De los 1.459 detenidos por los actos golpistas del pasado 8 de enero, en los que una turba de seguidores del expresidente Jair Bolsonaro asaltó las sedes de los tres poderes en Brasilia, al menos 45 fueron candidatos a cargos públicos durante las elecciones celebradas en la última década, de acuerdo a un informe publicado por la prensa local.

La Corte Suprema de Brasil ha decretado la prisión preventiva indefinida a 140 de los detenidos, mientras que el exministro de Justicia Anderson Torres, apresado por su supuesta responsabilidad en el asalto de las hordas bolsonaristas, ha permanecido en silencio durante el primer interrogatorio al que le han sometido las autoridades este miércoles.

La lista de los excandidatos detenidos

El Partido Social Liberal (PSL) y el Partido Liberal (PL), siglas bajo las que se presentó Bolsonaro a las elecciones presidenciales de 2018 y 2022, son las formaciones que más albergaron las candidaturas de los detenidos por estos hechos violentos, de acuerdo a una recopilación del diario O Globo en base a la información de los detenidos divulgada por los servicios penitenciarios de Brasilia, cotejada con la del Tribunal Superior Electoral (TSE).

El PSL, que se fundió con Demócratas en 2022 para crear Unión Brasil, es la formación con el mayor número de antiguos candidatos, con seis participantes en los comicios de 2018 y 2022 para ser concejales e incluso diputados federales.

El PL, actual partido de Bolsonaro, le sigue con cuatro detenidos, empatando con Patriota. De esos 45 candidatos, seis se presentaron en las últimas elecciones, todos sin éxito y en algunos casos con cifras irrisorias que apenas superaban los 600 votos. El 2020 fue el año con mayor presencia de candidaturas entre los hoy detenidos, con 26.

Todos ellos coinciden en haber hecho campaña utilizando las redes sociales para repetir los ataques a las instituciones de Bolsonaro, en especial apuntando los dardos contra el juez del Tribunal Supremo, Alexandre de Moraes, una de las figuras destacadas de esta crisis política por sus fallos contra los asaltantes.

Una de las candidatas, Tatiane da Silva Marques, incluso publicó en sus redes sociales una serie de videos del momento en que los seguidores bolsonaristas fueron llevados a un gimnasio de la Policía Federal en Brasilia, en el día siguiente a la invasión de las tres sedes.

Prisión preventiva para 140 detenidos

Mientras la Justicia sigue avanzando, el magistrado Alexandre de Moraes, instructor del caso, ha determinado que 140 de los detenidos en el momento pasarán al régimen de prisión preventiva, una medida cautelar que no estipula un plazo para una sentencia, con el objetivo de "garantizar el orden público".

Los 140 implicados por su participación en "actos de terrorismo" y "destrucción de predios públicos" responderán en la cárcel por los delitos de "asociación criminal, abolición violenta del Estado democrático de derecho y golpe de Estado". También les fueron imputados cargos por "amenaza, persecución e incitación al crimen", según un comunicado del Supremo Tribunal Federal (STF). El próximo viernes se determinará la situación de las otras 1.259 personas que permanecen detenidas.

Otras 60 personas que estaban detenidas han obtenido la libertad provisional atendiendo medidas cautelares solicitadas por sus abogados, pero seguirán respondiendo ante la Justicia por las mismas acusaciones. Los beneficiados con la libertad provisional deberán, además, entregar sus pasaportes, presentarse semanalmente ante las autoridades, portar una tobillera electrónica para ser monitorizados y no podrán abandonar sus ciudades de domicilio.

El exministro de Bolsonaro se niega a declarar

En el marco de la investigación en su contra por la presunta connivencia y omisión de funciones durante el asalto de los seguidores de Bolsonaro, el exsecretario de Seguridad de Brasilia, Anderson Torres, se ha negado a declarar ante la Policía Federal. Anderson, que también fue el último ministro de Justicia del Gobierno de Bolsonaro, ha asegurado que no tenía declaraciones que ofrecer y poco más de una hora después ha concluido la audiencia realizada en las instalaciones de la Policía Militar en Guara, una de las regiones administrativas del Distrito Federal.

Torres, que permanece detenido desde el sábado pasado tras llegar a Brasil desde Estados Unidos, es investigado por los delitos de terrorismo, golpe de Estado y organización criminal por los actos ocurridos en la Explanada de los Ministerios, de los que ya negó cualquier tipo de implicación.

"Lamento profundamente que se emitan hipótesis absurdas de cualquier tipo de connivencia con las barbaridades a las que asistimos", ha tuiteado el funcionario agregando que se deben buscar soluciones "coherentes con la importancia de la democracia brasileña".

Desde su ingreso en prisión, Torres ha recibido tratamiento psicológico, según fuentes consultadas por la prensa brasileña, tras encontrarlo abatido en el suelo y sin comprender por qué fue arrestado. Por su cargo, Torres era el máximo responsable de garantizar la integridad de los edificios públicos que fueron invadidos por los seguidores del exmandatario de ultraderecha en Brasilia.

Además, la semana pasada la Policía Federal encontró en la casa de Torres un borrador de un decreto para desconocer el resultado de las elecciones que consagraron a Lula da Silva. El propio Torres admitió la existencia del documento que "iba a ser triturado oportunamente en el ministerio".