Fuerte, con coraje y decisiva; “el símbolo de nuestra lucha”. Con estas palabras describen sus compañeras a Sandra Cabrera, exsecretaria general de la Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina (AMMAR) en Rosario, Argentina. El despacho de la sede de la Organización en Buenos Aires está lleno de imágenes suyas. La joven apareció asesinada el 27 de febrero de 2004, a sus 32 años, por una bala del calibre 32 que le dispararon en la nuca, entre las 3 y las 5 de la madrugada.

En los días anteriores había denunciado la implicación de la Policía en la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual, en los alrededores de la Terminal de Omnibús de la provincia. Su cuerpo apareció en una de las estaciones. Este domingo se cumplen 15 años de su asesinato y sus compañeras de activismo continúan denunciando la impunidad de su caso, que prescribió en 2010 sin ningún detenido.

“A Sandra la mataron por denunciar, por no callarse ante la injusticia. Y la mató la Policía”, insisten las componentes de AMMAR. El único imputado en la causa fue el oficial de la Brigada antinarcóticos de la Policía Federal, Diego Víctor Parvluczyk, por “homicidio planificado con alevosía”, pero fue puesto en libertad por sobreseimiento. “Este caso tapa una red profunda y siniestra de corrupción”, señalan las compañeras de Sandra en uno de los comunicados que han emitido desde su muerte.

Su casa estaba custodiada por la Policía tras las numerosas amenazas de muerte que había recibido hacia ella y a su hija de 8 años. “Decile a Sandra que a la piba la van a encontrar muerta antes de mañana”, sonaba al otro lado del teléfono de AMMAR el 9 de octubre de 2003. Tres meses después se retiraba la vigilancia en su casa por falta de operativos y, días después, entraban dos individuos al domicilio de Cabrera para darle un aviso: “Dejáte de joder”, según denunció ella misma a los medios de comunicación argentinos.

Varios policias del equipo de la Divisón de Moralidad Pública de la Policía de Rosario, denunciados por su presunta implicación en la explotación sexual de mujeres y niñas que Cabrera y otras dos activistas llevaron ante los Tribunales de Santa Fe días antes de su asesinato, fueron desplazados a otros departamentos.

“Juicio y castigo por el asesinato de Sandra”

En marzo de 2004 se crea una Comisión para investigar el asesinato de la activista argentina, pero se paraliza a los sesenta días, según denuncian las integrantes de AMMAR. “Exigimos juicio y castigo por el asesinato de Sandra”, reclaman.

Pero Sandra no es la única activista asesinada en Latinoamérica. Los nombres de Marielle Franco (Brasil), Berta Cáceres (Honduras), Leidy Correa (Colombia) o María Elena Moyano (Perú) también fueron amenazadas y asesinadas. Más de 200 activistas por los Derechos Humanos fueron asesinados durante el año 2017 en América Latina, según un informe publicado en 2018 por la Plataforma Front Line Defenders. 

“Las mujeres, y más si además son activistas, estamos acostumbradas a vivir con miedo, y más en América Latina, donde se producen tantos femicidios”, reclama Cecilia Nicolini, politóloga por la Universidad de Harvard y activista feminista nacida en Argentina. Nicolini trabaja desde EEUU en un proyecto sobre cómo emplear la tecnología para acelerar la igualdad de género, principalmente a nivel profesional, y en el diseño de nuevas tecnologías con perspectiva de género, como en la robótica o la biogenética.

“Ser mujer y LGTBI en Brasil es un acto de resistencia”

La noche del 14 de marzo de 2018 era asesinada Marielle Franco, concejala ecologista y activista brasileña por los Derechos Humanos, tiroteada en su vehículo al salir de un acto político. Franco denunciaba principalmente la vulneración de los derechos humanos de las mujeres negras como ella y cuestionaba la violencia de la Policía en Río de Janeiro. “Ser mujer y LGTBI en Brasil es un acto de resistencia”, declaró ante los medios la pareja de Franco, Mónica Benicio, diez meses después de su asesinato. Hay dos detenidos de momento por su presunta implicación en el caso.

“El asesinato de Marielle, como el de muchas activistas, nos genera a las feministas angustia, rabia y mucha tristeza. Pero no nos puede generar miedo, porque éste paraliza y tenemos que seguir avanzando”, reivindica Nicolini.

La semana pasada salía a la luz la vinculación del hijo del actual presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, con la familia del principal sospechoso del asesinato de Marielle, el capitán de policía Adriano Magalhaes de la Nóbregal. Flavio Bolsonaro contrató a la madre y a la mujer de Magalhaes para trabajar en su despacho cuando era diputado en Río de Janeiro.

“Es muy desconcertante que poco después del asesinato de Marielle, haya asumido la Presidencia en su país una persona abiertamente machista, xenófoba y racista, que desprecia a las mujeres y a aquellas personas que luchan por la igualdad de oportunidades. Sólo los que no son verdaderos demócratas temen al feminismo”, incide la politóloga. “Pero todo esto nos une más, nos da más fuerzas para seguir luchando. Su muerte, la de Sandra y la de tantas activistas no puede ser en vano, por eso hay que seguir”, concluye.

Honduras, el país más peligroso para el activismo ambiental

Era el 2 de marzo de 2016 cuando asesinaron a tiros a Berta Cáceres, profesora y activista ambientalista hondureña, que luchaba en contra de la construcción de una presa hidroeléctrica en su país, considerado el más peligroso del mundo para el activismo ambiental. En su asesinato participaron trabajadores de la empresa, sicarios y miembros del Ejército, según informaron las autoridades. Dos años y medio después, en noviembre de 2018, siete de los ocho acusados han sido detenidos y podrían enfrentarse a 30 años de prisión.

Nueve días llevaba desaparecida Leidy Correa, también activista por el medio ambiente, cuando apareció asesinada cerca de su casa el 14 de septiembre de 2018. La joven colombiana, que ocupaba el cargo de secretaria de la Junta de Acción Comunal de una región de Medellín, presentaba golpes en la cabeza con un objeto.

María Elena Moyano, conocida como 'Madre coraje' en Perú, fue asesinada por el grupo terrorista Sendero Luminoso el 15 de febrero de 1992. La socióloga era líder del movimiento de mujeres de Villa El Salvador y luchaba contra el grupo terrorista desde su posición política. Murió en una explosión en una concentración en contra de un paro que había convocado Sendero.

Amenazas anónimas en redes sociales

Las amenazas contra las activistas feministas a través de usuarios anónimos en redes sociales cada vez son más frecuentes. En España, varias referentes del feminismo han denunciado su situación. La última ha sido Pamela Palenciano, autora del monólogo No sólo duelen los golpes, que lucha contra la violencia machista y este mes ha denunciado a través de su cuenta de Twitter, que recibe numerosos mensajes con amenazas e insultos, asegurando que odia a los hombres y que debe terminar muerta o en la cárcel.

Anna Prats es periodista y en estos últimos meses se ha convertido en uno de los focos de los anónimos que realizan amenazas a feministas a través de Twitter, tras publicar varios artículos sobre la prostitución y la trata desde una perspectiva abolicionista. “No paran de llegarme mensajes en los que describen cómo maltratan a las mujeres prostitutas o me amenazan de muerte”, denuncia a este medio. “Nos quieren con miedo a rebelarnos; cualquiera de nosotras podría ser Sandra Cabrera o la gran Marielle Franco, y esto es porque al patriarcado le asusta nuestra capacidad de convocatoria, que queda demostrada cada vez que llenamos las calles”, concluye la periodista.