Alrededor de 139.000 millones de dólares se fugaron en septiembre pasado con una sincronización casi perfecta de fondos y carteras de inversión con criterios ESG (por las siglas en inglés de Environmental, Social and Governance), esto es, responsables con el medio ambiente, con la sociedad y de gobierno corporativo. Este movimiento revela una táctica premeditada y forjada a fuego desde la cúpula del Partido Republicano estadounidense (al que llaman Great Old Party, GOP), con el gran rival interno de Donald Trump en la próxima nominación presidencial republicana, Ron de Santis, como piedra angular de una estrategia que se ajusta como un guante al subconsciente colectivo de sus correligionarios: las inversiones medioambientales, socialmente responsables y de buen gobierno corporativo son un woke capitalism de la progresía.

De Santis fue el artífice de la retirada, en septiembre –dos meses antes de su flamante victoria para revalidar su cargo de gobernador de Florida en las elecciones midterm de noviembre–, de algo más de 2.000 millones de dólares del fondo de pensiones que Florida tiene acordado con BlackRock, la mayor firma mundial por volumen de carteras y por censo de clientes. De Santis arremetió contra el consejero delegado de BlackRock, Larry Fink, al que no dudó en calificar como el "apóstol de la hipocresía" vanguardista de los mercados que pretende acabar con el modelo capitalista y que pregona a los cuatro vientos unos portfolios verdes, mientras acude a los viejos valores fósiles del mercado.

El gobernador de Florida adujo que la retirada de los fondos de pensiones de sus conciudadanos respondía a las pérdidas de rentabilidad en un momento de máxima tensión energética en el mercado, con Europa y EEUU haciendo acopio en previsión de un largo y duro invierno con altas cotizaciones de gas y petróleo. De Santis obviaba, a conciencia, el salto registrado por los fondos ESG, que en 2020 alcanzaron los 35 billones de dólares, y consultoras como Bloomberg Intelligence auguran que, en 2025, las inversiones con criterios de sostenibilidad superarán los 50 billones de dólares, casi la mitad del PIB global. Incluso en el convulso año energético de 2022 las inversiones en proyectos oficiales y privados con sello renovable igualaron a los flujos de capital de fuentes fósiles, ambos, con 1,1 billones de dólares.

La carga retórica del conservadurismo contra el capitalismo sostenible tiene mucho que ver con las ayudas incluidas en la Inflation Reduction Act, el paquete de medidas de la Administración Biden que entró en vigor el 1 de enero, que distribuirá 4.300 millones para la aclimatación eléctrica de las calefacciones en los hogares estadounidenses, dará a familias hasta 2.000 dólares para iniciar esta transformación, y concederá desgravaciones del 30% por créditos dirigidos a la instalación de placas solares en viviendas residenciales. Pero, sobre todo, trata de amortiguar el Plan de Rescate Americano de 1,9 billones de dólares aprobado en marzo de 2021, que libera inversiones por valor de 300.000 millones para reducir el déficit crónico en materia energética del país y otros 369.000 para garantizar el suministro a través de redes de infraestructuras con fuentes renovables.

El término woke (despertar), iniciado en la jerga de la Generación Z, hace referencia al fenómeno con el que grandes corporaciones, consejeros delegados, políticos y milmillonarios financian causas asociadas a lo que los republicanos estadounidenses denominan progresía izquierdista. Como los movimientos Me Too, Black Lives Matter, el matrimonio homosexual o el activismo climático, y que los neoliberales y ultraconservadores han respondido tratando de restaurar dogmas como el de que la única responsabilidad de las empresas es dar beneficios y dividendos a sus accionistas, e impulsando un capitalismo extremo, sin cortapisas ni supervisión y, si es posible, con unos bajos o casi invisibles criterios regulatorios.

Ari Matusiak, consejero delegado de Rewiring America, una asociación sin ánimo de lucro que promueve planes de energía verde, cree que la política energética de Biden, con el "mayor desembolso inversor en este terreno en la historia del país", ha envalentonado a los republicanos de EEUU, sobre todo los más ultras, que saben que casi su única arma hasta las elecciones presidenciales será la de retrasar al máximo en los estados que controlan la adaptación de la norma federal.

Otro referente del pensamiento contemporáneo, el historiador económico británico y profesor de la Universidad de Columbia Adam Tooze, también cree que la acusación de woke capitalism desde las filas conservadoras a los fondos de inversión ESG responden a una "extraña agenda política que puede dañar de forma irreversible los negocios". En declaraciones a Foreign Policy, Tooze incide en esta tesis al recordar el reciente bloqueo de los republicanos en el Congreso de EEUU contra la norma del Departamento de Trabajo que permitía a los gestores incorporar los principios ESG a las carteras de jubilación ya en vigor, una iniciativa que había sido impulsada y aprobada en estados gobernados por el GOP para consternación de neoliberales e inversores de la vieja guardia fósil.

