La Policía brasileña registró este viernes la residencia y el despacho del gobernador de Brasilia, Ibaneis Rocha, apartado durante tres meses de sus funciones por su supuesta responsabilidad en los actos antidemocráticos del pasado 8 de enero.

En un comunicado, la Policía Federal informó de que junto a la Procuraduría General de la República cumple órdenes de registro e incautación en la residencia y en el lugar de trabajo del gobernador.

Los agentes también registraron la casa y antigua oficina del secretario interino de Seguridad Pública en el día de los ataques, Fernando de Souza Oliveira. La investigación está relacionada con los graves sucesos del 8 de enero, cuando miles de seguidores del expresidente Jair Bolsonaro invadieron y causaron destrozos en las sedes del Congreso, la Corte Suprema y el Palacio presidencial de Planalto.

Los bolsonaristas radicales llevaban más de dos meses acampados en las puertas de los cuarteles del Ejército pidiendo una intervención militar para derrocar al presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que se impuso en las elecciones con el 50,9% de los votos frente al 49,1% del ultraderechista Bolsonaro.

"Las medidas fueron autorizadas por La Corte Suprema, a partir de pedidos de la Procuraduría General de la República con el objetivo de buscar pruebas" en el marco de las investigaciones sobre "conductas de autoridades públicas", indicó la Policía. De acuerdo con la Policía, las autoridades investigadas "se habrían negado" a cumplir la obligación de impedir los actos violentos registrados en esa fecha en Brasilia.

La acción forma parte de las 16 órdenes de registro contra supuestos financiadores de los ataques, que fueron cumplidas este viernes en seis estados del país: Sao Paulo, Río de Janeiro, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso do Sul y el Distrito Federal de Brasilia. Por el asalto a los poderes ya fueron detenidas unas 1.800 personas, aunque una tercera parte fue liberada por "cuestiones humanitarias" y responderán a un eventual proceso judicial en libertad.

El viernes pasado, la Corte Suprema incluyó a Bolsonaro, quien actualmente se encuentra en Estados Unidos, en la lista de investigados por supuestamente incitar a sus seguidores más radicales a atacar las instituciones democráticas. El alto tribunal también ordenó la detención del exsecretario de Seguridad de Brasilia Anderson Torres, quien fue ministro de Justicia de Bolsonaro y está arrestado por su presunta "omisión" para detener a los golpistas del 8 de enero.