Dieron las siete en todos los relojes y no se movió nadie de los alrededores de la Casa Blanca. Cánticos y consignas gritadas al aire: "I can’t breath!", "Fuck Trump", "¡Black Live Matter!", "¡Manos arriba, no disparéis!". Sucedía lo mismo en las principales ciudades del país: Los Ángeles, Houston, Dallas, Nueva York, Chicago, Filadelfia… Las calles se abarrotaron más incluso que el día anterior y muchos de los manifestantes decidieron desafiar los toques de queda de manera mayoritariamente pacífica ante la violencia policial del lunes ordenada por Donald Trump en Washington y la amenaza militar por parte del presidente. En la capital del país apenas se realizaron este detenciones, frente a las más de 300 del lunes (la mayoría de ellas, por incumplir el toque de queda). 

Washington fue este martes un hervidero de efectivos de los cuerpos de seguridad. Agentes del FBI, la DEA (la policía antidroga), la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de fuego y Explosivos, el Departamento de Fronteras, el Departamento de Seguridad Nacional, la policía militar, la guardia nacional, la policía local… blindaban las zonas calientes donde se aglutinaban los manifestantes: la Casa Blanca, el Congreso o el monumento a Lincoln en el National Mall (donde Martin Luther King dio su famoso discurso "I have a dream").

La presencia militar fue incluso tan contundente como el lunes, con carros militares desplegados por la ciudad y con varios helicópteros militares vigilando desde el cielo, entre ellos otra vez un blackhawk. Con todo, la Guardia Nacional desplegada en el DC informó en un tuit poco antes de las 22.00 horas de que había abierto una investigación sobre el uso de helicópteros en la capital. "Nos dedicamos a asegurar la seguridad de los ciudadanos y su derecho a la protesta", explicó dicho cuerpo en el tuit.

Junto a esto, en una demostración más de músculo por parte de la Administración Trump, se produjo, según informó la agencia AP, la llegada a una base militar cercana a la capital de la 82ª división aerotransportada, conocida por haber participado en el Desembarco de Normandía y en guerras recientes de Estados Unidos. La llegada a Washington de esta división, que no fue desplegada en la ciudad, se encuadró en una misión oficial bautizada como Operación Themis, la diosa griega de la justicia, de la ley y el orden tan cacareados por Trump estos días pasados. El Pentágono informó de que habían sido desplazados hasta la capital hasta 1.600 militares en activo.

Trump incluso trató de hacerse con el control de la policía local de Washington, pero la alcaldesa del Distrito de Columbia, la demócrata Muriel Bowser, soportó las presiones y se negó a ello. Este rifirrafe sucedió, además, el día de las votaciones en la capital por las primarias demócratas, que tuvieron que celebrarse en una ciudad bajo un toque de queda.

Las urnas estuvieron abiertas hasta las 20.00 horas y el toque de queda empezaba a las 19.00 horas, por lo que Bowser aplicó una exención para quienes acreditaran, voto o certificado de votación en mano, que iban o venían de ejercer este derecho en el colegio electoral de su zona. Al filo de la medianoche, aún había personas haciendo cola a las puertas de dichos centros esperando a votar.

En cuanto al resto de Estados Unidos, los gobernadores desplegaron otro día más los efectivos de la guardia nacional (un cuerpo de militares en reserva llamados para ocasiones especiales) en 28 Estados, además de Washington. La oficina central de la Guardia Nacional aseguró este martes que seguían desplegados desde el lunes unos 65.000 de estos soldados en todo el país.

El último giro que ha llevado a la elevada presencia de las fuerzas y cuerpos de seguridad y a las cada vez más masivas manifestaciones llegó el lunes por la tarde en Washington, cuando Trump pasó de las palabras (incendiarias) a los hechos. Las fuerzas policiales que cercaban la Casa Blanca recibieron la orden de expulsar del Parque de Lafayette, que está enfrente, a cientos de manifestantes pacíficos media hora antes del fin del toque de queda. Para ello se usaron balas de goma y gases lacrimógenos.

Esta decisión ha provocado desde entonces una oleada de críticas no sólo provenientes del Partido Demócrata y de diversos sectores sociales, sino también desde el seno del Partido Republicano. La más destacada fue la que emitió este martes el expresidente George W. Bush. El exmandatario admitió en un comunicado que "sigue siendo un fracaso estremecedor que muchos afroamericanos sean acosados y amenazados en su propio país. El mayor desafío de los Estados Unidos", dijo, "ha sido durante mucho tiempo el de unir a personas de muy diferentes orígenes en una sola nación de justicia y oportunidades".

Después de esto, Bush señaló como "una fortaleza que los manifestantes, protegidos por una aplicación responsable de la ley, estén marchando por un futuro mejor", y sentenció, en clara referencia a Donald Trump, pero sin citarlo explícitamente: "Hay un camino mejor, el camino de la empatía, y el compromiso compartido, y la acción audaz, y una paz arraigada en la justicia". Es decir, paz y justicia frente "al presidente de la ley y el orden", como se autoproclamó Trump el lunes por la tarde en su discurso a la nación.

Más explícitamente reaccionaron varios senadores republicanos. Según informó The Hill, Lisa Murkowski, senadora por Alaska, sostuvo: "No creo que la militarización sea la respuesta a la ansiedad y el miedo que sentimos en este momento. No creo que el tono que viene del presidente esté ayudando", y sobre el uso de gases y de balas de goma, fue palmaria: "Esos no son los Estados Unidos que conozco".

