, o de mejorar la calidad de la Sanidad y de la Educación, peticiones fundamentales durante las manifestaciones de junio de 2013 y que todavía se escuchaban en las concentraciones a favor y en contra de Dilma: “La elección de sus ministros choca con los deseos mínimamente consensuados por la sociedad brasileña. (…)Temer parece estar desconectado de Brasil 2016”, aseguraba la periodista en un reciente artículo.

Cabe preguntarse si Temer alguna vez estuvo conectado. Un político que apenas tiene el apoyo del 2% de la sociedad, que no ha ganado nunca unas elecciones directas y que lo que pesa en su currículo es su gran habilidad negociadora entre sus iguales. Las calles han empezado a reaccionar ante las primeras decisiones de su Ejecutivo y todavía hay parte de la población que quiere luchar para evitar que se mantenga en el poder hasta 2018. La gobernabilidad en el Congreso la tiene asegurada, pero dentro de la sociedad lo único que tiene garantizado es que las movilizaciones contra su gobierno ya se han puesto en marcha.