Argentina vive desde la medianoche (03:00 GMT) de este jueves su segunda huelga general desde que comenzó el mandato del ultraderechista Javier Milei, el pasado 10 de diciembre.

Tras su alto poder de convocatoria en enero, cuando tuvo lugar la primera huelga general en el país desde mayo de 2019 −bajo el Gobierno del centroderechista Mauricio Macri (2015-2019)−, la Confederación General del Trabajo (CGT), la principal central obrera de Argentina, espera paralizar el país en contra de las reformas estructurales que busca implementar el Ejecutivo. 

En esta ocasión, y a diferencia de lo ocurrido en enero, la principal novedad es la paralización del transporte público −tanto autobuses como subterráneo (metro) y trenes−, que a comienzos de año solo se detuvo a partir de las 19:00 horas (22:00 GMT), cuando se desconcentró la gran movilización frente al Congreso.

Además de los trabajadores estatales y de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), se sumaron la Asociación Bancaria, que reúne a los empleados de las entidades financieras; la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA-T), que agrupa distintas actividades económicas; y los empleados de comercio bajo la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (Faecys). 

También pararán el transporte aerocomercial y de carga, la banca, el comercio (en su mayoría), la educación y la recolección de residuos, mientras que el sector sanitario prestará una atención mínima, priorizando cualquier emergencia.

Privatización de empresas públicas

Este es el segundo paro general convocado por la CGT desde que asumió el Gobierno de Milei, el pasado 10 de diciembre de 2023, tras el del 24 de enero. La principal central sindical argentina no convocó ninguno bajo el Gobierno de Alberto Fernández (2019-2023) y el último databa de mayo de 2019, bajo la gestión del centroderechista Mauricio Macri (2015-2019), quien vivió cinco huelgas globales.

Los sindicatos protestan contra el fuerte ajuste impuesto por las políticas de Milei y las reformas estructurales recogidas en la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, proyecto estrella del mandatario.

Entre las reformas incluidas en la ley, que ya obtuvo media sanción en Diputados, se encuentran la delegación de facultades legislativas al Ejecutivo, privatización de empresas, establecimiento de un régimen especial de inversiones y una reforma laboral, denominada "modernización".

Uno de los capítulos más preocupantes para los gremios son las posibles privatizaciones de empresas públicas, así como la extensión de los períodos de prueba que las empresas podrían imponer desde la aprobación del proyecto de ley y la modificación de las indemnizaciones por despido.

"Por supuesto hemos tenido una elección que hemos perdido y nuestra sociedad ha elegido, pero eso no le da un cheque en blanco al presidente, esto no es monarquía, tiene que respetar la República y los derechos de los trabajadores", explicó Pedro Lynn, secretario gremial de la Asociación de Trabajadores del Estado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Caba).

Se espera una jornada intensa de reclamos, aunque por ahora se desconoce si habrá algún corte de accesos a las grandes ciudades, como medida de fuerza. Pese a ello, el Gobierno anunció que pondrá en marcha el protocolo antipiquetes.

La canciller Diana Mondino ya aseguró en la primera huelga general que "no tiene justificación". Mondino y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, tildaron de "sindicalistas mafiosos" y "gerentes de la pobreza" a quienes protestaban en la calle.