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Sueldo mínimo Ginebra instaura el salario mínimo más alto del mundo: 3.700 euros al mes

El nuevo salario mínimo fue aprobado el pasado domingo en un referéndum local, donde la iniciativa 23 francos es lo mínimo obtuvo el apoyo del 58,16 % de los votantes.

Imagen de una persona en un supermercado de Ginebra / EFE
Imagen de una persona en un supermercado de Ginebra / EFE

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En dos semanas entra en vigor en la ciudad de Ginebra, una de las más caras del mundo, un nuevo salario mínimo de 23 francos suizos por hora (unos 21 euros) que se convertirá en el más alto del mundo.

Considerando una media de 41 horas semanales entre los trabajadores ginebrinos, el nuevo salario supone unos 4.086 francos suizos o cerca de 3.700 euros al mes, muy por encima de los 2.180 euros (12,1 euros por hora) que perciben mensualmente los trabajadores del país con el segundo salario mínimo más alto del mundo, Australia.

El nuevo salario mínimo fue aprobado el pasado domingo en un referéndum local, donde la iniciativa 23 francos es lo mínimo obtuvo el apoyo del 58,16 % de los votantes, pese a que en 2011 habían dicho no a una propuesta similar.

Ginebra en realidad es el tercer cantón suizo (de 26) que aprueba esta cifra, ya en vigor en los de Jura y Neuchatel, también en la zona francoparlante del oeste del país, y que también se instaurará pronto en el cantón italoparlante del Tesino y se votará próximamente en Basilea.

Reticencias para implantarlo a nivel nacional 

El país, con una fuerte tradición federal, no tiene un salario mínimo nacional y de hecho en 2014 esta posibilidad fue rechazada en otro referéndum por los suizos, a los que se les consultó implantar un sueldo mínimo solo levemente inferior al ahora aprobado en Ginebra, de 21 francos por hora (20 euros).

El Gobierno Federal, formado desde hace décadas por una coalición de conservadores, socialistas, liberales y democristianos, se muestra contrario a la implantación de salarios mínimos, argumentando que la flexibilidad laboral es parte del éxito del buen funcionamiento económico del país.

El nuevo salario mínimo en Ginebra contrasta con los de la Unión Europea, donde incluso un país con alto coste de vida como Luxemburgo, lo fija en 2.141 euros mensuales.

El de Irlanda, Países Bajos, Bélgica, Alemania y Francia oscila entre los 1.706 euros del primero y los 1.539 del último, de acuerdo con los datos de Eurostat.

Del resto únicamente España sobrepasa los mil euros, con 1.108 (cifra similar a los 1.122 euros de Estados Unidos).

Italia, Chipre, Austria y los países nórdicos miembros de la UE (Finlandia, Suecia y Dinamarca) no tienen un salario mínimo a nivel nacional.

Los fronterizos, grandes beneficiados

El nuevo salario mínimo podría aumentar el creciente colectivo de trabajadores fronterizos, más de 180.000, que viven en zonas limítrofes de Suiza en Francia, Italia o Alemania, donde el coste de la vida es mucho menor, y cruzan a diario la frontera para ir a trabajar.

De ellos se calcula que unos 120.000 viven en Francia, cuyas zonas urbanas fronterizas podrían ser las más beneficiadas por la nueva subida del salario mínimo dada su proximidad con Ginebra

Pero no todos los que ahí viven se dirigen a la capital internacional de la diplomacia, ya que muchos tienen su empleo en la cercana Lausana (capital del cantón de Vaud), donde la medida no se aplicará.

Los partidos suizos de izquierda fueron los principales promotores del referéndum, con el argumento de que en una Ginebra donde alquilar un piso pequeño cuesta más de 2.000 euros mensuales o comer en un restaurante no baja de los 40 euros cualquier sueldo inferior al aprobado es un pasaporte a la precariedad.

Por el contrario, la derecha nacional acusa a la llegada de trabajadores fronterizos (cuyo número se ha duplicado desde principios de siglo) de causar un descenso de los salarios en Suiza, razón por la cual abogan por el fin de la libre circulación de personas entre el país centroeuropeo y la UE que le rodea.

El mismo 27 de septiembre se consultó, en este caso a nivel nacional, si los suizos querían poner término a esa libre circulación en vigor desde 2002.

Un 61,71 % se mostró en contra de esta iniciativa, presentada por la conservadora Unión Democrática del Centro (UDC).

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