Otro senador, Lindsey Graham, asiduo colaborador de Trump, opinó en el mismo sentido: "Necesitamos restaurar el orden, pero el uso de tropas militares en servicio activo en circunstancias como ésta es un hecho bastante raro". John Thune, de Dakota del Sur, afirmó que prefería que "estas cosas fueran gestionadas por las autoridades estatales y locales [puesto que uno] quiere reducir la escala de las cosas en lugar de aumentarla". Tim Scott, de Carolina del Sur, fue igual de claro cuando le preguntó el periodista: "Si me pregunta si yo hubiera usado gas lacrimógeno para liberar el espacio y que el presidente pudiera tener su foto, la respuesta es no".

El senador por Nebraska, Ben Sasse, fue quizás el más rotundo: "Hay un derecho fundamental y Constitucional a la protesta", señaló, "estoy contra el desalojo de una protesta pacífica para hacerse una foto y tratar la palabra de dios con un propósito político. Cada servidor público en Estados Unidos debería estar rebajando la temperatura". Y concluyó: "La injusticia policial es repugnante".

Con todo, los demócratas en el senado promovieron ayer una resolución para condenar a Trump por "ordenar a los oficiales federales el uso de gas y pelotas de goma contra quienes protestaban pacíficamente en la Plaza de Lafayette la noche del 1 de junio de 2020, violando así los derechos constitucionales de esos manifestantes pacíficos", propuesta cuya tramitación fue bloqueada por el líder republicano de la cámara, el senador Mitch McConnell (los republicanos tienen mayoría en el Senado).

Trump acude a una iglesia con  una Biblia en la mano

La operación policial de los gases y las pelotas de goma el lunes por la tarde, tuvo como objetivo hacer hueco frente a la Casa Blanca para que Trump pudiera ir a la iglesia de San Juan con una Biblia en la mano, un gesto que fue duramente criticado por la diócesis propietaria del templo (una rama estadounidense de la iglesia anglicana).

Pero Trump obvió las críticas y este martes volvió a las andadas: fue con Melania a visitar el templo católico San Juan Pablo II, gestionado, según The Guardian, no por la Iglesia Católica sino por la orden estadounidense de los Caballeros de Colón. Esta orden también cargó duramente por este gesto del presidente. El arzobispo Wilton Gregory, en un comunicado, aseguró encontrar "desconcertante y censurable que cualquier instalación católica sea tan atrozmente mal utilizada y manipulada de una manera que viola nuestros principios religiosos, que nos llaman a defender los derechos de todas las personas", y sobre el desalojo de la protesta para que Trump posara con una Biblia, señaló: "Ciertamente, San Juan Pablo II no habría aprobado el uso de gases lacrimógenos ni otros métodos para silenciar o intimidar a otros para lograr una foto frente a un lugar de oración y de paz".

La violencia policial no sólo ha afectado a los ciudadanos que se han manifestado estos días a lo largo y ancho de Estados Unidos. Los colectivos Libertad de Prensa y el Comité para Proteger a los Periodistas denunciaron este martes en un tuit que durante lo cobertura de las manifestaciones de los últimos días se han producido 211 violaciones de la libertad de prensa, y muchas de ellas fueron actos cometidos por las fuerzas del orden como 33 detenciones, 49 ataques físicos, 35 periodistas atacados con gases lacrimógenos, otros 21 atacados con gas pimienta y 50 episodios de heridas por pelotas de goma.

Ante este escenario, Joe Biden, que este martes estuvo en Filadelfia, criticó a Trump por su gestión de las protestas: "El presidente de Estados Unidos debe ser parte de la solución, no del problema. Este presidente es parte del problema y lo acelera".

Trump, lejos de aprovechar la ocasión para demostrar que Biden no tiene razón, fue a la carga: tachó a su oponente de "políticamente débil" y volvió a calificar a los manifestantes de "matones". "La debilidad", dijo, "nunca vencerá a los anarquistas, saqueadores o matones, y Joe ha sido políticamente débil toda su vida. ¡LEY Y ORDEN!", concluyó.

Pese a sus proclamas constantes, el medio progresista The Nation informó este martes de que el FBI no había encontrado indicios de que el movimiento Antifa, al que Trump amenazó hace unos días con calificar de grupo terrorista, tuviera relación alguna con los episodios violentos ocurridos el domingo, según muestran los documentos de la agencia federal a cuyo contenido tuvo acceso dicho medio.

Entretanto, el Estado de Minnesota, en cuya ciudad de Minneapolis murió el lunes de la semana pasada George Floyd asfixiado bajo la rodilla de un policía, anunció que había presentado cargos contra el Departamento de Policía de dicha ciudad por violación de los derechos civiles. El gobernador Tim Walz, demócrata, citó explícitamente al anunciar esta acción, el cargo de "actuaciones policiales ilegales basadas en la raza".

Aunque algunas ciudades informaron de altercados puntuales, especialmente en Nueva York, donde se produjeron al menos 40 detenciones, según la CNN, la tónica general de la intensa jornada de manifestaciones fue la ausencia de conflictividad. En Los Ángeles, el alcalde Eric Garcetti, incluso se sumó en un momento a las protestas y se arrodilló junto a los manifestantes. "Estoy orgulloso de todos los que se han expresado pacíficamente. Celebro el derecho a hacerlo", comentó, "y me alegro de que haya sido pacífico".