El Ejército de Estados Unidos se desmarcó ayer de la estrategia militarista presidente Donald Trump, que ha desplazado a Washington vehículos y helicópteros militares y tropas en activo y ha amenazado a los gobernadores con invocar la Ley de Insurrección para movilizar al Ejército en los Estados del país.

En su escalada, el mandatario llegó a calificar el lunes a los gobernadores de "débiles" y en un discurso televisado a la nación se autoproclamó como "el presidente de la ley y el orden". Frente a esto, el Secretario de Defensa (el equivalente al ministro de esa materia), Mark Esper, se desmarcó con rotundidad de esta estrategia de Trump. "Digo esto no sólo como Secretario de Defensa sino también como exsoldado y exmiembro de la Guardia Nacional: la opción de utilizar fuerzas en activo para aplicar la ley sólo debe utilizarse como último recurso y sólo en las situaciones más urgentes y graves, y no estamos en una de esas situaciones ahora", afirmó.

Esper, veterano de guerra, defendió, en cambio, la decisión de los Estados de haber recurrido a la Guardia Nacional, un cuerpo de reservistas llamados por los gobernadores para reforzar sus fuerzas policiales en situaciones excepcionales. "Siempre he creído y sigo creyendo", sostuvo Esper, "que la Guardia Nacional es el cuerpo más adecuado para apoyar a las autoridades civiles en estas situaciones".

El medio de Washington Político reveló ayer cómo la estrategia de Trump estaba generando un crecimiento malestar en el Pentágono. "La decisión de utilizar fuerzas militares activas para el control de multitudes en Estados Unidos sólo debería tomarse como último recurso. Las unidades activas del Ejército están entrenadas para luchar contra los enemigos de nuestra nación, no contra sus compatriotas. Las ciudades americanas no son campos de batalla", aseguró a dicho medio el exsubsecretario adjunto de defensa del presidente Donald Trump, Mick Mulroy.

El Pentágono llegó a la dar sobre las 10.00 horas la orden de que unos 200 soldados volvieran a sus bases de origen, sin embargo, según la agencia AP, en torno a las 16.00 horas, Esper canceló la orden, según la agencia, debido a las tensiones internas en la Casa Blanca por el tipo de respuesta ante las protestas en la capital del país. Según AP, el secretario del Ejército, Ryan McCarthy, sostuvo que la retractación se había producido tras una reunión de Ester en la Casa Blanca y otras reuniones internas en el Pentágono.

El departamento militar informó la noche del martes que unos 1.600 soldados en activo habían sido trasladados a bases cercanas a Washington. En concreto, la administración Trump ha desplazado la 82ª división aerotransportada, un batallón de infantería y otro de policía militar de la base de Fort Bragg, en Carolina del Norte, otro batallón de policía militar de Fort Drum, en Nueva York.

Poco antes de las 20.00 horas, varias decenas de soldados fueron desplegados en las inmediaciones de la Casa Blanca. El ayuntamiento de Washington denunció en un tuit que "el gobierno continúa militarizando la ciudad debido a que Washington no es un Estado. La violencia no se resolverá con violencia. No somos el trastero de nadie, no somos el campo de batalla de nadie". Washington se encuentra en el Distrito de Columbia, que está bajo el paraguas del Gobierno federal.

Pero para ahondar más en la brecha abierta, el anterior Secretario de Defensa de Trump en 2017 y 2018, el general James Mattis, emitió un comunicado para cargar contra el presidente: "Es el primer presidente que he visto a lo largo de mi vida que no intenta unir al pueblo americano, ni siquiera finge intentarlo. Intenta dividirnos. Estamos siendo testigos de las consecuencias de tres años de este esfuerzo deliberado". Pero no lo dejó ahí Mattis, que añadió: "Podemos estar unidos sin él, aprovechando las fuerzas inherentes a nuestra sociedad civil. No será fácil, como se ha demostrado en los últimos días, pero se lo debemos a nuestros conciudadanos".

La capital del país volvió a ser presa de una enorme presencia de los diferentes cuerpos y fuerzas de seguridad, en otro día de protestas fundamentalmente pacíficas para el que la alcaldesa ordenó un toque de queda, esta vez a partir de las 23.00 horas. Otras ciudades del país, como Nueva York o Los Ángeles o todo el Estado de Minnesota volvieron a dictar una orden en ese sentido.

La Casa Blanca decidió, además, ampliar el perímetro de seguridad en torno al recinto. Si los primeros días se podía protestar en el mismo Parque de Lafayette (frente a la residencia presidencial) y en los últimos días ya en el límite exterior de parque, ayer el cordón policial fue llevado varios metros más lejos.

Trump no realizó ayer ninguna declaración pública, aunque sí se mantuvo activo por Twitter, donde descargó su ampulosidad expresiva: "Mi administración ha hecho más por la comunidad negra que ningún otro presidente anterior desde Abraham Lincoln", un mensaje que el mandatario decidió dejar fijado en su cuenta. La presidencia de Lincoln concluyó al ser éste asesinado en el Teatro Ford de Washington un 15 de abril de...1865. Por la mañana, la portavoz de prensa de la Casa Blanca llegó a comparar a Trump con Winston Churchill.

