Toni Comín (Barcelona, 1971) afronta sus segundas elecciones al Parlamento Europeo como cabeza de lista de la candidatura de Junts - LliuresxEuropa, tras cinco años como eurodiputado y trabajando codo a codo con Carles Puigdemont en el exilio. En una entrevista a Público, Comín afirma que "los indultos no han sido una gran victoria política para el independentismo. La amnistía, sí".

¿Cómo valora estos cinco años como eurodiputado?

Hacemos una valoración muy buena. Nuestra llegada al Parlamento Europeo fue bastante épica. Hubo intentos de la Junta Electoral de dejarnos fuera de la lista, luego ganamos las elecciones y se nos intentó impedir ser eurodiputados. Nos lo ganamos a pulso y lo recordamos como una victoria, además de avanzar en nuestra prioridad, que es la internacionalización de la causa catalana. Hay muchos hitos en este sentido: es inédito que una solicitud de levantamiento de inmunidad reciba el rechazo del 40% de la cámara.

Hemos hablado ante los principales líderes europeos en los debates del pleno y hemos sido contundentes, por ejemplo, en reivindicar la ley de amnistía y en denunciar el doble rasero. Hemos puesto sobre la mesa que la Comisión Europea se pasa el día señalando a Polonia y Hungría, pero que España tiene barra libre. Hemos hecho muchos contactos y relaciones. En la carpeta de la causa catalana, que es la principal, el balance es muy bueno.

También valoramos positivamente la agenda ordinaria. Destacamos la radicalidad democrática de abrir una oficina en Barcelona y de rendir cuentas para explicar exhaustivamente nuestro trabajo. Hemos hecho escuchar nuestra voz como catalanes en grandes debates relacionados con el cambio climático, la covid y las vacunas o la política internacional. Hacemos una valoración muy buena. 

Como usted explica, han sido cinco años en los que los tres eurodiputados de Junts han mantenido un tira y afloja con la justicia española y el Estado: el rechazo a ser reconocidos como eurodiputados, la solicitud de levantamiento de inmunidad y la lucha por mantenerla. ¿Ha sido clave el Parlamento Europeo en la estrategia de su partido?

Habríamos querido ahorrarnos todo esto. Ahora bien, una vez nos hemos encontrado con todas estas batallas legales, hemos intentado ponerlas al servicio de la causa catalana y sacar todo el rendimiento político posible. Todo esto es una prueba más de la represión, de la deriva autoritaria y la mala calidad democrática del Estado español. Nos dan pruebas que ayudan a nuestra pedagogía, que es que España no quiere admitir el derecho a la autodeterminación de Catalunya por falta de cultura democrática. Una carencia que también se demuestra cuando nos persiguen e intentan que no seamos eurodiputados. Cada una de estas luchas legales no es una cuestión personal, sino una batalla al servicio de una causa colectiva.

Ante esta "mala calidad democrática", ¿confía en la actuación del Parlamento Europeo en defensa de los derechos fundamentales?

Nosotros hemos confiado en los jueces europeos y no nos han fallado en Bélgica, Alemania o Italia. Hay un marco legal suficientemente robusto que ha servido para proteger nuestros derechos. Hemos obtenido muchísimas victorias en Luxemburgo. La última, hace pocas semanas, cuando el abogado general del TJUE dijo que lo que había hecho el señor Tajani [expresidente del Parlamento europeo] de no dejarnos entrar al Parlamento era ilegal y contrario al derecho europeo.

En cuanto a la esfera de las instituciones, somos más críticos. La Comisión tiene un trato desigual con España, Polonia y Hungría. Esto es una amenaza profunda al proyecto europeo. Si dejas que un estado vulnere derechos, al final lo acabarán haciendo todos.

Ponemos de ejemplo la investigación del caso de espionaje político en el Estado con el sistema Pegasus.

Las conclusiones de la Comisión de Investigación de Pegasus estaban bien. Había elementos que eran muy valientes y positivos, pero insuficientes. No hay todo lo que nos hubiera gustado en esas conclusiones. Pero, al final, la responsabilidad de regular y prohibir spywares como este será de los estados miembros. Es el Estado español quien debería prohibir Pegasus.

