"Es obvio que los pacientes covid tienen derecho a votar. Es un derecho constitucional ejercer su voto". Ha corrido mucha agua desde que el ministro de Salud chileno, Enrique Paris, se posicionó sin tapujos a favor de la participación al plebiscito de las personas positivas por coronavirus. "Estamos diseñando una estrategia para que los pacientes covid se diferencien de los no covid al momento de ingresar al lugar de votación", añadió la autoridad. Fue hace justo un mes, el 4 de agosto, cuando el debate más intenso entre actores recién empezaba. La campaña electoral aún quedaba lejos y todavía faltaban más de dos meses para la celebración del plebiscito, la votación más importante del país en los últimos 30 años.

Si la pandemia lo permite, el 25 de octubre 14 millones de chilenos y chilenas serán llamados a participar en un referéndum que determinará el futuro de la actual Constitución, aprobada el 1980 bajo la dictadura de Augusto Pinochet. La ciudadanía decidirá no solo si quiere modificar su carta fundamental, sino también la fórmula para ello: una convención constitucional, formada por 155 asambleístas electos para escribir el nuevo texto; o bien una convención mixta, integrada también por parlamentarios en ejercicio. La primera opción incluye, además, un mecanismo para garantizar la paridad de género en proceso constituyente, un hecho inédito en el mundo.

El referéndum despierta una fuerte expectación en la ciudadanía. Para una mayoría es parte de un logro obtenido tras el estallido social de octubre. Según las últimas encuestas, casi un 80% estaría a favor del "Apruebo [una nueva Constitución]", mientras que solo un 10% se inclinaría por el "Rechazo". Ante ese consenso social, para el gobierno de Sebastián Piñera, nunca fue una buena opción utilizar la pandemia para suspender por segunda vez el referéndum (inicialmente tenía que celebrarse el 26 de abril). Hace meses que Chile observa los procesos electorales desarrollados en otros países el marco de la crisis sanitaria para tomar nota de cómo garantizar, a la vez, la participación y la seguridad. Poco a poco, se han ido definiendo algunas de las medidas que se tomarán ese día, pero el debate en torno al voto de las personas diagnosticadas con covid-19 ha sido uno de los principales escollos.

"Una neglicencia inexcusable"

Hace meses el Servicio Electoral (Servel), el organismo autónomo a cargo de supervisar los procesos electorales; el Congreso e incluso el Colegio Médico plantearon varias alternativas para asegurar el sufragio de las personas positivas. Se excluyeron medidas que consideraron "discriminatorias", pero presentaron propuestas como el voto por correo postal, a domicilio o delegado. Las dos primeras requerían reformas legales, por lo que el Ejecutivo consideró "inviable" legislar ad portas del plebiscito. Una vez descartada la fórmula adoptada en comicios como los del estado de Wisconsin, en Estados Unidos, o Corea del Sur; el gobierno se inclinó por la vía española adoptada para las elecciones vascas y gallegas: excluyó a las personas contagiadas de la votación.

"En el escenario actual, no van a poder votar", anunció a finales de agosto el presidente del Servel, Patricio Santamaría, tras un acuerdo con el Gobierno. Eso, pese a que un día antes había señalado que, si había voluntad para legislar en la materia, "había tiempo". Para salir del paso, argumentó que "esto ocurre en todas las elecciones, siempre. Las personas que están hospitalizadas, o que están en reposo absoluto, sin poder moverse, no pueden votar". Santamaría explicó que quienes hoy son covid positivo, no estarán enfermos para el plebiscito, por lo que "es impracticable e inviable" elaborar un padrón de las personas contiagiadas.

Sin embargo, la forma de cerrar la discusión y las declaraciones contrapuestas de unos y otros no han agradado. Un grupo de senadores de oposición ha anunciado un proyecto de ley para insistir en el sufragio por correo. También representantes de distintas agrupaciones que apoyan el "Apruebo" acusan falta de voluntad política y exigen que se garantice el voto de las personas contagiadas. "Hay una negligencia inexcusable de un gobierno que sigue torpedeando un proceso que ha sido un triunfo de un pueblo que se ha levantado", expresó la integrante del movimiento Unidad Social, Carolina Espinoza. Para los activistas, "no corresponde dejar afuera a trabajadores de sectores esenciales "que han continuado sus labores durante la pandemia para contribuir con el país".

El Ejecutivo, pero, no da señales de mover ficha. Optó por encasillar la demanda en una colisión de derechos –el sufragio versus "la salud y la vida"– y su última respuesta, ante la iniciativa parlamentaria, ha evidenciado pocas posibilidades de cambio: "Si no resulta bien [y se producen contagios], lo más seguro es que no se diga que los parlamentarios fueron los responsables, sino se va a buscar a otros responsables", espetó el ministro de Interior, Víctor Pérez.

Con más de 400.000 contagios y casi de 11.500 muertos, Chile es el país de Sudamérica con la mayor tasa de incidencia por 100.000 habitantes, pese a que hay zonas que llevan cinco meses sometidas a una cuarentena obligatoria.

Campaña virtual 

Con la campaña electoral en marcha desde el pasado 26 de agosto, la mayor parte de la propaganda política se sitúa, irremediablemente, en la virtualidad. Facebook ha incluido a Chile en la lista de países que tendrán que utilizar su herramienta de transparencia para publicidad política y electoral. Así, los usuarios conocerán quién pagó un anuncio de contenido político y cuánto costó. La multinacional también reforzará la detección de noticias falsas.

Las campañas electorales online llegaron para quedarse, en un ciclo especialmente intenso a nivel político. Además del referéndum de octubre, en el país habrá otras siete elecciones entre 2021 y 2022. El gobierno se ha comprometido a resolver el voto de las personas con coronavirus para las elecciones municipales del próximo abril, la primera cita después del plebiscito. Lo confirmó el ministro de Interior: "Tenemos un tiempo suficiente para que cuando se aplique no exista ninguna dificultad". En unos meses, la ciudadanía podrá comprovar si la sospecha de algunos de falta de voluntad política era real.