Las relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos han estado influidas por mutuo interés, especialmente por parte de este último, al expresar en varias ocasiones su deseo de comprar la isla. Desde que la influencia española disminuyó, EEUU ganó ventaja y tomó una posición dominante política y económica en Cuba. No obstante, tras el cambio de Gobierno en Cuba en 1959, las relaciones se deterioraron sustancialmente, y desde entonces han estado marcadas por la tensión y confrontación.

A pesar de los esfuerzos por parte del expresidente estadounidense Barack Obama por reestablecer las relaciones con la isla liderada por Fidel Castro (de hecho, en 2014 anunciaron de forma simultánea que se restablecían las relaciones diplomáticas entre ambos), con la presidencia de Donald Trump todo cambió. Básicamente el enfoque del expresidente hacia Cuba se resume en: retroceso, presión y retórica. La llegada del actual presidente estadounidense Joe Biden no ha cambiado en exceso este prisma, pese a las promesas durante su campaña electoral de hacer regresar las relaciones entre los dos países. 

La ofensiva contra Cuba se ha recrudecido en las últimas horas con el gobierno de Joe Biden. La retórica amenazante de Donald Trump abrió paso a políticas de Estados Unidos más agresivas y sostenidas que aún hoy siguen a la vista. Algunas de estas medidas son: la exclusión de la isla en la próxima Cumbre de las Américas; el intento de expulsarla del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas y la inyección de cientos de miles de dólares para cambiar su sistema político y económico por agencias como la CIA, NED y USAID. Por otro lado, la persistente negativa a cumplir con las cuotas de visas ya acordadas para cubanos que deben ser tramitadas en Guyana. El apoyo de Washington a cualquier tipo de expresión artística disidente con fondos gubernamentales, algo curioso, ya que EEUU no tiene ministerio de Cultura, etc.

En definitiva, unas cuantas medidas de injerencias en esta época de 'guerra 2.0' a la que se añade una novedosa tesis sobre los problemas que afectan a la mayor de las Antillas. Hay ONG que operan desde Miami y dicen que existe un "bloqueo interno", pero del Estado cubano a su población y no de Washington a La Habana que, como se sabe, rige hace poco más de sesenta años.

La campaña de medidas simultáneas para rendir a Cuba por la fuerza –algo que se probó ineficaz durante 63 años de Revolución– continúa con prisa y sin pausa desde que llegó Biden a la Casa Blanca. En el campo diplomático, el subsecretario de Estado Brian Nichols confirmó el 2 de mayo que el gobierno de La Habana, pero además los de Venezuela y Nicaragua, no serán invitados a la IX Cumbre de las Américas programada entre el 8 Y 10 de junio próximo en Los Ángeles. El argumento que esgrimió es que "no respetan la carta democrática".

La respuesta de los países vecinos

Cuba replicó en voz de su canciller, Bruno Rodríguez Parrilla: "Sobre democracia poco podrá exhibir el gobierno de Estados Unidos en esa Cumbre incompleta". Las críticas a EEUU también llegaron desde países con mucho peso en la región. El presidente de México, Manuel López Obrador, le pidió a Biden que invitara a "todos los pueblos de América", aunque sin éxito.

Las sanciones unilaterales propuestas por organizaciones de la sociedad civil en primer lugar, y ejecutadas por el gobierno de Estados Unidos después, tampoco son originales. Al bloqueo que se extiende hace seis décadas, sistemáticamente rechazado por una abrumadora mayoría de países en votaciones de Naciones Unidas –con la excepción de EEUU y su socio, el estado de Israel–, se suma ahora la intención de expulsar a Cuba del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, lugar al que llegó junto a Rusia, China y Pakistán en 2020.

Este propósito se estuvo madurando y tomó impulso finalmente en julio de 2021. Una comitiva de las organizaciones Cuba Decide y el Centro para una Cuba Libre se reunió en Washington con Juan González, director de Asuntos del Hemisferio Occidental del Consejo Nacional de Seguridad. Los activistas que proponen desestabilizar a la isla desde Miami, John Suárez, Rosa María Payá y el cantante Jen Carlos Canela, fueron recibidos por el funcionario.