¿Cómo ha sido su trabajo de internacionalización, como dice, del conflicto catalán?

Esta tarea quiere hacer entender dos cosas a los actores políticos europeos, a los partidos y gobiernos y a los medios de comunicación. Por un lado, que España ha entrado en una deriva autoritaria. Aquí es cuando subrayamos que España es la excepción de Europa, el único país que tuvo un régimen fascista y no se le derrotó. Esto explica la mala calidad democrática de la cúpula judicial española cuando se trata de Catalunya. Ahora el señor Pedro Sánchez ha descubierto la "máquina del fango" y el lawfare. Lo que se está haciendo con su mujer es una broma comparado con lo que se ha hecho con el independentismo catalán.

El segundo gran mensaje que queremos enviar es la legitimidad del proceso de independencia y explicar que Catalunya tiene derecho a la autodeterminación y que se puede hacer un referéndum dentro del marco constitucional en base al artículo 92. Esta pedagogía la hemos hecho en público y en privado.

¿Qué reacciones han visto en el Parlamento Europeo en relación con su situación de exilio y persecución judicial?

El grado de rechazo a la persecución penal es muy alto. Hay mucha más comprensión. La solicitud de levantamiento de inmunidad es sintomática de esto. Un eurodiputado normal, independientemente de si es más de derechas o de izquierdas, si es demócrata, no entiende que en el siglo XXI haya un gobierno democrático en la cárcel o en el exilio por haber hecho un referéndum. Por mucho que algunos consideren que choca con la Constitución española.

¿Han visto este rechazo incluso en partidos que ideológicamente son muy diferentes del suyo?

Hemos encontrado mucha solidaridad en el punto de no aceptar que en Europa en el siglo XXI pase esto. En todo el espectro ideológico: The Left Group nos ayudó mucho; dentro del grupo socialista, los italianos fueron grandes aliados; los verdes mayoritariamente siempre condenan la represión; en Renew Europe Group también hay gente que nos apoya. En cuanto al grupo popular, en público no lo admiten tanto, pero en privado les cuesta entender todo esto. He tenido conversaciones con diputadas de ID [Identity and Democracy Group] o del partido NVA [Nieuw-Vlaamse Alliantie] que tampoco comparten la persecución que ha habido y rechazan el exilio como una consecuencia de un conflicto político. El perímetro de rechazo a la represión es amplio, el apoyo a la independencia ya no tanto.

¿Cómo se entiende en Europa la demanda independentista de Catalunya? ¿Y de un referéndum acordado?

No hay tanto apoyo porque España ha colocado muy bien el mensaje que dice que lo que hicimos en octubre de 2017 es inconstitucional. Nosotros estamos radicalmente en contra de este argumento, nos amparamos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Nuestro reto es demostrar la legalidad de nuestro objetivo político, su razón de ser y raíces históricas. España no hizo una auténtica transición, no tiene una cultura democrática sólida que le ha impedido integrar su plurinacionalidad. Nuestro referéndum es tan constitucional como el que se hizo en Escocia.

¿Cree que cuestiones como la guerra de Ucrania o la crisis energética han dificultado que Catalunya esté en el punto de mira de los partidos e instituciones europeas?

Hay menos preocupación por el conflicto catalán porque la represión se ha reducido. El PSOE ha sido muy pragmático. Los indultos transmiten de manera equívoca que el conflicto se ha acabado. Pero esto no es cierto. Lo que se ha acabado es la judicialización gracias a una ley de amnistía que le hemos arrancado al Partido Socialista. Es una gran victoria política para el conjunto de Catalunya y especialmente para Junts, pero el conflicto político sigue aunque sea menos virulento.

Eso sí, cuando comienza el mandato, la covid y la guerra de Ucrania toman un protagonismo que hace que muchos otros temas queden en segundo plano. Lo único que ha conseguido salvarse y que estaba originalmente en la agenda es el cambio climático.