Obama reclama reformas en la policía

No sólo exresponsables o exmiembros de la Secretaría de Defensa hablaron ayer contra Trump. Los expresidentes Barack Obama y Jimmy Carter, como el martes hiciera George W. Bush, reaccionaron ayer ante actual situación, aunque sin mencionar al mandatario de forma explícita.

Obama, que no había hablado en público hasta ahora sobre la muerte de George Floyd, reclamó reformas en la policía: "Urjo a que cada alcalde de este país revise el uso de las fuerzas policiales con los miembros de su comunidad y que se hagan reformas". Su administración realizó reformas para dar más control y margen de acción al gobierno federal en caso de abusos policiales, pero la mayoría de dichas reformas han sido anuladas por Trump.

"En los últimos pocos meses", añadió, "el tipo de cambios y hechos que se han producido en nuestro país son tan profundos como nada que yo haya visto antes en mi vida", y en alusión a los familiares de Floyd, dijo: "Sabed que lloramos con vosotros y que estamos comprometidos en la lucha de crear una nación más justa".

"La mayoría de los estadounidenses cree que las protestas están justificadas. Eso no habría pasado hace 40 o 50 años. Se está produciendo un cambio de mentalidad. Este país", añadió, "está fundado sobre la protesta: la Revolución Americana".

En cuanto a Carter, condenó en un comunicado "la discriminación racial de la policía y el sistema judicial" así como "la inmoral disparidad económica entre negros y blancos", y criticó "las acciones del gobierno que minan nuestra democracia".

Detenidos los otros tres agentes implicados

El fiscal general de Minnesota, Keith Ellison, aumentó ayer a homicidio en segundo grado el cargo contra el agente Derek Chauvin y ordenó la detención de los otros tres agentes relacionados con el homicidio de Floyd. Según Ellison, Thomas Lane y J. A. Keung participaron en reducir y llevar al suelo a Floyd, mientras que Tou Thao presenció los hechos de cerca.

Tras la muerte de Floyd el lunes de la semana pasada, Chauvin sólo fue despedido al día siguiente (junto a sus tres compañeros) y hasta el viernes no se ordenó su detención. Más tarde, la fiscalía pidió para él los cargos de homicidio en tercer grado, es decir, involuntario, acusación que rectificó ayer. También se le ha impuesto una fianza de un millón de dólares.

Floyd fue detenido tras haber intentado pagar con un billete falso de 20 dólares en una tienda de alimentación llamada Cup Food. Fue un empleado del negocio el que llamó a la policía. Los agentes detuvieron a Floyd y Chauvin se encargó de mantenerlo en el suelo oprimiéndole el cuello con su rodilla. En menos de diez minutos, Floyd, de 46 años y dos metros, ya estaba muerto. Varias veces gritó: ¡¡¡No puedo respirar!!!, que se ha convertido en la consigna de las protestas desde entonces.

"Llamar a la policía no debería suponer la muerte"

Mahmoud Abumayyaleh, el propietario de la tienda aseguró ayer, en declaraciones a la CNN, que sus empleados no llamarán más a la policía a menos que la tienda esté sufriendo un ataque con violencia. "Hemos llegado a la conclusión de que es lo mejor. [El empleado que llamó] pensó que era necesario alertar a las autoridades y eso no debería haber llevado a la muerte y la tragedia de George Floyd", afirmó. "Una llamada a la policía no debería nunca equivaler a una sentencia de muerte", lamentó.

La violencia policial desatada por las protestas, especialmente en el episodio del lunes por la tarde en Washington (cuando la Casa Blanca ordenó atacar a la manifestación pacífica en el Parque de Lafayette una media hora antes del toque de queda para que Trump se hiciera una foto con una biblia en una iglesia cercana) fue condenada ayer por Naciones Unidas, que la calificó de "innecesaria y desproporcionada".

La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, aseguró en un comunicado que las "injusticias" que están en el corazón de las protestas a lo largo y ancho de Estados Unidos "deben ser escuchadas y atendidas". Bachelet se mostró preocupada por los "creíbles informes de innecesario y desproporcionado uso de la fuerza por los cuerpos y fuerzas del orden".

Los colectivos Libertad de Prensa y el Comité para Proteger a los Periodistas, hicieron balance ayer de las agresiones al derecho a la información en los días que llevamos de protestas. Ambas organizaciones han denunciado más de 233 violaciones, la gran mayoría de ellas cometidas por acciones policiales. Entre ellas, destacan al menos 41 detenciones de periodistas, 153 asaltos (de los que 125 han sido realizados por policías), 39 equipos dañados, 53 agresiones físicas (33 realizadas por la policía), 35 personas que han sufrido ataques por gases lacrimógenos, 21 por gas pimienta y 55 por pelotas de goma.