El sur centro de Los Ángeles es uno de los barrios con mayor presencia policial de esta ciudad californiana. También fue el epicentro de los violentos disturbios y la ola de protestas mortales que en la primavera de 1992 recorrió el condado angelino después de que cuatro policías (LAPD) fueran absueltos del linchamiento del afroamericano Rodney King el año anterior.

Lo relatan los residentes de la zona, que están acostumbrados a convivir con las patrullas en las calles y bajo la amenaza constante de un posible arresto. "Todos somos sospechosos", lamenta Obdulio Oliva, un inmigrante guatemalteco que se trasladó a Estados Unidos en 1989 y que decidió formar una familia con Olga Sola en este modesto vecindario. Aquí tuvieron cuatro hijos, a quienes criaron hasta que la pareja se separó definitivamente en el año 2000. Pero tendrían que pasar trece años más para que la vida de esta familia quedara "completamente destruida".

"Mis dos hijas estaban en casa conmigo cuando nos llamó la mamá y nos dijo que Carlos había muerto", explica Obdulio.

Carlos Oliva tenía 23 años cuando fue golpeado y abatido a tiros por la espalda por dos agentes del Departamento del Sheriff del condado de Los Ángeles (LASD). Ocurrió en una calle situada en el este de la ciudad, donde la mayoría de residentes son latinos, de clase obrera e inmigrantes.

Aquel fatídico día, el 10 de septiembre de 2013, ha quedado tatuado en la memoria de Obdulio como la "mayor tragedia" que le ha tocado vivir hasta la fecha. Y la muerte del afroamericano George Floyd el pasado 25 de mayo a manos de un policía en Mineápolis ha reabierto las heridas emocionales para él y para su familia, que año tras año, cuestionan por qué los agentes abrieron fuego contra Carlos.

A pesar de la pandemia y de la resaca social que las recientes protestas contra la brutalidad policial han dejado en la ciudad, Obdulio le abrió a Público las puertas de su casa hace unos días. El pequeño piso de este centroamericano está situado en la segunda planta de un viejo edificio donde se cuela el ruido de los coches, el ajetreo de la calle y la música de los vecinos. Sobre la mesa del comedor Obdulio revisa las conclusiones de la autopsia y del examen toxicológico. Este último revela que Carlos había consumido marihuana y alcohol la noche de su muerte. Mientras Obdulio examina las páginas de los informes, también denuncia que durante quince días a la familia se le negó acceso al cadáver.

"La razón que entiendo es que el muchacho estaba desfigurado de tantos golpes que le dieron. Le hicieron de todo en la morgue, lo maquillaron y no pudieron ocultar los daños físicos que tenía", explica el guatemalteco.

Según el relato de Anthony Forlano y Nicolás Castellanos –los dos agentes implicados en la muerte de Carlos–, el joven caminaba por una calle cuando éstos le pararon mientras buscaban a un sospechoso armado en la zona. Ante la presunta provocación del joven, se produjo un forcejeo físico entre los tres. Al percatarse de que Carlos iba armado y tras tratar de huir, los agentes abrieron fuego. Carlos recibió cuatro disparos por la espalda. El último fue mortal.

La familia Oliva, sin embargo, niega esta versión y descarta que Carlos tuviera una conducta agresiva o llevara una pistola. Apoyándose en el testimonio de un testigo presencial, la familia siempre ha sostenido que el joven regresaba a casa en patinete después de haber visitado a un amigo y que, en vez de un arma, llevaba dos teléfonos móviles en la mano. Obdulio aún conserva los dispositivos telefónicos y el patinete.

"Otra versión que dijeron el condado o la fiscalía es que la pistola –que no cargaba mi hijo– tenía residuos de ADN de Carlos en lo que es el gatillo. Eso es cosa falsa. Si no había huellas de él, ¿cómo podía haber sangre de mi hijo o ADN? Todo fue inventado para justificarse ellos", lamenta Obdulio. "(La fiscalía y el condado) Ni dejaron que los testigos testificaran a favor de nosotros".

Dispuestos a rebatir la versión de la fiscalía y a esclarecer la muerte de Carlos, en septiembre de 2014, Obdulio y Olga presentaron una querella civil contra el condado de Los Ángeles y Anthony Forlano, a quienes exigieron una indemnización de diez millones de dólares.

"La importancia particular del caso de Obdulio Oliva es que la muerte de Carlos fue el séptimo tiroteo en el que estaba implicado este agente (Forlano) y que no tuvo consecuencias para él", asegura a Público el activista Cliff Smith. "California y Los Ángeles se encuentran entre los líderes nacionales de violencia, brutalidad y abuso por parte de las fuerzas del orden".

El proceso legal para los Oliva culminó en 2015 con un acuerdo extrajudicial superior a dos millones de dólares. Pero para Obdulio, todavía devastado y con evidentes secuelas psicológicas, una indemnización económica está lejos de convertirse en justicia ante lo que él califica como una flagrante "violación de los derechos civiles" de su hijo.

"El señor Oliva es un ejemplo de un padre que continúa exigiendo justicia por su hijo…Nunca ha perdido la esperanza y su hijo estaría orgulloso de la lucha que ha realizado", asevera Ron Gochez, maestro y activista de la organización comunitaria Unión del Barrio, situada en Los Ángeles. "A uno de mis exalumnos lo mató el LAPD (la policía de Los Ángeles) hace como un mes", agrega.

Los defensores de los derechos civiles recuerdan que el caso de Carlos Oliva ilustra las enormes dificultades que atraviesan los familiares que tratan de acceder a la verdad, bien sea a los informes o a las investigaciones policiales de seres queridos que han muerto a manos de la policía o agentes del sheriff en distintas ciudades y condados de Estados Unidos. También constata la ardua batalla legal que deben encarar aquellos que optan por la vía judicial. "El abogado nos dijo que lo mejor era llegar a un acuerdo porque los gastos de abogado y el proceso era muy caro", reconoce Obdulio.

Sólo en lo que va de año, 576 personas han muerto en el país anglosajón a manos de las fuerzas del orden. Así lo revelan datos facilitados por la organización Mapping Police Violence, que advierte que los afroamericanos y latinos encabezan, de manera histórica, el número de fallecimientos. 

La organización también denuncia la impunidad policial entre los años 2013 y 2019, porque en el 99% de las muertes de civiles, no se presentaron cargos criminales contra ninguno de los agentes implicados. Pero además aclara que los índices de violencia de una ciudad ni aumentan ni disminuyen la probabilidad de que la policía mate a una persona. 

"Creo que es importante también hablar de cómo la muerte de un ser querido afecta a las familias más allá de la evidente tristeza. Hemos visto que a veces conduce a la depresión, a un posible abuso de drogas e incluso al suicidio", sentencia Gochez.