El jueves se aprueba la ley de amnistía. ¿Confía en su aplicación? ¿Volverá al Principado de Catalunya después de que se aplique?

La idea es volver juntos con el presidente Puigdemont y el consejero Puig cuando se aplique, en algún momento del verano. No contemplo la posibilidad de que los jueces españoles se pongan a prevaricar y se nieguen a aplicar la ley de amnistía. Si lo hacen, serán objeto de sanción y algunos se quedarán sin sueldo y trabajo.

Pero parece que hay jueces que se están preparando para no aplicarla, como en el caso de Tsunami y las imputaciones por terrorismo. Incluso se ha difundido una guía judicial antiamnistía. ¿Qué se puede hacer desde Europa para garantizar que la ley se aplique a todos?

Se pueden hacer tres cosas. En primer lugar, la última palabra la tiene el Tribunal Constitucional (TC). La ley es muy clara: solo quedan fuera de la amnistía los casos de muerte o tortura intencionados y con resultados concretos. Todo el mundo sabe que Tsunami no tiene nada que ver con esto ni con el terrorismo. No hay debate jurídico. Ahora bien, si la Audiencia Nacional y el señor García-Castellón no hacen lo que deben, siempre se puede recurrir al TC porque se está vulnerando el principio de igualdad ante la ley.

En segundo lugar, esta guía es algo inimaginable en el resto de la UE. Se debería activar un procedimiento por infracción en la Comisión Europea contra el Estado español. Todos los jueces de España han recibido en su correo corporativo una invitación a prevaricar por parte de la plataforma digital del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Evidentemente, nosotros hemos escrito una carta para que actúen.

La tercera cosa es que se pueden llevar la sorpresa de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea no acepte las cuestiones prejudiciales a trámite porque no tienen ningún fundamento. Quizás harán perder tiempo, pero son estrategias destinadas al fracaso.

¿Qué significa sustituir a Puigdemont al frente de la lista de Junts?

Cuando el presidente Puigdemont anunció que se presentaría a las elecciones catalanas, tanto a él como a mí se nos hacía extrañísimo mirar al futuro. Hemos estado muchos años trabajando codo a codo en el Consell de la República y en el Parlamento Europeo. Además, insisto, a pesar de la dureza de la situación personal, hacemos un balance positivo de estos últimos años.

¿Cuáles son los principales objetivos que se plantea?

Hemos definido el programa electoral en tres ejes. El primero, seguir con la tarea de internacionalización. En segundo lugar, defender los intereses concretos de los ciudadanos de Catalunya en Europa: la oficialidad del catalán, el corredor del Mediterráneo, la agricultura y la pesca y las PYMES. El modelo agrícola catalán es especial, no tenemos grandes explotaciones y la PAC es una superburocracia pensada para los grandes terratenientes.

Y, en tercer lugar, queremos participar de manera desacomplejada, con visión de estado, en los debates sobre cambio climático, política internacional, sobre culminar la unión fiscal o sobre gobernanza económica. Tenemos las ideas muy claras y queremos hablar con la voz clara en estos debates europeos.

En relación con lo que decía antes de trabajar en equipo. ¿Le ha dolido la ruptura con Clara Ponsatí?

Nos ha sabido mal. Es doloroso tanto a nivel personal como político. Con ella he reflexionado sobre por qué ha sido tan crítica con la amnistía cuando no ha implicado ningún precio político. Lo más importante de esta ley, aparte de que permite la libertad de todos, es que se hace en el marco del acuerdo de Bruselas, que dice claramente que no renunciamos al 1 de octubre, a la declaración de independencia ni a la vía unilateral. La amnistía no implica en ningún caso una renuncia por nuestra parte, simplemente una rectificación por parte del Estado español. En cambio, ella volvió a Catalunya con la reforma de la sedición. Y nos pareció muy bien, la acompañamos y aplaudimos su retorno.

La reforma de la sedición sí que formaba parte de un acuerdo en el que ERC, en la mesa de diálogo de julio de 2023, firmó un papel donde decía que actuaría solo dentro de los límites de la Constitución y que renunciaba a la vía unilateral. Por lo tanto, en ese pacto sí que se paga un precio. Y Clara se benefició y volvió a Catalunya. En el acuerdo por la amnistía no se paga ese precio. Se lo he dicho a ella y lo digo en público, hay pactos con el PSOE que son victorias y hay que son rendiciones.

