Es una sentencia tan histórica como previsible. De hecho, ha sido la primera de la historia retransmitida en directo. El Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) avala el mecanismo de condicionalidad que vincula el respeto del Estado de Derecho a la recepción del dinero europeo. Desestima así la demanda interpuesta por Hungría y Polonia, los hijos de la democracia iliberal europea. En otras palabras: los dos países se arriesgan a perder miles de millones de euros por su órdago contra los derechos humanos.

Budapest y Varsovia encajan así un duro varapalo, pero tenían pocas opciones de ganar. Varios expertos coinciden en que los de Orbán y Morawiecki sabían que sus posibilidades eran cuasi nulas, pero ya han conseguido algo: ganar tiempo.

El fallo no deja lugar a duda: "El respeto de dichos valores no puede reducirse a una obligación a la que esté sujeto un Estado candidato para adherirse a la Unión y de la que pueda eximirse después de su adhesión". Es decir, los valores y derechos fundamentales son la savia que vertebran la cohesión, coherencia y unidad del proyecto europeo. La libertad de movimiento o el Mercado Interior no pueden entenderse sin el respeto de los valores comunes. “Dentro de sus competencias, la Unión debe ser capaz de defender los valores comunes sobre los que está fundada, como el Estado de Derecho y la solidaridad", reza la sentencia.

La corte con sede en Luxemburgo estima que el mecanismo ha sido adoptado "sobre una base jurídica adecuada, es conforme con el procedimiento previsto en el artículo 7 TUE y respeta, en particular, los límites de las competencias atribuidas a la Unión y el principio de seguridad jurídica".

Pero, ¿qué ocurre ahora? Toda la presión se traslada ahora a la Comisión que lidera Ursula von der Leyen. Hasta ahora, la alemana ha evitado activar el mecanismo de condicionalidad a pesar de las presiones del Parlamento Europeo y de los países del norte. De hecho, von der Leyen no participa en el debate plenario sobre este histórico fallo, lo que ha desatado las críticas de buena parte de la cámara. Hasta la fecha, Bruselas se ha escudado en que no movería ficha hasta que la Justicia europea se pronunciase. Y acaba de hacerlo.

Por lo pronto, el Ejecutivo comunitario mantiene congelados los planes de recuperación nacionales de estos dos países, que desde hace años se encuentran bajo el Artículo 7. Este instrumento se conoce en la jerga comunitaria como el "botón nuclear" de los tratados porque en última instancia quita el sagrado derecho de voto y veto en el Consejo Europeo. Pero necesita unanimidad y los dos países se protegen entre ellos, por lo que se ha probado obsoleto en crisis como la actual.

Polonia y Hungría se enfrentan a perder miles de millones de euros si continúan con su ofensiva contra las minorías, la independencia judicial o la libertad de prensa. El plan de recuperación polaco cuenta con 36.000 millones de euros; y el húngaro con 7.200. Especialmente relevante es este fallo en la tierra de Víktor Orbán. El líder del Fidesz se enfrenta en dos meses a unas elecciones cruciales. Por primera vez una oposición unida puede disputarle el liderazgo del país. El enfant terrible de la política europea ya está subiendo el tono contra Bruselas en la campaña electoral y ha llegado a deslizar la idea de que podría abogar por sacar al país de la UE, un órdago, sin embargo, poco creíble, porque la mayoría de los ciudadanos están a favor del proyecto europeo y lo ven como beneficioso para su prosperidad socioeconómica.

¿Cuál es el argumento de los liberales?

Los dos países defienden que ya hay procedimientos en marcha, como el citado Artículo 7, y optarán ahora por llevar este debate con los 25 líderes nacionales amparándose en que este órdago va en contra de su soberanía identitaria, extrapola las competencias de la UE y rompe con el principio de igualdad europeo. De hecho, y sin sorpresas, el Gobierno húngaro ya se ha pronunciado calificando la sentencia como "motivada políticamente". "Es un ejemplo de cómo Bruselas abusa de su poder", ha señalado su portavoz Zoltan Kovacs.

Las implicaciones están por ver. Ya en el pasado el Tribunal Constitucional polaco declaró el 'polexit legal' declarando la soberanía de su Carta Magna sobre la Justicia europea. Está por ver si acatan el fallo. No obstante, el Ejecutivo polaco ha dado en las últimas semanas pasos atrás y rebajado el tono con Bruselas y su reforma judicial; algo que difícilmente se replicará en una Hungría en campaña electoral. Otra alternativa de represalia es que los dos países utilicen su derecho de veto en cuestiones importantes para el bloque comunitario como instrumento de presión y con el objetivo de debilitarlo.

La clave ahora es el calendario. Cuándo se activará la congelación de fondos. Los expertos no creen que las primeras sanciones lleguen antes de seis meses es decir, en ningún caso se materializará antes de las elecciones húngaras de abril. Una vez activado comienza el envío de cartas a los países afectados y el proceso concluirá con el escrutinio del Consejo, que debe aprobarlo por mayoría cualificada. . "La activación debería ser cuestión de días. El reglamento lleva aprobado 14 meses y las violaciones de Hungría y Polonia, años. Esperamos que la Comisión tenga los deberes hechos", advierte Eider Gardiazábal, eurodiputada socialista.

La mayoría de eurodiputados piden ahora determinación y voluntad política a una von der Leyen que hasta el momento no ha querido entrar en el cuerpo a cuerpo con los iliberales y ha mantenido un perfil bajo. "Ya no tiene excusa", han dicho muchos de ellos. Tras conocerse el fallo, la presidenta ha asegurado que en las próximas semanas adoptará las directrices que permitirán poner el mecanismo en marcha. Todo ello responde a años de Hungría y Polonia atacando valores y derechos fundamentales como la separación de poderes, la igualdad de género o del colectivo LGTBi o los ataques contra los medios de comunicación independientes o los paridos de la oposición. Los grandes detonantes han sido la reforma judicial en Polonia y la legislación que prohíbe hablar de homosexualidad en las aulas en Hungría.

Alemania también ha celebrado el fallo: "Las violaciones del Estado de Derecho no solo desgastan nuestra credibilidad sino nuestra cohesión", ha reaccionado el Gobierno que abandera el socialdemócrata Olaf Scholz, que está por ver cómo se posiciona con los socios del Este. La saliente Angela Merkel fue muy criticada por su tibieza y por no frenar a tiempo la deriva autoritaria, especialmente con Orbán, con quien compartió filas hasta su salida del Partido Popular Europeo.