La guerra abierta desde las filas republicanas bajo la falsa premisa de que los grandes bancos de inversión y las gestoras de fondos están ganando los beneficios que han absorbido durante la crisis energética las petroleras y eléctricas han logrado hacer mella entre sus simpatizantes, que han organizado protestas en las sedes de estas firmas en Nueva York.

Mientras, al menos cuatro estados en manos del GOP han sacado 1.250 millones de dólares de los ahorros de sus contribuyentes que tenían bajo gestión de BlackRock. A su consejero delegado, Larry Fink, le consideran el culpable de que otras compañías asuman su tesis de invertir en criterios ESG para combatir el cambio climático y acelerar la transición energética. Gran parte de esas fugas han ido a parar a Bank of New York Mellon, y a gestoras como Federated Hermes o Xponance, según informa Business Insider.

Ari Matusiak cree que la cruzada republicana contra los criterios ESG es su respuesta al "mayor desembolso inversor de la historia del país en energías verdes" de la Administración Biden.

Injerencias políticas en las finanzas estatales

"Hay presiones e injerencias desde la esfera política en esta toma de decisiones", asegura Janet Cowell, directora ejecutiva de la organización sin ánimo de lucro Dix Park Conservancy, pero señala que van a toparse con la resistencia civil. La Asociación Nacional de los Tesoros Estatales (NAST, según sus siglas en inglés), un lobby de habilitados federales que operan en los estados de la Unión como altos funcionarios de sus áreas de Economía y Finanzas, no ha mostrado una versión oficial, aunque una investigación de The New York Times desvela que una parte sustancial de ellos se declaran contrarios a que se produzcan estas fugas masivas de dinero de los contribuyentes de los fondos de inversión con criterios ESG. "No es, bajo ningún concepto, un woke", explican, si bien su máximo responsable, Shaun Snyder, recuerda que la NAST es un organismo bipartidista que no entra en disputas ideológicas.

Tooze calcula que en la actualidad las inversiones ESG se han ralentizado hasta los 18 billones de dólares, montante que se aproxima al valor del PIB estadounidense, pero que la cruzada del republicanismo y de los ideólogos neoliberales del mercado se sustenta en el alto potencial que se espera en el futuro a medio plazo y que "será demasiado dramático" para sus intereses.

En su opinión, en este tacticismo también se encuentra un elemento de falta de moral capitalista (moral hazard) que se ha instalado en el sistema de libre mercado a pesar de que en sus orígenes la ética y las bolsas de capital estaban íntimamente relacionadas. Así lo reflejaban los libros de Adam Smith La Riqueza de las Naciones o La Mano Invisible, pero sobre todo en su Teoría de los Sentimientos Morales. Sin embargo, "en la actualidad, Max Weber diría que el capitalismo se ha arrojado a los brazos de una suerte de inspiración teológica" que recuerda al radicalismo post-tradicional como el que emergió en los setenta. Una especie de "activismo en el que el modelo modernista de los criterios ESG no puede tener cabida", como ya sucedió en los años noventa cuando los primeros movimientos de responsabilidad social corporativa fueron contrarrestados por grupos antiglobalización y que, con posterioridad, desde 2006, arremeten contra estos principios de inversión responsable proclamados por Naciones Unidas y que están en el sello de identidad de los fondos ESG.

Ahora, enfatiza Tooze, tratan de aprovecharse del posible epitafio a la globalización, el giro que, presumiblemente, se saldará con una fragmentación en bloques comerciales. Pero, al margen de cómo avance esta nueva guerra fría, capitaneada por EEUU y China, entre las diez mayores compañías contaminantes están las supermajors occidentales (desde Exxon, a BP o Shell, entre otras) sobre las que se han concentrado las protestas climáticas globales. Firmas estatales como la saudí Aramco, la rusa Gazprom, la nacional iraní del crudo, la india del carbón, y la mexicana Pemex, completan la nómina de grandes emisoras de CO2 y que, en su conjunto, son los responsables del 33% de los gases de efecto invernadero desde los ochenta.

La teoría de Tooze admite la alta diversificación de la industria financiera americana con grandes diferencias entre la costa del Pacífico y la del Atlántico, entre California y Nueva York. Si bien les une una parte del doctrinario republicano, ese recetario que vincula el liderazgo empresarial a las rebajas fiscales y los procesos de desregulación y que pretende alinear el éxito empresarial con su política económica. Y los criterios ESG "están dentro del campo demócrata". El académico Adam Tooze considera que "el capitalismo se ha arrojado a los brazos de una suerte de inspiración teológica" que recuerda al radicalismo de los setenta.