No creo que los indultos sean una gran victoria política para el independentismo. La amnistía, sí. Me resulta intelectualmente inconcebible la crítica que se hace desde algunos sectores, no solo Clara, sino más gente.

Con ERC ha habido tensión precisamente por esto en Catalunya. ¿Se ha mantenido este sentimiento en el Parlamento Europeo o han podido hacer un frente común independentista?

En algunos casos, como por ejemplo con Pegasus, hemos ido de la mano. Mantengo una excelente relación con Jordi Solé, hemos trabajado juntos todos estos años.

¿No se han trasladado los reproches?

En Europa actúas en el marco de las competencias del Parlamento Europeo. Poco o mucho, evidentemente el clima en Catalunya, en la política catalana, cuando hemos salido del Govern, impacta en las relaciones en Bruselas. Pero, quizás, aquí, las circunstancias facilitan la cooperación.

Los agricultores catalanes se sublevaron y una de las exigencias era que se frenasen los acuerdos con terceros países que la UE mantiene y que les perjudican. ¿Cuál es la posición de Junts en este sentido?

Hay dos posiciones extremas que no creo que tengan sentido, porque no ayudan al desarrollo ni del norte ni del sur global. Debemos hacer un sistema comercial que beneficie al conjunto de Europa. Las desigualdades son inasumibles y el comercio internacional está bien si sirve para reducirlas. El comercio es un instrumento, no una finalidad.

Por un lado están los partidarios de un libre comercio absoluto, sin ningún tipo de reglas. Nosotros no somos de estos. Pero tampoco de los que apuestan por un proteccionismo total, porque esto tampoco repercute en las economías. En el caso de la agricultura, nosotros somos inequívocos. Lo que pone en nuestro programa electoral son las cláusulas espejo. Cuando haces un acuerdo comercial, debes hacer que las exigencias a los agricultores de los dos países sean equivalentes: requisitos fitosanitarios, regulaciones ambientales, pesticidas...

En el ámbito industrial, por ejemplo, hemos acompañado mucho la introducción del Carbon Border Adjustment Mechanism, la tasa de carbono. Si contaminan, los productos de terceros países deberán pagar un arancel, porque significa que estos productores no están asumiendo los costes para ser más sostenibles. Esa es la filosofía. Podemos hacer un libre comercio siempre que los intereses de nuestros agricultores, pero también de las PYMES, queden debidamente protegidos.

Parece que la extrema derecha crecerá en el Parlamento Europeo y que la derecha se prepara para pactar con ella. ¿Le preocupa? ¿Cómo puede afectar esto a Europa?

Es un drama absoluto. Me explico: tenemos un Partido Popular europeo, que viene históricamente de la democracia cristiana, un espacio que se había enfrentado a los regímenes totalitarios y que había hecho cordones sanitarios a la extrema derecha. En cambio, tenemos un PP español que viene del Franquismo y que pacta con Vox. El problema es que el PP europeo se está españolizando. Ursula von der Leyen dijo que quizás pactaría con la señora Meloni.

Una referencia histórica: en los años 30, el drama comienza no solo porque los partidos fascistas empiezan a tener mayorías electorales, sino porque la democracia cristiana valoró la posibilidad de pactar con ellos. No debemos hacer comparaciones automáticas, la situación es diferente, pero hay que tener cuidado. Esta eventual alianza entre la extrema derecha y la derecha puede acabar con los consensos que se han hecho y amenazar el modelo social europeo.

Europa es un triángulo entre democracia, libre mercado y estado del bienestar. El libre mercado es necesario, pero, si lo dejas solo, creas unas desigualdades que son incompatibles con la democracia. El estado del bienestar conlleva la redistribución, los servicios públicos y los derechos sociales. Este es el gran aprendizaje de Europa en el siglo XX y que la extrema derecha pone en riesgo.