Le pidieron a González que "denuncie al gobierno cubano en los foros internacionales, que aplique sanciones a individuos y sus familiares en la isla, que inste a Europa y a los demás países a copiarlos, que planifique el acceso a Internet del pueblo cubano y que someta todas las opciones a discusión", entre otras iniciativas. El director del Consejo Nacional de Seguridad les recordó palabras del presidente Biden sobre las protestas del 2021 en la isla: "Son el resultado directo de un gobierno comunista fallido".

La ofensiva en acción

La maniobra para intentar la expulsión de Cuba consistió en el envío de una carta a un puñado de presidentes y foros internacionales. La firmaron –aducen sus organizadores– "más de 600 personalidades" que respaldan la medida. Pero no dieron a conocer sus nombres. La solicitud fue entregada en el despacho de Biden, los primeros ministros de Canadá, Justin Trudeau y de Suecia, Magdalena Andersson, y también se la hicieron llegar a la Alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.

Una fuente especializada en relaciones internacionales comentó con Página 12 que la intención de expulsar a Cuba del Consejo de DDHH "no va a prosperar. La única que puede adoptar una medida así es la Asamblea de Naciones Unidas y es prácticamente imposible que tome una decisión de esas características. Las únicas dos veces que pasó algo semejante fue con Libia y ahora con Rusia después de que la propia Asamblea sacase una resolución diciendo que había violado el principio de no uso de la fuerza invadiendo a otro país. No creo seriamente que ningún estado tome esa bandera sencillamente porque perdería. No hay ninguna probabilidad".

Confrontación de visiones: la postura de EEUU

Las ONG de la diáspora cubana son tantas como las que promueve y financia Estados Unidos para que operen como ariete contra Cuba. Sin ese respaldo, su incidencia sería relativa. El Foro Transatlántico por una Cuba Libre, liderado por John Suárez, sostiene sin disimulo que se debe "cambiar el actual sistema político y económico hacia la democracia y el estado de derecho". Su propósito ignora la votación que se ratifica todos los años en Naciones Unidas. En ese ámbito, Cuba impulsa resoluciones continuas contra el bloqueo unilateral de EEUU que repudia la comunidad internacional. La tesis del grupo que ahora pide la expulsión de La Habana del Consejo de DDHH, sostiene lo contrario.

Dice que "los cubanos huyen de Cuba por el bloqueo económico interno impuesto por el régimen de la Isla que impide el desarrollo individual y la autosuficiencia económica, ya que los militares controlan los medios de producción y la economía…". También responsabiliza al gobierno de Miguel Díaz Canel por el problema migratorio que Estados Unidos no resuelve pese a las medidas draconianas que toma: "el régimen en estos momentos está utilizando a los miles de cubanos que huyen de la isla a través de vuelos a Nicaragua y otros países de Centroamérica para crear una crisis y provocar un cambio en la política norteamericana hacia Cuba".

En la economía, los derechos Humanos, la migración y la cultura, EEUU apela a las más variadas estrategias para provocar en Cuba un cambio de gobierno. Eso que los estados independientes llaman injerencia. La carta magna con la que se rige el estado cubano dice en el artículo 4: "El sistema socialista que refrenda esta Constitución, es irrevocable. Los ciudadanos tienen el derecho de combatir por todos los medios, incluyendo la lucha armada, cuando no fuera posible otro recurso, contra cualquiera que intente derribar el orden político, social y económico establecido por esta Constitución".

Por si quedaran dudas, el artículo 16 sostiene: "La República de Cuba basa las relaciones internacionales en el ejercicio de su soberanía y los principios antiimperialistas e internacionalistas, en función de los intereses del pueblo y, en consecuencia: a) reafirma que las relaciones económicas, diplomáticas y políticas con cualquier otro Estado no podrán ser jamás negociadas bajo agresión, amenaza o coerción". Esto apenas es una parte de la Constitución actualizada y reformada por última vez el 10 de abril de 2019.