La Suprema Corte de la Justicia de la Nación (SCJN) de México ha declarado este martes inconstitucional la penalización de las mujer que abortan en la primera etapa del embarazo y ha reconocido el derecho a decidir. 

Se trata de un fallo histórico en el que, por unanimidad, los ministros del pleno de la  Suprema Corte de Justicia de la Nación han invalidado el artículo 196 del Código Penal del norteño estado de Coahuila. Este imponía de uno a tres años de cárcel "a la mujer que voluntariamente practique su aborto o a la persona que le hiciere abortar con el consentimiento". 

"No tiene cabida dentro de la doctrina jurisprudencial de este Tribunal Constitucional un escenario en el cual la mujer y las personas con capacidad de gestar no puedan plantearse el dilema de continuar o interrumpir su embarazo", argumentaba el proyecto del ministro Luis María Aguilar.

El ministro también ha señalado que se trata de un allo ha sido "histórico" porque es la primera vez que el Supremo de México "pone al centro de la discusión el derecho a decidir". 

"Pensar que penalizar el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo es una solución atenta contra el principio de mínima intervención penal", ha coincidido la ministra Yasmín Esquivel .

La ministra Margarita Ríos-Farjat, por su parte, ha declarado este martes que "el asidero del derecho penal para sancionar a quien interrumpe voluntariamente su embarazo no es aquí una potestad disponible para el legislador, pues están los derechos humanos en juego". 

Sólo en Coahuila

En México, la legislación referente al aborto es competencia local  y sólo estaba despenalizado en cuatro de los 32 estados del país: Ciudad de México, Oaxaca, Hidalgo y Veracruz. 

Pero ahora, debido a una impugnación que la ya extinta  Procuraduría General de la República (PGR) hizo contra el Código Penal de Coahuila en 2017, la SCJN ha declarado inconstitucional la criminalización de la mujer que aborta y la del personal sanitario que la asiste con consentimiento. 

La decisión del Supremo sólo invalida el código penal del estado en cuestión, Coahuila, pero sienta un precedente obligatorio para todos los tribunales del país, que deberán fallar a favor de las mujeres de otros estados. 

Con ello, mujeres y organizaciones que defienden los derechos reproductivos podrán aprovechar el precedente para combatir por la vía judicial la criminalización del aborto en otros códigos penales estatales. 

Además, el proyecto ha enunciado como una de sus implicaciones "la garantía de que las mujeres o personas gestantes que así lo decidan puedan interrumpir su embarazo en las instituciones de salud pública de forma accesible, gratuita, confidencial, segura, expedita y no discriminatoria". 

"El Estado no solo debe abstenerse de forma absoluta de penalizar el aborto, en donde se restrinja el derecho de las mujeres o gestantes a decidir sobre su propio cuerpo, sino que además debe garantizar condiciones mínimas para que ello sea posible", ha añadido la ministra Norma Piña.

El "derecho a decidir" no es "ilimitado"

A pesar del respaldo al proyecto y del concepto del "derecho a decidir", los ministros mostraron su desacuerdo en si el fallo debía definir el tiempo del embarazo. 

Algunos ministros han argumentado que el "derecho a decidir" no es "ilimitado", mientras que el presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar, ha lamentado que el proyecto se "quedara corto", pues debía invalidar todos los artículos que criminalizan el aborto bajo cualquier precepto. 

"Desde hace una década he sostenido en esta Suprema Corte que hay un derecho fundamental a la interrupción del embarazo", ha manifestado Zaldívar. 

La Suprema Corte ya había resuelto una controversia constitucional en 2008, cuando declaró constitucional la despenalización del aborto en la capital del país, el entonces Distrito Federal.