Las imágenes han estremecido incluso a un país como Brasil, acostumbrado a desayunar, almorzar y cenar violencia. Un adolescente de 17 años fue sorprendido en un supermercado de São Paulo intentando robar unas chocolatinas. Los vigilantes de seguridad le llevaron a una sala, le desnudaron y comenzaron a propinarle latigazos con unos cables eléctricos. Y hay algo todavía peor que la propia atrocidad: no es un hecho aislado en América Latina.

Detrás de cada detención, o al final de cada jornada en un centro penitenciario, son habituales las denuncias de tortura, blanqueadas por las instituciones e ignoradas por la población, cuando no festejadas. “Pensar que este tipo de violencia forma parte de la detención de personas está relacionado con nuestra propia cultura”, afirma para Público la investigadora Carolina Haber, de la Defensoría Pública de Río de Janeiro, que resalta la naturalización de los relatos de tortura: “Incluso el propio preso lo normaliza. La población no ve nada errado en que alguien pueda sufrir una agresión si ha cometido un delito”.

Fue precisamente esta Defensoría Pública de Río de Janeiro la que organizó en agosto un seminario que analizaba el primer año de funcionamiento de su protocolo de prevención y combate a la tortura. La Defensoría recopiló entre agosto de 2018 y mayo de este año, solo en el estado de Río, 931 denuncias de tortura.

Artilugios que hoy descansan en algunos museos fueron usados hasta no hace muchos por las dictaduras latinoamericanas. Carlos Minc, diputado estatal y exministro de medio ambiente, presente en el mencionado seminario, conoce bien algunos de estos métodos. En 1969, durante los primeros años de la dictadura militar brasileña, fue detenido y torturado, amarrado de pies y manos y colgando de una barra durante horas –la conocida percha del loro, o pau de arara–. “La tortura es banalizada y aceptada por las autoridades”, reclamaba en el evento, mientras criticaba a una policía que “necesita usar estos métodos porque el trabajo de investigación es nulo”.

La metodología actual, al menos en cerca de la mitad de los casos, van por otro camino. El 43% de las denuncias de tortura documentadas en el estado de Río de Janeiro durante el periodo analizado no habían dejado ninguna marca, ningún rastro físico. Una bolsa de plástico cubriendo la cabeza puede agotar el oxígeno en muy pocos segundos; un revolver apoyado en la sien puede provocar un brote psicótico, y las amenazas de muerte a familiares pueden llevar a la desesperación a cualquiera.

Para detectar con mayor facilidad los episodios de tortura, el Consejo Nacional de Justicia implementó en 2015 las audiencias de custodia en Brasil. De ese modo, los detenidos estarían declarando ante un juez en menos de 24 horas. El 78% de las denuncias de tortura contabilizadas en el estado de Río de Janeiro proceden de estas audiencias. Frente a ese escenario, los jueces podrían decretar la ilegalidad de la detención, pero en más del 80% de las ocasiones el trámite deriva en prisión provisional, ya sea tortura con marcas o sin marcas. Influye decisivamente el precedente conocido como “Súmula 70”, mediante el cual una condena puede basarse únicamente en la prueba oral de la declaración de un policía.

Ante semejante complicidad judicial, desde el Consejo Nacional de Justicia se llegó a la conclusión de que había que formar a los propios jueces. Para ello han lanzado el programa “Justicia Presente”, que tratará de fortalecer las audiencias de custodia y explicar el procedimiento a los magistrados de todo el país. En el seminario de la Defensoría Pública de Río participó uno de los jueces más activos y sensibilizados contra la tortura, Luiz Geraldo Lanfredi, que no dudó en calificar la política penitenciaria brasileña como “genocida”, lanzando una dura comparación: “Antes, se toleraban los cuerpos esclavizados. Ahora se tolera el sufrimiento. El sistema actual se asimila al esclavista”.

Familiar de un preso en una cárcel de Manaus denuncia maltrato en las instalaciones. MARCELO CAMARGO/ AGÊNCIA BRASIL. Sep´17.

Aumentan los casos de tortura también en Buenos Aires

Similar es la situación en otra de las grandes capitales latinoamericanas. Hace unas semanas fue lanzado en Buenos Aires el “Informe Anual 2018 del Registro Nacional de Casos de Tortura”, elaborado por la Procuración Penitenciaria de la Nación, la Comisión Provincial por la Memoria y el Grupo de Estudios sobre Sistema Penal y Derechos Humanos (GESPYDH), del Instituto de Investigaciones Gino Germani y la Facultad de Ciencias Sociales Universidad de Buenos Aires.

Los datos recopilados por los investigadores contabilizaron 2.428 casos de tortura en comisarias y cárceles de la provincia de Buenos Aires durante el año pasado, mil episodios más en comparación con 2017. La estructura de seguimiento y control lejos de los grandes núcleos urbanos tiende a ser menor, inevitablemente: las estadísticas a nivel nacional se elevan en Argentina por encima de los 6.000 casos.

Las agresiones documentadas en el informe identifican otra de las situaciones más recurrentes para el acto de la tortura –además de las operaciones de detención y las cárceles–: el momento del traslado de los detenidos. Una vez dentro del sistema penitenciario, sigue siendo habitual el uso del aislamiento como forma de castigo.

Sesiones del comité contra la tortura de la Comision interamericana de derechos humanos

En las sesiones del Comité Contra la Tortura de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se detallan periódicamente los pormenores del resto de países latinoamericanos. Basta analizar el “Informe de la CDHDF sobre los retos y pendientes en la Ciudad de México, en materia de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”, firmado en marzo de este año por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), para darse cuenta de que el patrón es el mismo en cada rincón de la región.

En los últimos cuatro años se han registrado 865 denuncias de torturas aplicadas exclusivamente por autoridades de la Ciudad de México, principalmente el personal de la Procuraduría General de Justicia, el personal de los centros de reclusión de la Secretaría de Gobierno y el personal policial de la Secretaría de Seguridad Pública. Destaca el documento el uso de “la tortura como método de investigación”. En el último año se ha contabilizado un aumento del 38%, incluyendo “casos de mujeres que, estando bajo custodia de agentes del Estado, fueron sometidas a actos de tortura sexual”.

La impunidad de los torturadores es notoria, y sobresale en todos y cada uno de los estudios que se manejen. En el ámbito mexicano, describe el informe que: “A pesar de que en algunos casos hay sanciones administrativas contra los policías responsables, no se garantizó el acceso a la justicia de las víctimas, ya que las autoridades incumplieron su deber de iniciar de oficio e inmediatamente una investigación penal efectiva y diligente que identificara, juzgara y sancionar a los responsables, y brindara una reparación integral”.