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La vuelta a la normalidad y la reactivación económica. La fuerte demanda gasística de Asia. La agenda climática marcada por la UE. Y, especialmente, la reducción del suministro de gas desde Rusia. Todos estos factores han desempeñado un papel fundamental en el encarecimiento de la factura de la luz, que suma semanas de récords históricos. España no es la excepción europea, pero sí es el país que ha sufrido una mayor subida del precio de la luz.
La anexión ilegal de la península de Crimea empujó a la Unión Europea a replantearse su modelo energético, altamente dependiente de Rusia. Ya en 2009, Europa se congeló al ver interrumpidos sus suministros de gas por los choques entre Kiev y Moscú. Pero es en 2014 cuando Bruselas comienza a tomar consciencia de que Vladimir Putin utiliza esta baza como un instrumento de chantaje político.
La crisis en el Este ucraniano desató también una crisis energética. Un tercio del gas que llega al bloque comunitario procede de Rusia. Como contrapartida, el gigante gasístico ruso Gazprom, controlado por el Estado, se embolsa unos 5.000 millones de euros al mes.
Buena parte del gas llega a los países europeos a través de Ucrania. Y Moscú mueve los hilos a su antojo abriendo y cerrando el grifo del gas en esta coyuntura bélica que dura ya seis años. Este verano, por ejemplo, ha reducido su suministro a Europa, y este es uno de los componentes claves que explican las tarifas eléctricas. La versión oficial apunta a problemas logísticos de algunas de sus plantas, pero muchos analistas coinciden en que se trata de una estrategia comercial orquestada en el Kremlin en un momento de gran demanda global.
Su posición geoestratégica coloca a Kiev en buen lugar para obtener apoyo europeo y equilibrar un poco más la asimétrica balanza en la guerra que le ha declarado Rusia. Pero este respaldo podría tener las horas contadas. Alemania ultima la construcción del polémico gasoducto NordStream 2, que conecta ambos países directamente por el mar Báltico. Ucrania dejaría así de ser un país clave de tránsito gasístico. Un escenario de vulnerabilidad que le privará de unos ingresos vitales que, además, se redirigirán al país de Putin. En paralelo, crecerá la dependencia energética de Europa con el Kremlin. El proyecto ha sido duramente criticado por Estados Unidos o por grupos ambientalistas. La propia Comisión Europea lo mira con recelo, pero alega que no tiene competencias para actuar porque se trata de un proyecto y una decisión nacionales.
Un equilibrio delicado
Mientras Rusia se ha erigido en los últimos años como uno de los principales exportadores de petróleo y gas del mundo, las reservas europeas de gas natural son mínimas. El país es también el principal suministrador de gas licuado a España.
La relación comercial de Bruselas y Moscú es simbiótica. Rusia recibe ingentes cantidades de dinero y Europa llena su vacío para poder abastecer sus necesidades. Pero esta situación deja al bloque comunitario en manos de un Putin en el que confía cada vez menos y a merced de que pueda cerrar el suministro de gas o de petróleo alterando los precios de todo el planeta. Uno de los grandes beneficiados de esta subida generalizada es, precisamente, Gazprom. La firma es la principal exportadora de gas del mundo. En la primera mitad de este año, la compañía ha multiplicado por 28 sus ganancias embolsándose más de 11.000 millones de euros.
Esta dependencia pone a Europa en una situación incómoda. Su relación con Putin no levanta cabeza desde la guerra de Crimea y los desencuentros han sido la tónica general de este último lustro. Las campañas de desinformación promovidas desde el Kremlin para desestabilizar y dividir a los socios comunitarios o los anhelos expansionistas de una Rusia cada vez más fuerte en el tablero global han dinamitado las relaciones con Bruselas. Sus ataques a los derechos humanos, como demostró el encarcelamiento y envenenamiento del opositor ruso Alexei Navalny, tampoco han ayudado. Pero Europa no puede romper del todo con su vecino más importante. Y uno de los motivos es precisamente su dependencia energética.
Qué dicen las cifras
El aumento del precio de la luz en España no da tregua. Septiembre arranca como concluyó agosto: anotando un récord histórico al traspasar la barrera de los 140 euros por megavatio hora en el mercado mayorista. Y, de momento, no se avista su final. Teresa Ribera, vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, ha reconocido recientemente que la factura se disparará este año un 25% con respecto a 2020, lo que para el bolsillo medio de los ciudadanos se traducirá en un aumento de 512 a 644 euros.
Esta tendencia se ha visto replicada también en el resto de la UE, aunque ningún país la ha acusado tanto como España. Antes de que comenzase a dispararse, el país ya era el quinto de la Unión Europea con el precio de la electricidad más alto. Según datos de la Oficina de Estadística de la UE (Eurostat), Alemania lideró en 2020 la tabla con un coste de 0,3006 euros por kilovatio hora. Le siguen Dinamarca, Bélgica e Irlanda. La más barata se registró en Bulgaria con un precio de 0,0982 euros. Mientras que en España se situó por encima de la media europea con 0,2298 euros por kWh.
Europa se pregunta si puede sobrevivir sin los más de 200.000 millones de metros cúbicos de gas que importa cada año desde Rusia. En 2018, el 40% del gas natural importado procedía solo de Rusia. Y en 2014, durante el inicio de la guerra en el Donbass ucraniano, el 71% del gas que salía del país iba a parar a Europa, según los datos que maneja la Comisión Europea.
Choque con Bruselas
Hace unas semanas, Ribera responsabilizó a la Comisión y a sus reglas en esta materia de la situación actual. La vicepresidenta española ha pedido oficialmente a través de una carta al Ejecutivo comunitario una remodelación del sistema energético europeo. Pero Bruselas no muestra demasiado interés porque considera que el marco vigente es el más "seguro" y "asequible".
Además, en una carta a la que ha tenido acceso Público y en respuesta a una pregunta parlamentaria planteada por la eurodiputada popular Dolors Montserrat, la Comisión Europea asegura que España tiene margen para aplicar mecanismos que puedan proteger a los colectivos y personas más vulnerables y en riesgo de sufrir la pobreza energética. "Los Estados miembros pueden aplicar algunas salvaguardias, como intervenciones públicas en la fijación de precios para el suministro de electricidad a los clientes domésticos en situación de pobreza energética o vulnerables, en determinadas condiciones, y conceder derechos a los clientes respecto a los contratos con precios dinámicos", reza la misiva.
Otros factores
La vida ha regresado a las calles europeas con la reapertura progresiva de bares, comercios o centros culturales. La buena marcha de la campaña de vacunación ha supuesto una inyección para el arranque de la recuperación europea. El aumento de la demanda en regiones como Europa o Asia ha ayudado también a esta alza en los precios, que está siendo particularmente punzante en España. La dicotomía de más demanda y menos oferta rusa deja clara la ecuación.
Todo ello llega, además, en medio de la oleada verde en Europa, que quiere convertirse en el primer continente neutralmente climático a mitad de siglo. Una de las vías para conseguirlo pasa por reducir la dependencia de los combustibles fósiles. Así, los países que quieran apostar por el gas natural –que emite CO2– en lugar de hacerlo por fuentes renovables tienen que pagar un impuesto asociado a la carbonización.
Geopolítica, cambio climático, pandemia o mercados internacionales juegan, cada uno en su medida, un papel relevante en estos precios de la luz disparados. La montaña rusa no es el único factor externo que ha encarecido nuestras facturas, pero sí uno de los más difíciles de resolver en el largo plazo.
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