No ha habido sorpresas en la votación del impeachment (acusación constitucional) contra el presidente chileno, Sebastián Piñera, que la oposición impulsó tras las revelaciones de los papeles de Pandora. El Senado rechazó la acusación por 24 votos a favor, 18 en contra y una abstención en el primer capítulo, que se refería a "haber infringido abiertamente la Constitución y las leyes"; y 22 a favor, 20 en contra y una abstención en la segunda parte, que apuntaba a "haber comprometido gravemente el honor de la nación". A pesar de que la oposición se cuadró en sus votos y que alcanzó la mayoría, la cifra no fue suficiente porque en el Senado se requerían dos tercios de los senadores en ejercicio, es decir, 29 votos. La oposición solo cuenta con 24.

"Hemos conversado con el presidente, él está muy tranquilo y valora la decisión que ha tomado el Senado", manifestó el ministro secretario general de la Presidencia, Juan José Ossa, tras la votación. Y agregó que los diputados que impulsaron la acusación constitucional "se dejaron llevar por afanes puramente electorales. Vimos a un Senado subyugado al ritmo que le puso la Cámara de Diputados por unos pocos votos". En la misma línea se expresó el abogado defensor de Piñera, Jorge Galvéz, al terminar la sesión: "Esperábamos que el Senado actuara auténticamente como un jurado, pero vimos senadores que, pese a escuchar argumentos irrefutables, tenían el voto previamente redactado".

El analista político y académico de la Universidad de Chile Ernesto Águila, considera que, si bien la votación en el Senado "libera" al mandatario de la acusación constitucional, "ha significado un precedente importante haber llegado a este punto del proceso de destitución y se considera de un alto valor simbólico la aprobación [la semana pasada] en la Cámara de Diputados". El analista de la Universidad de Talca Mauricio Morales, en cambio, considera que "la oposición entregó una victoria al gobierno", pero subraya que fue "una victoria pírrica" porque, aunque se salvó de la destitución, "Piñera es el primer presidente cuya acusación constitucional avanza hacia el Senado, la última instancia".

Al límite de la ley

Abogados constitucionalistas han expresado, ley en mano, las complicaciones de este impeachment porque la Constitución sólo autoriza a condenar a un presidente por actos de la administración actual, durante la misma y hasta seis meses después de transcurrido el fin del período de que se trate. En cambio, los hechos juzgados se refieren a presuntos actos y omisiones ocurridas en 2010, antes del mandato actual.

Como político y empresario, Piñera siempre se ha movido al límite de la ley: "Nunca ha querido poner una muralla entre negocios y políticas, siempre está entre zonas grises", dice Águila. Precisamente, este fue el argumento que expuso el senador Manuel José Ossandón, el único de derecha que se abstuvo en la votación: "Todos sabemos quién es él, cuáles son sus formas, dónde están sus límites y lo que ha hecho en su vida empresarial y política. Yo he dicho siempre que no comparto las maneras en que ha mezclado la política y los negocios, lo privado y lo público, porque creo que no ha sido capaz de poner límites", dijo. Y continuó: "Quizás la decisión que voy a tomar genere más de una crítica, pero estoy tranquilo porque sé que lo estoy haciendo en conciencia". Según Mauricio Morales, el voto de Ossandón no puede desvincularse del momento en que se produce la votación, a cinco días de la primera vuelta electoral de las elecciones presidenciales y parlamentarias. "Ossandón va a la reelección [del Senado] y [con su voto] se ha presentado ante sus electores como un opositor del gobierno de Piñera, tanto por una estrategia electoral como por sus propios planteamientos: su base es más de la derecha social que de la derecha económica que representa el presidente", dice el experto.

Las elecciones del domingo se celebrarán en un ambiente muy polarizado. El país se debate entre dos modelos antagónicos: la extrema derecha de José Antonio Kast, por un lado, y la izquierda de Gabriel Boric, por el otro. "Posiblemente, las cercanías de la elección presidencial también influyeron en el resultado de la acusación. Aunque tenía pocos efectos prácticos, simbólicamente, para la oposición era importante llegar lo más avanzado posible en este proceso", reflexiona Ávila. Sin embargo, para Morales, mezclar el impeachment con la campaña no era la mejor opción: "La oposición sigue pensando de manera incorrecta que el presidente es factor en estas elecciones, cuando es el personero menos relevante, tanto para la derecha como para la oposición".

Investigación en Fiscalía

La acusación fue aprobada la semana pasada en la Cámara Baja con los 78 votos de la oposición en una maratónica sesión de más de 22 horas. La jornada fue particular y se vivió como una especie de reality que la ciudadanía siguió con atención y que fue transmitido por todos los canales, emisoras y por redes sociales. El diputado socialista Jaime Naranjo habló durante casi 15 horas para esperar el voto clave de un parlamentario que estaba en cuarentena. Una situación muy distinta a la ocurrida este martes. La previsión de los resultados hizo perder el interés de la ciudadanía en la votación. Según la encuesta Pulso Ciudadano, que preguntó a más de 1.600 personas, el 64% de la población estaba "de acuerdo o muy de acuerdo" con la acusación constitucional al presidente.

Los papeles de Pandora vinculan al mandatario chileno con presuntas irregularidades por la venta de un proyecto minero en Islas Vírgenes Británicas en 2010. Su versión siempre ha insistido en que la venta de la minera Dominga es un hecho ya conocido e investigado en 2017. Sin embargo, la Fiscalía ha reabierto el caso y por primera vez un presidente chileno es investigado por su función pública. También, por primera vez en Chile, una acusación constitucional contra el presidente logra llegar hasta el juicio en el Senado.

Piñera pasará a la historia como el presidente que enfrentó dos impeachments: el primero, en 2019, por las violaciones a los derechos humanos que se produjeron en el contexto del estallido social, que se rechazó en la Cámara de Diputados. El segundo, dos años después, a solo cuatro meses de terminar su mandato.